miércoles, 30 de diciembre de 2009

¡¡Ultima Hora!!: AL FIN SE PAGA EL BONO




El próximo 5 de Enero, en la pagina del IPS se publicará la lista de
los primeros 5.200 beneficiarios a los cuales ilegalmente no se les
habia cancelado el beneficio, la cancelación eféctiva se comenzará a
partir del dia 14 de Enero, para el resto de los beneficiarios, se
definirá el financiamiento que ya está aprobado.

¡¡ESTE ES EL RESULTADO DEL TRABAJO Y EL ESPIRITU DE LUCHA DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN, CONTRA LA INMORALIDAD DE NUESTRAS AUTORIDADES!!

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y PRESOS POLITICOS

miércoles, 9 de diciembre de 2009

!!!ULTIMA HORA!!!!ULTIMA HORA !!!! ULTIMA HORA !!!!

Ultimas conversaciones entre el Presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos Compañero Raul Celpa y Autoridades de la Dirección del IPS.-


Estimado Raúl,

En relación a tu consulta, informo lo siguiente:

a) No existe problema legal alguno, solamente el trabajo necesario que debe
emprender IPS para dar cumplimiento a lo previsto por la ley.
b) La fecha de pago no puede ser 2009 pues los fondos involucrados
corresponden al presupuesto 2010.

Te pido que transmitas esta información, para evitar confusiones.

Un abrazo, JHK

Juan Harcha Kusanovic
Jefe de Gabinete IPS

lunes, 30 de noviembre de 2009

Compromiso Presidencial

COMPROMISO CON LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD

El estado Chileno durante veinte años ha eludido su compromiso con su pueblo y los pueblos del mundo, al desatender las obligaciones que emanan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la cual, Chile es signatario. Este patrimonio de la humanidad que compromete moral y éticamente a los estados, a través de tratados, convenciones,convenios y todo un conjunto de normas juridicas, en el caso chileno, ha sido violado por una seudo politica de Derechos Humanos, que solo ha tenido como objetivo usar este patrimonio de hombre como vil moneda de cambio para conseguir equilibrios de poder efimeros.

Con la firma del presente compromiso de gobierno, el candidato a la presidencia de la republica de Chile, Señor Marco Henriquez-Ominami Gumucio, compromete y obliga a su gobierno, en el caso de ser electo al cargo de representación que opta, a cumplir absolutamente con las obligaciones que el derecho internacional obliga a Chile en materia de DDHH., a suscribir todos los tratados que sobre este particular no ha suscrito el pais, ha reinvindicar a las legitimas victimas de violación de estos derechos y ha promulgar en el pais un conjunto de normas juridicas que creen todo un patrimonio de derechos civiles, económicos, culturales para el pueblo chileno.

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EX PRESOS Y EXONERADOS POLICOS DE CHILE.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Bono Compensatorio

Desde su promulgación la ley 20134, que crea el beneficio de un bono compensatorio, estuvo plagada de irregularidades e ilegalidades, estas fueron denunciadas por nuestra organización, recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, con la presentación de masivos recursos de protección; a la Contraloria, con recursos que lograron revertir graves ilegalidades del IPS; a la opinión pública con denuncias de prevaricación; a la Presidenta de todos los chilenos, la cual ignoró nuestra denuncia. Al fin, la fuerza de nuestra lucha y la coherencia de nuestros argumentos ha resuelto el problema. A partir del próximo 3 de Diciembre, se empieza a pagar el beneficio, ilegalmente negado a mas de 4000 exonerados politicos en un programa que privilegia la edad de las personas. Esto ha sido ademas, el producto de acuerdos con la nueva Directora del IPS con la cual, desde Agosto pasado buscamos una solución a este grave problema. Ahora, a resolver el problema fundamental, cual es reinvindicar a los legitimos exonerados y presos
políticos.

Raúl Celpa Presidente Nacional

jueves, 1 de octubre de 2009

Asamblea Mensual de la Comision Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Politicos






Hoy se realizo la Asamblea Mensual de losExonerados y Presos Políticos adheridos a la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos en la Sede Central de la CUT. asistieron compañeros de Regiones tanto del Norte y Sur del pais ademas se conto con la presencia de algunos Comites de Base de Comunas de Santiago.

Se conto con la Asistencia de Dos Invitados uno el Diputado y miembro del Comando Presidencial del Candidato Sr. Marcos Enriquez Ominami Sr. Esteban Valenzuela y el Ex Senador de la República Sr. Jorge Lavanderos.

El primero se refirió a la candidatura y las proposiciones que este candidato le hace a los
exonerados, presos políticos y al pueblo en
general, esta invitación esta hecha en el marco de
la participación de todas las candidaturas, solo respondiendo a estas, el Candidato Marcos Enriquez y el Candidato Sr. Jorge Arrate la Comisión Nacional Unitaria no se compromete con ninguna, solo entrega su tribuna para que los distintos candidatos presenten sus proyectos y visiones acerca de la Reparación a los Exonerados
y Presos Políticos y cual es la visión que estos
candidatos tienen acerca de la política de los Derechos Humanos.



El segundo se refirió a las políticas que se han aplicado por los distintos gobiernos de la Concertacion, acerca del principal producto de nuestro pais el Cobre, poniendo el enfasis en la responsabilidad del pueblo exonerado y presos políticos y destacando con ello , esta característica política de los exonerados, herederos importantes de la visión del Presidente Salvador Allende que tenia acerca del Cobre y las riquezas basicas de este país llamado Chile.-

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Importantes Acuerdos con la Nueva Directora del IPS

Importantes Acuerdos con la Nueva Directora del IPS
segun carta publicada mas abajo:
Señora
Directora Nacional
IPS
Presente

Señora Directora:

En nuestra reunión de fecha 6 del presente,concluimos con importantes
precisiones acerca de un numero de materias referidas al tema DDHH y
dentro de esto: exonerados politicos. El objeto del presente, es
puntualizar estas materias de acuerdo a lo siguiente:

-Ley 20134: Se reconoce el gran numero de beneficiarios a los cuales
no se les a cancelado el beneficio, debiendo entregarsenos un informe
sobre los motivos de esto y la nomina de estos beneficjarjos.Al mismo
tiempo,se solicitaran los recursos a la D. de Presupuestos para
resolver esta violación a la ley, de no proceder la entrega de estos
recursos. se solicitaran nuevamente al Parlamento, con fecha 30 de
Agosto próximo.

-Ley 19234: Con respecto a los recurrentes problemas en la aplicación
de esta ley,se reconoce por parte del IPS la existencia de estos, se
explica los mótivos de estos problemas y se expresa el compromiso de
respetar la ley y toda la jurisprudencia emanada de la Contraloria
General de la Republica y de la Corte Suprema de Justicia, que fijan
los Criterios de aplicación de esta norma legal. Se acuerda constituir
un comite de intermediación entre el IPS y nuestra organización con el
objeto de evaluar permanentemente la aplicación de estas normas. Con
respecto al tema del beneficio de subrogación, el cual se ha
constituido en uno de los principales motivos de fraude por parte ds
falsos exonerados politicos, hemos hecho ver nuestras apreenciones
sobre el particular, solicitando se vuelva al criterio original cual
era beneficiar a los legitimos exonerados politicos del periodo 1973,
que habian extraviado y por esto no canjeado sus periodos impositivos.
Sobre el resto de las materias, se estará a lo resuelto por
Contraloria, con respecto a nuestro recurso N° 50157 de fecha 1.06.09.
Saluda atentamente a usted.

Raúl CelpaL.
Presidente Nacional
Comision Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Politicos


Responder a: 11 de agosto de 2009 08:19
Para: Raul Celpa : raulcelpa@gmail.com


viernes, 4 de septiembre de 2009

Importante Informacion :

Sobre Nomina de Bono a Beneficiarios Ley Nº 20.134
en Calle Dieciocho Nº 45 oficina 301

Comision Nacional Unitaria de
Exonerados y Presos Politicos

viernes, 5 de junio de 2009

Señor Contralor General de la Republica

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 1 de Junio de 2009


Señor
Contralor General de la República
Presente

Señor Contralor:
En Diciembre último pasado, me reuní con usted en representación de la organización de la cual soy Presidente, me acompañaron en aquella oportunidad, la parlamentaria doña Karla Rubilar, en su calidad de Presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, y el parlamentario, don Marco Enriquez Ominami, además de don Humberto Brante, en representación del Partido Radical.

