"Queremos a todos los involucrados en el escandalo de Derechos Humanos en la carcel"

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 6 de Octubre de 2011.-

Señor

Presidente

Cámara de Diputados

de Chile

PRESENTE

Señor Presidente:

Desde el año 1998, nuestra organización viene interpelando a la institucionalidad del estado chileno sobre las graves irregularidades contenidas en las leyes que se han promulgado en materia de Derechos Humanos: su inconstitucionalidad y la profunda violación al Derecho Internacional Humanitario, que obliga al país, han motivado nuestra acción.

Pero, donde la situación además de vulnerar la fe pública, se hace insostenible, es en los procedimientos de aplicación de estas normas legales, la violación del objetivo y la letra que estas normas contienen al introducir fines abyectos y absolutamente divorciados del concepto valorico que las inspiran, han creado un profundo rechazo y acentuado el conflicto que las originó.

En el caso de esa Corporación, han sido recurrentes los llamados formulados por nosotros para que esa institución cumpla con su rol constitucional y así haber evitado el escándalo que hoy remece a la sociedad que comprueba que nuestras reiteradas denuncias tienen una solida base de sustentación.

En estos años, los casos de: Retornados del Exilio Político, avalado por tres informes de comisiones investigadoras de la Cámara; el caso becas Valech, avalado también por informe de esa corporación; y el caso Exonerados Políticos, han sido repetidamente requeridos por nosotros, a esa Cámara, sin respuestas oportunas y eficientes que resuelvan lo oprobioso e indignante para el país y las víctimas reales.

En cada una de las instancias de investigación que esa Cámara ha acordado, hemos colaborado a través de nuestro testimonio y de estudios e informes de nuestra autoría, que en definitiva, al arribar a las conclusiones de la investigación, nos dan la razón. Solo en el tema de la Exoneración Política, nuestros esfuerzos porque se investigue han sido infructuosos, no obstante, existir acuerdo para ello desde Diciembre de 2008. En reiteradas oportunidades, por medio de correo electrónico y otros medios de comunicación, hemos exigido al actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el cumplimiento de este acuerdo de investigación, resultando inútil nuestro esfuerzo, hoy entendemos claramente el porqué de esta renuencia a investigar.

En Abril del año 2010, decidimos interpelar a la Corporación a través de su Presidenta, la Diputada Señora Adriana Sepúlveda O., en un documento donde claramente expresamos nuestra protesta por el abandono que la corporación ha hecho del rol constitucional que le cabe en el resguardo de la legalidad de los actos del Gobierno, lo que obviamente, presume una actitud de colusión con el resto de la institucionalidad del Estado. Esta interpelación, tuvo una respuesta de la Presidencia de la Cámara, la cual, con fecha Junio del 2010, mediante carta nos responde textualmente: “Consultada la Comisión de Derechos Humanos respecto de nuestros planteamientos, ha elaborado una minuta respecto de la aplicación de las leyes de reparación y de su actuación” y prosigue: “ Que si bien se han recibido denuncias por deficiente o incorrecta aplicación de tales normas, se ha estimado pertinente que las investigaciones administrativas y penales han sido suficientes, y en tal sentido innecesario dar curso a investigaciones de origen parlamentario”. Ante los hechos que el país hoy conoce y seguirá conociendo, sorprende la respuesta de la Presidencia, pues la verdad que hoy surge, demuestra que este escándalo era conocido por los parlamentarios desde hace mucho tiempo, que su gravedad había sido denunciada según algunos de estos parlamentarios hoy declaran, lo que sitúa a partir de la señalada respuesta, a la Cámara en un papel de cómplice en la comisión de estos delitos.

Ante la gravedad de estos hechos, y en uso de nuestros derechos constitucionales, exigimos arbitrar a través suyo, el máximo de sanciones que el ordenamiento institucional tiene previsto para las faltas a la ética y a la probidad que hayan cometido parlamentarios de esa corporación en la comisión de obstrucción al mandato constitucional de controlar la legalidad de los actos de los Gobiernos involucrados en los presuntos delitos que hoy conoce el país e investiga la justicia, que en definitiva, estas sanciones a los involucrados, los eximan del fuero que impide sean encausados como cualquier ciudadano común en las causas que se siguen y se iniciaran como resultado de las instancias judiciales, y administrativas que han aprobado esa corporación y el gobierno. Que sean sancionados con la correspondiente censura, los responsables de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, que flagrantemente violaron el acuerdo de investigación emanado de la sesión especial celebrada el 3 de Diciembre de 2008, a la cual, fuimos invitados en nuestra condición de denunciantes de estos y otros hechos, como lo establecen las actas de dicha sesión.

Saluda atentamente a usted.

Raúl José Celpa López

Presidente Nacional

Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex - Presos Políticos

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