En la citada reunión, después de analizar la situación que afecta la aplicación de diferentes leyes sobre DDHH y concretamente la denuncia que formuláramos al país con fecha 25 de Noviembre pasado, usted señor Contralor nos solicitó la presentación formal ante esa institución de los requerimientos necesarios para someter a investigación los procesos de calificación y concesión de los beneficios reparatorios de las leyes sobre exoneración política, y las otras materias referidas al tema de DDHH.

A través del presente requerimiento, los informes y antecedentes que acompañamos, cumplimos con lo acordado en la reunión antes señalada, y formalmente solicitamos de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, se sometan a investigación, se aplique la normativa vigente y sea al mismo tiempo, aplicada la jurisprudencia dictada por la institucionalidad competente a las siguientes leyes:

A.- Proceso de calificación y proceso de asignación de los beneficios reparatorios de la ley 19234; 19350; 19582 y l9881.

B.- Se someta a investigación el proceso de aplicación de la ley 20134,sean auditados el total de los recursos presupuestarios asignados, y se defina la nómina de beneficiarios legales no considerados en el pago del beneficio.

C.- Se someta a investigación y auditoria la aplicación de la ley 19992, titulo III, artículos 11 al 14.

Para comprender lo sucedido con la aplicación de las normas legales que solicitamos sean sometidas a investigación, es necesario conocer los efectos que la llamada política de Derechos Humanos, promulgada por el Estado chileno desde 1990, ha provocado en instituciones permanentes como la justicia, la verdad y la reinserción social de las victimas en el periodo 73-90, en nuestro país.

En un informe que acompañamos, y que forma parte integral del presente requerimiento, demostramos el carácter de esta política, la cual, es una reacción que tiene el Estado y cuyo objetivo es eludir las obligaciones que le impone la Constitución chilena y los Tratados Internacionales, de ahí, la denominación de inmoral que esta política tiene por parte de importantes sectores de la sociedad. En este informe llamado: “Chile país que involuciona”, demostramos el alto grado de corrupción que ha motivado a los gobiernos a partir de 1990 en la aplicación de esta política. El caso de los retornados del exilio, un escándalo publico en su momento, cuya gravedad esta refrendada por dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. 

La situación de los ex presos políticos y torturados, agravada por la inconstitucionalidad de la ley 19992, y el manejo doloso que se hace del beneficio de educación superior, contemplado en esta ley, que pedimos investigar y que ha sido recurrentemente denunciado por nosotros, la periodista Maria O. Monckeberg en su libro sobre educación superior y el tratadista en materia de DDHH, Felipe Portales en su articulo “Extrema desinformación nacional” en el cual, asigna a este escándalo el carácter de noticia “sofocada” por el gobierno actual, además del completo reportaje que hace la revista “El Periodista” y que es acompañada en informe aquí referido. 

Debemos puntualizar, que los gobiernos ante estas denuncias no han formulado desmentidos de ninguna naturaleza. Con el mismo rasgo de sustentabilidad hemos abordado en este informe el tema de la exoneración política, y el tema del sistema de salud que constituyen una afrenta para las personas que dicen proteger.

Indudablemente sorprende, que dado el tiempo transcurrido desde la promulgación de estas leyes y la gravedad de los hechos denunciados que lesionan cultural e ideológicamente a un concepto que involucra hoy día a un patrimonio de la humanidad, como son los derechos humanos: la institucionalidad del Estado chileno no haya cumplido su rol y haya detenido y castigado estas irregularidades y en muchos casos delitos graves.

La Contraloría General de la República, no ha estado ausente en pasadas administraciones, de este abandono del mandato constitucional. En el caso de la exoneración política, ha dictado una importante jurisprudencia, que permite aplicar, interpretando correctamente la ley, desgraciadamente, ha permitido que esta sea desacatada, y distorsionada: permitiendo privilegios, discriminaciones e injusticias inaceptables como lo que a continuación señalamos:

A.I.- Proceso de calificación de exonerados políticos 

Con fecha 25 de Noviembre pasado, hicimos públicas las denuncias sobre lo que consideramos un escándalo de graves consecuencias para el país, las legitimas victimas y el patrimonio publico. Desde el año 2002 mediante la referencia 02160 nuestra organización en la Séptima Región, comienza a requerir a la Contraloría sobre la necesidad de investigar el abuso que se comete en el proceso de calificación, solicitud que posteriormente se extiende todo el país. La Contraloría elude su responsabilidad en esa oportunidad argumentando falta de competencia, derivada de las facultades especiales que la ley otorga al Presidente de la República, olvidando que precisamente la irregularidad o delito consiste en abusar arbitrariamente de estas facultades especiales que violan la ley y las disposiciones constitucionales, que obligan a la máxima autoridad del país a actuar siempre con apego al estado de derecho. 

A nuestro juicio, es el Presidente de la República, el responsable del abuso de estas facultades, arbitrariedad que produce una violación de la ley y que debe ser investigado por la Contraloría, en razón a su potestad y al mandato constitucional.

La denuncia antes referida, provoco impacto publico nacional e internacional, debido a su gravedad, a ella adhirieron públicamente, desde: José Zalaquet, experto y participe en el tema de DDHH; hasta: Ricardo Solari, ex Ministro del Trabajo y responsable de la aplicación de estas leyes por largo tiempo.

Los medios de comunicación hicieron su aporte, a través de reportajes de una destacable capacidad de investigación y denuncia, complementaron lo ya denunciado, destacando entre ellos, el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy M., el cual, acompañamos y forma parte integral de esta denuncia y requerimiento.

En este tiempo, hemos querido fundamentar responsablemente lo denunciado, para lo cual consultamos a todo el país sobre los testimonios recibidos durante años, hemos evaluado detenidamente la lista entregada por el Gobierno después de 15 años en que estos antecedentes estuvieron ocultos, hemos consultado y re estudiado con nuestro equipo asesor la normativa legal y la jurisprudencia sobre el tema y hemos concluido: en ratificar en todas sus partes nuestra denuncia, en cuanto a: que la aplicación de la ley sobre exoneración política constituye un escándalo de la mayor significación para el país, por las ilegalidades cometidas, el daño a las legitimas victimas, los delitos de cohecho, concesión de privilegios, discriminación, instrumentalización electoral, y violación sistemática del espíritu de esta normativa. 

Un estudio evaluativo de la información entregada por el Gobierno con fecha 3.12.08, sobre el proceso de calificación, demuestra metodológicamente lo aseverado en nuestra denuncia, en este estudio, se contextualiza a la exoneración política dentro de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, esencia ideológica del método de aniquilamiento que vivió el país en el periodo 73-90. El estudio demuestra como el procedimiento de calificación se contradice con los hechos históricos reales, prueba de ello es que solo: 39.145 de un total de 145.549 personas calificadas hasta Noviembre pasado, pertenecen al periodo de represión masiva y tienen de acuerdo a la ley certeza jurídica en su calificación, de modo que 106.404 personas, tuvieron que demostrar el carácter político de su exoneración, lo que desde el punto de vista de los hechos objetivos, es imposible.

Al confrontar nuevamente estos antecedentes entregados con parámetros de indiscutible seriedad como son el informe Rettig y el informe Valech, el resultado que entrega el estudio evaluativo demuestra nuevamente la ilegitimidad de este proceso calificatorio. Este informe que se acompaña y que forma parte integral del presente procedimiento, además entrega testimonios documentales que prueban el manejo ilegal de la información por parte de la autoridad y que obligadamente determina una amplia investigación de los expedientes particulares, lo cual arrojara como conclusión la real magnitud de la irregularidad.

A.II.- El proceso de asignación de los beneficios reparatorios de la ley 19234 y sus modificaciones

En el estudio evaluativo sobre la aplicación de estas leyes y que sustenta la presente denuncia, en su capitulo VII pagina 27, se describe el criterio jurídico marco que regula la aplicación de estas leyes, el cual, considera fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia de la Contraloría General de la República y resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual por el carácter de estas instituciones resultan inapelables. Además, este criterio marco coincide con el carácter y objetivo de estas leyes y lo también importante con la voluntad del legislador. Desgraciadamente, este marco jurídico no es cumplido precisamente por la institucionalidad que lo define, es así como aspectos sustanciales de esta jurisprudencia no se cumplen como lo señalado en lo que a continuación describimos:

1.- No se respeta el carácter de excepcionalidad jurídica de la norma, que lo diferencia absolutamente del régimen de seguridad social y lo circunscribe al régimen especial que concede beneficios por gracia (Corte Suprema, Suceso, Contraloría).

2.- No se respetan los patrimonios de derechos que tenia el actor al momento de ser exonerado y que permite cumplir el carácter reparador de la ley (Contraloría 037353/00; 001924/96)

Con respecto al carácter de excepcionalidad jurídica descrito mas arriba, resulta improcedente la aplicación del articulo cuarto de la ley 19260, puntualmente, conforme a la resolución 011903/01 de la Suceso, por lo cual, los derechos de la ley en análisis son imprescriptibles, dado que esta trata de beneficios por gracia que se otorgan para reparar daño causado. Además, con respecto a la prescripción,se debe cuando la ocasión así lo indique, ser aplicada la resolución 27738/96 de Contraloría.

El legislador también así lo establece, en el Diario de Sesiones del Senado, sesión 52 ordinaria de 18 de Mayo de 1993, en el cual, se declaran imprescriptibles los derechos de los exonerados políticos que emanen de esta ley.

Otro aspecto que entra en contradicción con el carácter ya definido de esta norma, es el relativo al gravamen del 7 %, correspondiente a salud, con el cual se grava a las pensiones no contributivas, asumiéndolas como pensiones de régimen, no obstante toda la normativa que contradice esto. El Estado de Chile, promulgo la ley 19980, que crea un sistema de salud especial en el área de salud publica, para los beneficiarios de estas leyes especiales y que pertenecen a la realidad de los DDHH, por lo que resulta injusto e ilegal y contradice la voluntad de la sociedad expresada en la ley, mantener este gravamen.

Con respecto a los patrimonios de derechos que tenia el beneficiario de la ley al momento de la exoneración, el referido criterio marco determina claramente que estos deben formar parte integral del proceso interpretativo de aplicación y así cumplir el objetivo de esta ley cual es, el de reparar un daño causado (037353/00; 001924/96 Contraloría)

Al efecto, la Contraloría ha dictado una extensa jurisprudencia que coincide con este propósito, desgraciadamente estas disposiciones no son cumplidas en los procesos de toma de razón, permitiendo el actuar irregular e ilegal del INP. Este procedimiento causa grave daño a las personas, discriminándolas con respecto a otras de igual naturaleza jurídica, privilegiando a unos sectores sobre otros de igual condición legal. Un antecedente de este grave procedimiento lo constituyen los ex parlamentarios y los ex miembros de las fuerzas armadas, en el cálculo de sus pensiones y en la determinación del tiempo computable para pensión, se le aplica integralmente el criterio marco señalado y la jurisprudencia definida por la institucionalidad ,con diferencia al resto de los sectores, a los cuales generalmente no se les respetan sus derechos.

El artículo cuarto y quinto de la ley, establecen la concesión de periodos impositivos por gracia, los cuales para este propósito, deben ser sumados al historial previsional de la persona y así constituir tiempo con imposiciones efectivas (articulo 13, reglamento 39) afirmar lo contrario, como se ha sostenido, es caracterizar a esta ley como inconstitucional, ya que estaría violando el principio de igualdad ante la ley.
Otro argumento que se ha esgrimido es el relativo al articulo 12 inciso 11 de la ley, esta disposición taxativamente se refiere al calculo del tiempo computable y no al tiempo con imposiciones efectivas, el cual para este caso, es la suma del tiempo con imposiciones efectivas y el abono por gracia del artículo 4 de la ley, lo que constituye el historial previsional (articulo 4 y 5 letra a y letra b, inciso tercero)

En el caso de los ex parlamentarios, se llega al extremo de no aplicar la asimilación a la E.U.S, en consideración a la alta renta que percibían al momento de la exoneración. Esta situación debe ser regularizada y terminar con esta discriminación oprobiosa para la mayoría de los beneficiarios legítimos de estas leyes, extendiendo este criterio interpretativo al resto de los beneficiarios que estén en esta situación.

Por tanto, solicitamos señor Contralor, sea aplicado en toda su extensión y profundidad, el criterio marco señalado, así como, la jurisprudencia dictada por la institucionalidad competente, a todas las personas beneficiarias legitimas de estas leyes, sin excepción alguna, principalmente en los siguientes aspectos ya dictaminados por esa Contraloría: 

- Perpetua memoria : Resolución: 31172/02; 62113/06
- Ley 19350 : Resolución: 011199/00
- Concepto de servidor publico: Resolución: 52682/76
- Doctrina sector fiscal : Resoluciones: 16164/94; 16075 Bis/00 
026241/07.

Es necesario hacer presente que la ley 19234 en su aplicación contempla el reconocimiento de diversas escalas de sueldos al 10 de Marzo de 1990, como es el caso: De la Escala Única de Sueldos; Escalas Municipales; Escalas de Médicos; Escala de las Fuerzas Armadas; Escalas de Codelco-Chile; Banco del Estado; Banco Central; Bancos Estatizados; Corporación de Fomento; Universidades Publicas; Fiscalizadores; Poder Judicial; Periodistas, además de un procedimiento especial sobre la dieta de los ex parlamentarios, todo esto, de acuerdo a la legislación vigente a la fecha de exoneración.

Con respecto al articulo 25 del reglamento 39 de la ley, que favorece a los ex parlamentarios, subsidiariamente a través de la potestad interpretativa de Contraloría y consecuente con el criterio marco antes señalado, sería justo y legal, aplicar este concepto a las empresas autónomas e intervenidas, por cuanto, estas nunca estuvieron regidas por la E.U.S, para los casos de rentas que argumenta el procedimiento del artículo 25, como es el caso de la banca estatizada propiedad de CORFO y Codelco Chile.

El concepto de servidor publico, contenido en el dictamen 52682/76, es de importancia trascendental, así como lo que hemos señalado como doctrina interpretativa para el sector fiscal, indicada mas arriba, y que esta compuesta entre otros, por los dictámenes: 16164/94; 16075 bis/00; 026241/07, todos pertenecientes a la jurisprudencia de ese órgano Contralor.

A modo de complementación de nuestra base argumental, incluimos como parte integral del procedimiento, tres facsímiles con los fundamentos jurídicos que masivamente presentaremos a esa institución, donde a partir de la ley, la jurisprudencia antes señalada y todo el sistema normativo vigente se sostiene la legalidad y la justicia de lo reclamado.

El carácter y la gravedad de las irregularidades presentes en la aplicación de estas leyes son graficadas por el siguiente hecho: la ley 19582 en su artículo segundo, inciso segundo, ordena actuar de oficio con respecto a las modificaciones que esta crea. 

De esta forma, las presunciones de los artículos 27 bis y 28 del reglamento 39, debieron ejecutarse según mandata la ley con fecha 31.08.98; jamás esto ocurrió, el INP transgredió gravemente la ley, prueba de ello es la norma técnica de aplicación de este importante beneficio, la cual, fue propuesta, exigida y aprobada solo por imposición nuestra, con fecha, Septiembre del año 2005, siete años después de promulgada la ley, según dan cuenta los antecedentes que se adjuntan al presente, consecuencia de esta grave falta es el daño que han sufrido miles de personas a las cuales hoy se les declara prescrito el derecho.


A modo de símbolo de esta realidad que han enfrentado los exonerados políticos durante quince años, cuando exigen sus derechos como ciudadanos, presentamos el caso del procedimiento administrativo que se tramita hace mas de un año en esa Contraloría, bajo los números de referencia: 004169; 081356 y 000110, el citado procedimiento ha sido objeto de extravío en tres oportunidades de la documentación entregada, extravío de un periodo impositivo de siete años, desconocimiento del derecho que le asiste según la ley 19350, desconocimiento del derecho que le asiste según los artículos 910-912-913 del Código de Procedimiento Civil, informes erróneos con datos falsos entregados por el INP, destrucción de la solicitud original entregada al M. del Interior, etc., etc. situación que es extensiva a miles de personas que han exigido sus derechos ante la institucionalidad del Estado, responsable de aplicar conforme a derecho estas leyes. 


B.- El proceso de aplicación de la ley 20134; se auditen los presupuestos asignados; se defina a los beneficiarios legales a los cuales no se les ha entregado el beneficio.

La ley 20134, promulgada el 22 .11.06, recién en Febrero del 2008 fue ejecutada, pagando el beneficio contemplado a 11.808 personas. Los presupuestos asignados por ley para su cumplimiento fueron: 22.866 millones de pesos, con la aprobación por parte del Parlamento; 11.300 millones de pesos, a través de la ley 20233, en Junio del 2008, posteriormente, con la ley de presupuestos del año 2009, se vuelve a aprobar un presupuesto suplementario de 12.000 millones de pesos, según informó el Ministro del Trabajo en Diciembre del 2008.

Es el caso señor Contralor, que esta ley nuevamente como ya ha sido sistemático en esta política ya analizada en esta presentación, esta plagada de irregularidades,y violaciones a sus disposiciones, lo que sin duda nos hace presumir, que estamos ante un fraude de insospechadas consecuencias, por lo siguiente: 

- No se pagó el beneficio a los beneficiarios del artículo 27 del reglamento 39, contraviniendo lo resuelto por la ley y Contraloría en el dictamen 56141/08 y 002334/08 y otros.
- No se pagó en beneficio a los exonerados calificados en la ley 19881, contraviniendo el dictamen 039671 N08 de Contraloría.

- Se grabo ilegalmente al beneficio con un impuesto del 17%, el cual, ha sido manejado por el Estado en forma ilegal por espacio de más de un año, medida que ha tenido que ser derogada por su ilegalidad, obligando al INP a restituir los fondos a las personas, sin actualizarlos económicamente.

- Se pagó prioritariamente a autoridades, jefes de partidos, y a personas relacionadas con autoridades, según lo destaca la prensa en su momento, como es el caso de: Viera Gallo; Barahona, Subsecretaria de Minería; Gazmuri, Avila, Montes, Pascal Allende, todos parlamentarios; Guillermo Teiller presidente del PC; Jorge Dávalos, ex esposo de la actual Presidenta y muchos otros, lo que constituye un privilegio y una discriminación inaceptable, cuando comprobamos que no se les pagó el beneficio a ex obreros viejos y enfermos, argumentando falta de recursos.

Por tanto: en razón a lo expuesto, a nuestro derecho, a la Constitución y la ley 10336, solicitamos: se abra un amplio proceso de investigación de la aplicación de esta ley, se auditen los presupuestos recibidos, se defina la nómina de beneficiarios violados en sus derechos y se determinen a las personas responsables. Adicionalmente, se paguen y se restituyan los montos ilegalmente no pagados con la debida actualización económica por todo el periodo, hasta el pago efectivo.


C.- Ley 19992, titulo III, artículos 11 al 14, se verifique la ilegal aplicación de esta disposición, se determine la cuantía del daño al patrimonio público y se señale a los responsables. 


Del mismo modo, con esta ley se han cometido irregularidades incalificables, lo que constituye como lo hemos comprobado, una constante de esta seudo política de DDHH.

El beneficio instrumentalizado dolosamente y que solicitamos investigar, así como, determinar el daño al patrimonio público y los responsables de estos delitos, además de ser una obligación desde el punto de vista del mandato legal, pasa a ser una obligación ético moral.

La denuncia pública sobre este escándalo y que ratificamos, esta suficientemente argumentada en el estudio: “Chile país que involuciona”; en el reportaje de la revista “El Periodista”, que incluimos en este estudio; en el libro de la periodista María Olivia Monckeberg, llamado: “El negocio de las universidades en Chile” páginas 250 a 265; y el artículo de fecha 29.03.09 del sociólogo: Felipe Portales, miembro del centro de DDHH de la U. de Chile, que acompañamos.

Baste decir, ya que estos reportajes y el estudio citado lo dicen todo, que aquí estamos ante un plan premeditado para defraudar a partir de los DDHH, en el cual, participan autoridades públicas, universidades y además, dirigentes de ex presos políticos que actúan como promotores comisionistas de este fraude.

Por tanto: solicitamos se establezca un profundo proceso de investigación, que cumpla con lo señalado en el titulo del presente capítulo signado con la letra C.


En conclusión señor Contralor: En conformidad a la potestad y la jurisdicción que la Constitución y las leyes entregan a esa entidad Contralora, solicitamos se acceda a todos los aspectos requeridos en el presente procedimiento. 



Es gracia


Raúl Celpa López
Presidente



Dirección: calle Dieciocho nº 45 Oficina 301
Fono: 552 21 71 Mail: raulcelpa@gmail.com

lunes, 9 de marzo de 2009

INFORME CRITICO Y EVALUATIVO: REGISTRO NACIONAL DE EXONERADOS POLITICOS CALIFICADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHILE 2009

COMISION NACIONAL EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE



INFORME CRITICO Y EVALUATIVO: REGISTRO NACIONAL DE EXONERADOS POLITICOS CALIFICADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHILE 2009

PROYECTO: Informe critico y evaluativo del registro nacional de Exonerados políticos
calificados por el Ministerio del Interior de Chile.

SOLICITA: Contraloría General de la República de Chile.

FECHA: 09/03/2009

AUTOR: Raúl Celpa López, Presidente Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y
Ex Presos Políticos de Chile.

INDICE


1. A la Sociedad Chilena……………………………………………………….pág. 2

2. Contexto histórico-político e institucional: Explicación a la barbarie……pág. 7

3. El plan de exterminio del enemigo interno en Chile………………………pág. 10

4. La Exoneración política en el periodo 73-90……………………………….pág. 12

5. La ley de exoneración política………………………………………………pág. 18

6. Las incoherencias e ilegalidades del proceso de calificación……………...pág. 19

7. La reinserción social de las victimas………………………………………..pág. 27

8. Conclusión……………………………………………………………………pág.30


Capitulo I: A la sociedad chilena


“Todo se ha hecho mal”; “los Derechos Humanos, nunca han sido prioridad para la Concertación”. Con estas afirmaciones, dos importantes actores de la lucha que hemos dado en estos años por reivindicar la verdad y la justicia sobre la barbarie que vivió nuestro país en nuestra reciente historia, podríamos sintetizar, toda una estrategia del Estado de Chile, para enfrentar este tema desde 1990.
La realidad es que no ha habido verdad ni justicia, menos, reinserción social de las victimas, en el sentido que el Derecho Internacional obliga al país, lo que ha primado siempre en estos años, ha sido eludir la verdad protegiendo a los autores principales y buscando artimañas para que no enfrenten a la justicia.
Hoy día en Chile, la impunidad se ha legitimado, consolidada por un decreto ley de amnistía, que se han negado a derogar, negativa, que surge de los acuerdos secretos de 1989 con la tiranía. Este oprobio, ya ha producido consecuencias graves para el país, baste decir, que ante los escándalos económicos que nos han sacudido en el pasado y en estos veinte años, no existe ninguna alta autoridad política que haya sido condenada por sus responsabilidades en estos actos, lo que constituye, según alguien dijo: “una cultura de la corrupción”.
Este cuadro se ha visto agravado dramáticamente con las denuncias que hemos hecho publicas hace mas de un mes, y que son una ratificación ante la sociedad, de lo formulado en mas de diez años, a la institucionalidad del Estado, sin que esta haya reaccionado rectificando estos errores.
Sin lugar a dudas, la decisión que tomamos a fines de noviembre pasado, ha cambiado radicalmente el escenario en que se discutía este importante asunto, hoy día, es la sociedad entera la que es informada de lo que ha ocurrido, conoce y seguirá conociendo esta descarnada realidad, donde, los Derechos Humanos, han sido moneda de cambio, instrumento electoral para que cúpulas de poder, ajenas al sentimiento mayoritario de la sociedad, obtengan mas o menos prerrogativas en una lucha abyecta.
Este divorcio entre la política oficial sobre esta materia, aquí analizada, y la opinión que de ella tiene el pueblo de Chile, es recogida en Marzo último pasado, por una encuesta realizada por FLACSO-CEPAL, en este estudio de opinión los encuestados presentan una clara tendencia: 44,9%, percibe a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio. Un 44%, prefiere el camino de la justicia para determinar responsabilidades. Un 78 %, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos.
Un 92,5%, le asigna al ejército la mayor responsabilidad en los abusos. La opinión encuestada, apoya mayoritariamente los esfuerzos por reparación material y simbólica. Este resultado, una vez más demuestra que la sociedad chilena cuando es consultada, reacciona positivamente a la búsqueda de verdad y justicia y reinserción social de las personas afectadas.
Obviamente, la precaria democracia que las cúpulas de poder han decidido para Chile, no ha acogido este sentimiento mayoritario de nuestra población.
Derechos Humanos en la medida de lo posible, Democracia, en la medida de la capacidad ético moral y los principios ideológicos de los que deciden el presente y el futuro, en este país. Esa es la causa del fracaso de esta política que afectó y afecta al país.
Los Derechos Humanos, pertenecen a todos, forman parte de un patrimonio de la humanidad, que emerge como bastión para contener la violencia salvaje de un capitalismo globalizado que cosifica al ser humano. Algunos, han querido monopolizar esta lucha en Chile, hegemonizando por años este tema, en representación de una sociedad que no los ha elegido para tal misión, pero que consecuentemente, los indica como responsables y cómplices de lo que ha ocurrido.
Nos preguntamos: ¿Cuándo hicieron las denuncias que hoy día conmueven a la sociedad?. A estos paladines, arrogantes, soberbios, les consultamos: ¿Qué lugar ocuparon en la lucha, cuando el pueblo decide expulsar al Dictador?


Porque la historia de estos hechos recientes, no puede ser cambiada, fue el pueblo con su lucha, el que terminó con la noche negra que asoló al país por diecisiete años, fueron ellos y no ustedes los que recuperaron la posibilidad democrática, que ustedes, si traicionaron. Fueron nuestros mártires, los que con su vida ofrendada, se transformaron en héroes populares. Fueron los que por años sufrieron prisión política y tortura y que desde las cárceles seguían luchando, los que cambiaron las cosas; fueron los que perdieron su país y que desde su destino de exilio, colaboraron con la lucha; fue la Iglesia Católica, la que con su manto solidario, acogió a los perseguidos.
Ustedes señores, llegan al final, cuando el destino estaba escrito, cuando la mesa estaba llena de futuro promisorio, aparecen, a cambiar este futuro y truncarlo.
Transparentar esta verdad, es reivindicar la memoria de las victimas legitimas, que hoy aparecen sumergidas en una vorágine de corrupción y vergüenza, compartiendo listas con criminales, golpistas y oportunistas.
Enfrentar la verdad del fracaso de la política de DDHH del Estado, y la responsabilidad de los Gobiernos a partir de 1990, por la responsabilidad legislativa que han tenido, frente a la sociedad en forma transparente, reivindica este patrimonio social.
En cambio, señores paladines de esta causa, violenta el concepto, a las victimas y a los chilenos, la ola de escándalos que se han venido produciendo desde el inicio de esta política. Violenta la memoria de nuestros muertos: la figura de la desaparición forzada, sacada de los anales de la contrapropaganda nazi, para impedir que a los luchadores el pueblo los declare mártires y hacer imposible la verdad y la justicia; la decisión de Aylwin de no hacer nada para derogar o anular el decreto ley de amnistía; el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el acuerdo Figueroa-Otero de 1995; el proyecto de ley del senado de 1998; el proyecto de ley Lagos del 2003; el proyecto de ley de la Alianza-Concertación de 2005, los cuales, forman parte de un criterio perverso y que traiciona los acuerdos con la sociedad chilena y el mundo. Violenta la dignidad de los retornados, el escándalo producido por el uso delictivo de los fondos internacionales llegados al país para su reinserción, esta dura realidad, produjo una ola de suicidios y muertes entre estos chilenos.

Violenta las victimas de prisión política y tortura: la aberrante impunidad que la ley llamada Valech, trae implícita, y el vergonzoso escándalo que se comete con el beneficio de educación superior para estas personas, el cual, ha enriquecido a universidades privadas donde ustedes participan. Violenta señores, la dignidad de los legítimos exonerados políticos: aparecer en listas junto a criminales, golpistas y sinvergüenzas, todos ellos, calificados por ustedes en una carrera vertiginosa por conseguir votos y componendas. Violenta las victimas de violación DDHH: ser vejados en largas colas y esperar perpetuamente ser atendidos en el sistema publico de salud, para tratar las dolencias generalmente producidas por los apremios físicos y mentales que padecieron.
En fin, violenta a las victimas y al país en su conjunto: una política que ustedes han promulgado y mal aplicado, que se caracteriza por su inmoralidad y los efectos traumáticos que produce.
En búsqueda de la verdad y la legalidad, en Mayo pasado, nos dirigimos a la Presidencia de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados entregamos un informe crítico de lo que era esta realidad, y solicitamos se cumpliera el rol constitucional que la Cámara tiene, cual es, el de controlar la legalidad de los actos del gobierno.
Un hecho inédito en esta ocasión, fue conversar con su Presidenta, una parlamentaria de la llamada Derecha, coalición que ha llegado por primera vez a ese cargo, producto de una negociación en la cual, ustedes señores, entregaron tan importante sitial, a cambio de uno, en la Presidencia de la Corporación, lo que desmiente la ya repetida retórica de la importancia del tema para la Concertación.
En estos casi veinte años, el rol que ha cumplido la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, con su quórum dominado por los partidos de gobierno, se ha caracterizado por una obsecuencia escandalosa que ha permitido la comisión de todos los escándalos que han ocurrido con esta realidad, descritos mas arriba. El impacto que provocan los sucesos y las denuncias ocurridas en estos días, no es nada mas que la consecuencia de no haber cumplido con el mandato constitucional del artículo cuarenta y ocho de la carta magna, caiga sobre ustedes esta grave responsabilidad, que esperamos, la sociedad les haga pagar.
Somos una organización autónoma e independiente, de carácter nacional, reconocida por el Estado por nuestra representatividad, posición técnica y responsabilidad, a pesar, de ser frontales críticos del sistema.
Si queremos que los DDHH, sean patrimonio de todos, y no de algunos, tenemos que erradicar la lógica de los vencedores, porque esta es la que imperó en aquellos tristes diecisiete años. Hemos querido fijar nuestra opinión sobre este importante tema, frente a la sociedad, sin secretos, ni compromisos que nos aten, esperando que esto abra un nuevo tipo de debates que sea capaz de construir un Chile mejor.
La metáfora del poeta Ernesto Cardenal, es aplicable en esta ocasión: “Fuimos soldados derrotados de una causa invencible”. Y con respecto a lo que hay que hacer, reflexionemos acerca de lo que Aristóteles, en su libro Política, nos dice en primer lugar: “En democracia, los pobres son reyes, porque son la mayoría y porque la voluntad de la mayoría tiene fuerza de ley”.

Capitulo II: El contexto histórico político institucional: Explicación a la barbarie

Fundamentalmente, el quiebre que sufre Chile en 1973, impacta y quedara inscrito en nuestra historia y la de las barbaries ocurridas en el mundo precisamente, por el carácter que asumen los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 1973.

La evolución del hombre, caracterizada por el desarrollo de las tradiciones humanistas que llaman a la lucha por la libre determinación, la independencia y la igualdad y que quedara expresada el 10 de Diciembre de 1948 en la: “Declaración de los derechos humanos”, basada en el respeto universal de las libertades fundamentales de todos, sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión y que además en su articulo 68, otorga al Consejo Económico y Social, poderes para establecer comisiones para la formación de los derechos del hombre en esos campos y en su: “Declaración de los derechos civiles y políticos” y : “Los derechos económicos, sociales y culturales”, propicia el avenimiento de un mundo de seres liberados de la miseria, sin los peligros de las medidas de fuerza que los someten al temor y reconociendo los pueblos el supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta nueva situación que empieza a vivir la humanidad, no es aceptada por el poder imperialista, transnacional y de las oligarquías nacionales, en cada sector del mundo.

En el curso del siglo 20, hemos visto el despertar de Asia, África y América Latina, pueblos que por conquistar su independencia deben sufrir duras y crueles batallas como la librada en Indochina, en forma sucesiva contra los Japoneses, Franceses y Norteamericanos, apareciendo en esta lucha emancipadora, una doctrina de lucha contrarrevolucionaria que perfeccionan los Franceses en Vietnam en 1946 y posteriormente en Argelia, y que pasó a llamarse: “Doctrina de Seguridad Nacional”, fundada en una concepción elitista de hombres superiores, que por su valer y rigurosa disciplina militar, están en condiciones de dominar al pueblo y destruirlo en una guerra de contrainsurgencia que ejecutan sin tiempo, ni frente ni enemigo definido, no distinguiendo entre civiles y militares, niños o ancianos, y en que el terror y los procedimientos mas crueles, son lícitos.

Doctrina fracasada en Vietnam y coincidente con la etapa de la Guerra Fría que divide al mundo en dos sectores antagónicos, y con el propósito de impedir las luchas reivindicativas de los pueblos por su independencia, libertades civiles, económicas, sociales y derechos humanos, es nuevamente implementada en Estados Unidos, en 1947 a través de la: “National Security Affairs” y cuya institución implementadora será el “Consejo de Seguridad Nacional.

La política de penetración ideológica de Estados Unidos con respecto a esta doctrina en el caso de América Latina, llegó según El Mercurio (01.09.1985), ha 46.500 oficiales latinoamericanos, los cuales, fueron adiestrados entre 1950 y 1968 en los conceptos político ideológicos de la seguridad nacional, en sus propios institutos militares esto es, en territorio norteamericano.

A partir de 1964, esta doctrina es aplicada en América Latina. Prescindiendo de la soberanía popular, intervienen en Brazil, derrocando a su presidente democrático y constitucional, iniciando así en el continente una secuela de golpes militares a los que llaman: “Pronunciamientos Institucionales” y que se fundan precisamente en el desarrollo de la geopolítica, como consecuencia de la concepción dogmatica de un mundo bipolar donde Brazil, debe aliarse a USA, en una guerra global, permanente y total, y que por su carácter involucra a todos, existiendo solo amigos o enemigos y que este adversario es el comunismo que debe ser estirpado.

Mediáticamente, la doctrina es presentada como una formula en la cual desaparecen los problemas socioeconómicos, el antagonismo de clases, las desigualdades de todo tipo, los conflictos laborales, estudiantiles, poblacionales, sindicales, bajo la égida y control de un orden piramidal.


El terror, es su arma predilecta con el cual debe recurrirse en todas sus formas para obtener información: política, militar, orgánica con el fin para liquidar la estructura del adversario, debe recurrirse a la tortura dentro del concepto de guerra sin campo ni fronteras y contra un enemigo externo o interno.

El modelo tiene como ética: la estrategia bélica; su filosofía es: la geopolítica; su protagonista: las Fuerzas Armadas; el poder de control: un Estado omnipotente policial y terrorista.

La evolución positiva de los procesos democráticos del conosur de la región latinoamericana, plantea como respuesta, una acelerada implementación de esta doctrina, la cual, es aplicada como un sistema coordinado que guarda similares características para: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolivia, sumando a la participación activa de las Fuerzas Armadas de estos países, a las oligarquías nacionales y a las sucursales del transnacionalismo económico, todo esto, bajo la coordinación y asesoría de Washington.

En el caso de Chile, en 1973 es institucionalizada la doctrina de seguridad nacional en un comienzo, a través de la declaración de una guerra interna en contra de un enemigo nacional, el cual, es sometido a un programa de exterminio para después pasar a la fase de consolidación de un modelo, el cual, constitucionalmente legaliza la esencia de esta doctrina en lo económico y geopolítico.

Capitulo III: El plan de exterminio del enemigo interno en Chile

Consecuente con la esencia ideológica de la doctrina analizada en el capitulo segundo, la Junta Militar, que de facto asume el poder a partir del 11 de Septiembre de 1973, procede a auto fijar sus atribuciones y a subordinar el ejercicio de los otros poderes del Estado, a las necesidades del momento. La Junta declaró que asumía el “Mando Supremo de la Nación”, entendiendo como tal, la concentración de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, comprometiendo el respeto a las atribuciones del Poder Judicial. Promete respetar la constitución y las leyes, “en la medida de lo posible”, se declara investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicado como contrario a los intereses nacionales, y definía la situación, como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus agentes. Como vemos, un decálogo de la esencia ideológica de la doctrina que fundamenta lo que será este plan de extermino del adversario, de una guerra ficta, pero necesaria, para crear toda una institucionalidad acorde a este objetivo.

En concordancia con lo anterior, la Junta suspendió todas las garantías individuales desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, decretó estado de sitio debido a la situación de conmoción interna que vive el país, lo cual, debía considerarse un “ Estado o tiempo de guerra” entregando por esto, todas las atribuciones procesales al régimen jurídico del Código de Justicia Militar, con esta medida, se dejó fuera a la justicia ordinaria de la atribución de conocer y decidir en las causas por violación a las normas del estado de sitio.

Son dictados, cientos de decretos leyes que contravienen las disposiciones constitucionales, produciéndose una eventual derogación de la constitución.

De esta forma, institucionalmente se preparó el escenario para lo que sería la perpetración de un proceso de aniquilamiento de un enemigo interno en esta guerra ficticia, derogadas las garantías individuales y sociales y procediendo a copar militarmente al país a través de acciones contra la sociedad en su conjunto, nos encontramos ante la configuración inicial del proyecto de un Estado terrorista.
Son destruidas todas las organizaciones por las que los ciudadanos puedan dar fuerza a sus reivincaciones o derechos, este modelo de Estado, quiere que hayan individuos aislados, sumisos e independientes, se manipula a la opinión pública, no hay opinión publica. Hay solamente, temor publico.

Las Fuerzas Armadas junto a la policía asumen desde el comienzo este plan de exterminio, asesinando, deteniendo, torturando a importantes masas de ciudadanos, los cuales, son llevados a recintos institucionales y allí fusilados, o mantenidos prisioneros durante largos periodos de tiempo en forma clandestina, sometiéndolos a todo tipo de vejaciones.

Baste decir, que solo en la primera etapa de este plan de exterminio o sea, en tres meses y veinte días, se produjo la mayor cantidad de muertos como producto de consejos de guerra, ejecuciones sumarias, muertes por tortura, ley de fuga y desapariciones forzadas de personas, así es consignado en el informe Rettig. A su vez, el informe Valech concentra un 68.70 % de las víctimas de prisión política y tortura en este periodo, lo que demuestra que la Junta Militar, aplicó el máximo de la violencia en un periodo de noventa días con el objetivo de asegurar el control total del país y anular toda posibilidad de resistencia.

Es en la primera etapa del plan de aniquilamiento del enemigo interno, que se lleva a cabo un sistema de represión masiva a cargo y bajo la responsabilidad de las instituciones armadas, esta etapa va de Septiembre de 1973 a Abril de 1974, fecha esta última, donde empieza a operar la segunda etapa del plan esto es, la aniquilación selectiva, la cual, estará a cargo de servicios públicos especializados.


Capitulo IV: La exoneración política como medida represiva en el periodo 1973-1990

La exoneración por razones políticas, naturalmente debe ser contextualizada en el plan de exterminio del enemigo interno, el cual, obedece a un perfil previamente determinado en dicho plan, esto es, ser activo y publico militante de alguna organización política declarada fuera de la ley o enemiga, haber tenido algún grado de responsabilidad en el gobierno derrocado, haber sido dirigente de alguna organización sindical o social declarada enemiga del régimen, en resumen, pertenecer al concepto ideológico de enemigo contenido en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En Chile, en el periodo 73-90, se produjeron 330.000 exoneraciones por responsabilidad de agentes del Estado, agrupándose estas, en tres tipos: Políticas, fueron las primeras, en concordancia de fechas y masividad con el plan represivo; las segundas, fueron las administrativas, y ellas corresponden al proyecto de modificación del modelo de Estado, de un carácter protector a uno de tipo subsidiario; el tercer tipo de exoneraciones, fueron las de carácter económico y su objetivo estuvo radicado en el proceso de privatización de toda el área económica de propiedad estatal.

La exoneración política, esta estrechamente vinculada al resto de las violaciones a sus derechos que sufrieron los chilenos, el procedimiento represivo comenzaba con la exoneración del trabajo de la persona, la cual, inmediatamente era detenida y sometida a todo tipo de vejaciones que podían terminar, en la muerte. Si eran superados estos vejámenes la persona quedaba detenida sin plazo, en espera de ser procesado, expulsado del país, o relegado o dejado en libertad, esto ultimo, constituía declararlo proscrito de todos sus derechos, es decir, al trabajo, a la salud, a la educación, a la justicia, etc., etc., para él y su familia, con esto se cumplía el objetivo de aniquilamiento del individuo.

Comprobación de todo esto, la encontramos en los informes Rettig y Valech, los cuales, entregan datos sobre los oficios, profesiones, responsabilidades públicas que tenían las víctimas catastradas por ellos al momento de sufrir las violaciones que da cuenta cada uno de estos.

Informe Rettig: Sobre un total de 1193 victimas de desaparición forzada

Obreros o Campesinos 34.4%
Trabajadores independientes 17.01%
Profesionales, administradores o altos funcionarios 11.80%
Empleados 11.30%
Estudiantes 19.02%


Según año de desaparición, y por ende, perdida del trabajo
1973 631 personas 52.29%
1974 277 personas 23.21%
1975 87 personas 7.89%


Por región: Los principales puntos geográficos del país sometidos a represión masiva
Metropolitana 635 personas 53.22%
Bio Bío 201 personas 16.84%
Araucanía 104 personas 8.71%
Valparaíso 36 personas 3.01 %
Los Lagos 70 personas 5.86%

En el informe Valech, que catastra prisión política y tortura, la situación es coincidente con el informe Rettig, en cuanto a comprobar la doble o triple condición de las victimas esto es, haber padecido exoneración política, muerte, y prisión política y tortura:

Informe Valech: Año 1973, sobre la base de 18.174 casos, 68.7% del total.
Altos cargos públicos 4.21 %
Profesionales y técnicos 15.92 %
Trabajadores calificados 32.18 %
Trabajadores no calificados 21.85 %
Estudiantes 12.2 %
Otros 13.82 %

Informe Valech: Años 1974-1977, sobre la base de 5.189 casos, un 18.33% de total.
Altos cargos públicos 1.79 %
Profesionales y técnicos 15.74 %
Trabajadores calificados 29.27 %
Trabajadores no calificados 19.60 %
Estudiantes 18.60 %
Otros 14.99 %

Informe Valech: Años 1978-1990, sobre la base de 3583 casos, 12.9 % del total.
Altos cargos públicos 0.45 %
Profesionales y técnicos 12.95 %
Trabajadores calificados 23.42 %
Trabajadores no calificados 19.34 %
Estudiantes 26.90 %
Otros 16.94 %



Sobre el total de calificados por el informe Valech, 26.946 personas, a lo menos, un 30% o sea, 8.100 personas fueron además exonerados políticos, en cuanto al año o periodo, este es masivamente el año 1973 con un 68.7% del total, el cual corresponde a la primera etapa del plan de aniquilamiento, el cual se caracteriza por la violencia en que es ejecutado y su masividad.

De esta forma, se comprueba que la exoneración política es parte integrante del plan represivo, que por el perfil político que tiene la persona es declarada enemigo, la cual, deberá sufrir además de la exoneración, la prisión política, la tortura, la muerte, la relegación o el exilio y si permanece en el territorio nacional, será declarado proscrito social, político y económico eternamente.

Otro antecedente ineludible que muestran ambos registros y que corresponden además a hechos históricos objetivos, es el comportamiento de este plan de exterminio en lo relativo a la relación: fecha-masividad y lugar geográfico-masividad.

En efecto, el plan de exterminio fija para los primeros 230 días, su primera etapa, la cual se caracteriza por su masividad. Tanto el informe Rettig como el informe Valech así lo demuestran: uno asignando el 62% de las muertes y el otro el 70% de las prisiones y torturas respectivamente, a este periodo. Con respecto a los sectores geográficos del país donde se concentra la acción represiva, también, ambos informes son coincidentes: el Rettig le asigna a la región Metropolitana el 53.22%; Bio Bio el 16.84%; la Araucanía un 8.78%; Valparaíso el 3.01% y Los Lagos un 5.81%. En tanto, el Valech asigna a la región Metropolitana un 35.23%; Bio Bio un 14.38%; Quinta Región un 10.23%; la Araucanía un 6.88% y Los Lagos un 8.19%.

Estos hechos consignados en ambos parámetros, son irrefutables, ya que coinciden con la historia real y han sido legitimados por la sociedad en su conjunto.


No ocurre lo mismo con el registro de exoneraciones políticas, entregado a la sociedad en su versión completa por el Ministerio del Interior, recién el 3 de Diciembre del 2008, quince años después de haber sido promulgada la ley que trata sobre este tipo de violación. Dado este grave hecho, la sociedad chilena no conoce los procedimientos que dirigieron el proceso de calificación de las supuestas victimas durante quince años, no existe información pública del proceso que siguieron las calificaciones,ni para la asignación de las reparaciones que la ley contempla. Solo podemos decir, evaluado esta lista oficial en el breve plazo que va desde su entrega al día de hoy, que este discrepa absolutamente con los hechos históricos reales y por consiguiente con los informes Rettig y Valech.

Esta lista en cuestión, separa la exoneración política del ya demostrado plan de aniquilamiento del enemigo interno tratado en los capítulos anteriores, lleva este tipo de violación a un derecho humano, a una simple transgresión a las normas del derecho laboral, prescindiendo absolutamente en la mayor parte de los casos calificados, del perfil político que debe tener el solicitante de esta calificación. Esta conclusión se desprende de las realidades que muestra esta lista que discrepa de las etapas represivas, asignando mayor masividad a la etapa de represión selectiva y viceversa.

Inaceptablemente, califica como victimas a los victimarios que ejecutaron el plan de exterminio, y les otorga reparaciones groseramente discriminatorias e ilegales.

Le asigna importancia, por el numero de calificados, a puntos geográficos del país que no son considerados como tales por los informes antes referidos y la historia real, como ejemplo tenemos: Longaví, una comuna agrícola de la Séptima Región o Colbún una comuna que no existía cuando ocurren los hechos y muchos más.

En síntesis, el país hoy día conoce una lista mal hecha y en ningún caso un informe sustentado en los antecedentes que contienen los informes que dan cuenta de la violación con causa de muerte o la violación por prisión política y tortura, esta lista incompleta y demostrativa de la irresponsabilidad con que se ha actuado en esta materia, solamente fue entregada en Diciembre pasado, por la denuncia que formulamos que impacto en el país y en el extranjero.

1. Informes Rettig y Valech: Primera etapa represiva, año 1973 (masiva)
Informe Rettig 52.89% del total
Informe Valech 68.70% del total
Lista exonerados políticos 26.89% del total

2. Informe Rettig y Valech: Segunda etapa represiva, años 1974-90 (selectiva)
Informe Rettig 47.11% del total
Informe Valech 31.70% del total
Lista exonerados políticos 73.11% del total

En el numero uno del cuadro, es manifiesta la discrepancia con el carácter de la etapa represiva con los informes Rettig y Valech, a su vez, en el numero dos a la etapa de represión selectiva la lista del Ministerio del Interior le asigna un 73.11% de calificaciones, lo que constituye un verdadero exabrupto a la historia real y a los parámetros de comparación. Al mismo tiempo, demuestra fehacientemente que no fue el carácter político de la exoneración lo que indujo al Presidente de la República en uso de sus facultades especiales para calificar a estas personas, sino razones de otro tipo que analizaremos en los capítulos siguientes.

Capitulo V: La ley de exoneración política

La ley 19234 y sus modificaciones, son un elocuente símbolo de lo que han sido las políticas que sobre DDHH ha promulgado el Estado chileno desde 1990.

Promulgada en 1993, esta ley, viola cada una de las disposiciones contenidas en las normas internacionales que obligan a Chile, en materia de reparación a los daños provocados por la violación a un derecho fundamental.

Aún más, viola los propios derechos constitucionales del individuo, al expropiar sus derechos previsionales para configurar una eventual reparación, lo que es constitutivo de un hecho aberrante en materia jurídica.

Discrimina dentro del mismo grupo de beneficiarios, los cuales, tienen igual condición jurídica, dividiéndolos en grupos, a los cuales, les otorga beneficios de distinta naturaleza, todo esto, al interpretar administrativamente en forma arbitraria la ley.

Recurriendo a la ilegalidad y a una interpretación arbitraria, califica como beneficiarios y por tal razón como víctimas, a los victimarios, lo que indudablemente constituye una nueva vejación a estos chilenos y a la sociedad.

La ley en cuestión, forma parte de un cuerpo misceláneo de soluciones oportunistas al conflicto social que generó la violación al derecho al trabajo por razones políticas. La causa del proyecto de ley que se envía al parlamento, es la condena que sufre el Estado chileno por parte de la Corte Suprema de justicia en un conjunto de 3200 causas denunciadas por espiración obligada de funciones, y además, a una huelga de hambre que por espacio de setenta días mantuvieron los afectados. De esta forma, desde su promulgación, los gobiernos han contado con un instrumento legal de carácter populista, demagógico y reaccionario que les permita contener la potencial ola de demandas en contra del Estado, jamás se constituyó, como un cuerpo jurídico completo que aborde el tema desde la óptica del Derecho Internacional.
Capitulo VI: Las incoherencias e ilegalidades del proceso de calificación.

En el capítulo cuarto, analizamos la exoneración política inserta dentro del plan de aniquilamiento del enemigo interno, de cómo para que se cumpliera esta principal característica, había que tener un perfil político determinado que definiera la condición de enemigo, concluimos que las víctimas de esta violación a este derecho lo eran a su vez, a otro tipo de derecho fundamental.

Comprobamos, como este listado del Ministerio del Interior, que contiene al conjunto de personas calificadas, discrepa gravemente con los hechos históricos reales, y entra en confrontación flagrante con los informes Rettig y Valech.

La ley de exoneración política, dentro de su ambigüedad define dos tipos de beneficiarios: los contemplados en los artículos uno y dos, los cuales, tuvieron el derecho a impetrar el beneficio de transacción extra judicial hasta Agosto de 1995; y los contemplados en el artículo tercero de la ley, los cuales, debieron haber sido exonerados por razones de tipo político, durante el periodo que va de 1973 a Marzo de 1990 y para lo cual, deberán cumplir con el perfil político definido en los artículos ocho y nueve de esta norma y que hayan sido además trabajadores de las empresas o instituciones consignadas en el artículo tercero de la misma. El artículo nueve, presume el móvil político en la exoneración, sólo hasta el 31 de Diciembre de 1973, para el resto del periodo, esto es, Marzo de 1990, el solicitante deberá comprobar como lo determina la ley, que la causa de su exoneración se debió principalmente a razones de tipo político, todo esto de acuerdo a los artículos octavo y noveno antes señalados.

El horizonte nacional de personas afectadas por este tipo de represión quedó consignado en la historia fidedigna de esta ley en ocasión de la tramitación de la ley matriz y de la modificación de 1998, en ambas, se compromete por parte del Estado un horizonte de 56 mil personas, aspecto que además había sido consensuado con anterioridad con la única organización social que representaba a estas personas.

Al momento de la entrega de este listado, el Gobierno había calificado positivamente a 145.549 personas, un 44.1% del total de exoneraciones habidas en diecisiete años de responsabilidad Estatal, y un 259 % del total comprometido con el país y con la ley.

Analizado el contenido de este listado, lo primero que sorprende es su discrepancia con los hechos históricos reales, en la etapa de represión masiva, solo el 26.8% del total es calificado, en cambio, el 73.1% califica en la etapa selectiva de la represión. Además de la historia objetiva, discrepa gravemente con los parámetros Rettig y Valech.

El segundo aspecto, es el relativo al ámbito de la responsabilidad que la ley le otorga al Estado, en su articulo tercero se define textualmente a ésta: “a la administración pública centralizada y descentralizada, a las instituciones semi fiscales y de administración autónoma, y de las empresas autónomas del Estado, de las municipalidades, de las universidades del Estado, del Banco Central de Chile, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, en el concepto de empresas autónomas del Estado la ley define a éstas como empresas donde la participación directa fuere superior al 50 % del capital, y las empresas privadas intervenidas por la autoridad publica”, podrán ser solo calificados: “ SI HAYAN SIDO EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS”. De esta forma, la ley define claramente el ámbito de la responsabilidad estatal (articulo tres), el perfil político que deberá tener la exoneración (artículos ocho y nueve), y ratifica el carácter político que debe tener la exoneración en el ámbito de las empresas donde la ley indica la responsabilidad estatal.

Así definido legalmente, este aspecto fundamental, aleatoriamente demostraremos las incoherencias e ilegalidades que contiene este listado.

Hemos elegido, tres empresas y ocho instituciones de un total de mil cuatrocientas setenta y cuatro unidades exoneradoras calificadas por el M. del Interior.

A.- Fuerzas Armadas

Total calificados 73-90 Calificados año 1973
Ejercito 405 51
Armada 381 101
Fach 227 95
Investigaciones 204 71
Carabineros 408 114
Gendarmería 597 74

Analizada la situación sectorial de las Fuerzas Armadas, las policías y gendarmería, desde los hechos históricos reales con respecto a su condición de exonerados políticos, la conclusión es terminante, la historia nuevamente es vulnerada. Los llamados sectores constitucionalistas pertenecientes a este sector y que se opusieron al golpe de estado, por lo cual, merecen ser calificados como exonerados políticos, fueron minoritarios. Esto lo demuestra el cuadro arriba señalado donde los exonerados del año 1973 son 506, en todo el sector contra, 1716 que aparecen calificados entre 1974 y 1990, los cuales, debieron de acuerdo a la ley, haber comprobado su perfil político.

Otro aspecto de la mayor gravedad y que corresponde a este sector, es el que ha destacado la prensa nacional ante nuestra denuncia de Noviembre pasado, entre estos calificados hay destacados golpistas, asesinos, torturadores, los cuales, aparecen además con situaciones de privilegio desde el punto de vista de las reparaciones que perciben. Además, del cúmulo de irregularidades que se denuncian de las cuales nos hacemos parte, particularmente el artículo de la periodista Pascale Bonnefoy M. publicado el 28 de Noviembre pasado, y que denuncia el clima de increíble promiscuidad en que se ha desarrollado este proceso.

Si se aceptara esta grave ilegalidad y estas irregularidades, tendríamos que concluir que dentro de las Fuerzas Armadas, ambas policías y gendarmería operó entre 1974 y 1990, una quinta columna deliberante y sediciosa, cuestión que es inaceptable.

Otra materia referida al tema es lo relativo a la información extra oficial que siempre ha entregado la institucionalidad administrativa del Estado, con respecto al proceso particular de calificación de exonerados que ha llevado el Ministerio de Defensa Nacional, y que ha significado la calificación de ocho mil al menos personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que ese ministerio ha calificado en forma secreta, oficiaremos al Ministro de Defensa, para que informe acerca de este asunto.

B.- Congreso Nacional

Total calificados Calificados 1973
Senado 79 38
Cámara 221 133


Un caso similar al de las Fuerzas Armadas, lo constituye el Congreso Nacional, donde el proceso de calificación viola nuevamente los artículos tercero, octavo, y noveno de la ley. Aquí se califica a connotados parlamentarios a los que la historia ha dejado relegados al papel de golpistas, trasgresores de las normas constitucionales y las leyes, son premiados reconociéndolos como victimas y entregándole reparaciones que indigna ala conciencia de la sociedad y son una ofensa tremenda a las legítimas victimas. De todo esto, también la prensa nacional se hace cargo de nuestra denuncia.

C.- Empresas: Fiat Chile-Rayón Said- Aceros Andes

Total calificados Calificados 1973
Fiat Chile 725 76
Aceros Andes 251 23
Rayón Said 516 56

Han sido elegidas estas tres empresas por la especial connotación que ellas tienen, casos donde el Ministerio del Interior no trepida burdamente en adulterar los hechos reales, los antecedentes legales de cada empresa, sus propios registros y los registros del Estado:

Caso Fiat Chile SA: Esta empresa jamás estuvo intervenida, administrada, liquidada, o puesto término por la autoridad publica, siempre fue administrada por la accionista principal Fiat Italia y fue vendida por esta en 1986. No obstante este hecho, la empresa parece en el listado de empresas calificadas como intervenida entre el 11.9.73 y el 29.10.82 por el Estado. Da prueba de esta adulteración, carta de 16.6.94 entregada al M. del Interior, por el ex gerente general de la empresa señor Giancarlo Bordoni, y recepcionada por este ministerio con fecha 30.6.94, la cual se acompaña.

Estamos aquí ante una trasgresión de los hechos históricos, de la ley, de las normas de ética funcionaria que dejan al descubierto hasta que punto han sido capaces de llegar.

Caso Rayón Said: Bajo esta razón social operan tres empresas, las cuales fueron intervenidas por la autoridad publica en 1972 y termino esta intervención el 9.8.74, fecha en la cual, fue devuelta a sus dueños mediante un convenio de la fecha antes señalada, celebrado en la notaria Morgan según da cuenta este documento que acompañamos.

En el ya citado listado de empresas calificadas estos hechos aparecen adulterados, las fecha de intervención es el 25.5.71, y el término de la intervención es el 31.12.81, de esta forma, se prolonga ilegalmente el plazo de intervención y con esto la responsabilidad del Estado en las exoneraciones producidas en el periodo. El cuadro de la letra C muestra que de esta empresa de un total de quinientas dieciséis calificaciones solo cincuenta y seis pertenecen al año 73 y el resto al periodo que se adultera.

Caso Aceros Andes: Un caso similar al anterior analizado corresponde a esta empresa según el listado de empresas intervenidas que controla CORFO, esta empresa fue intervenida por resolución 875 de fecha 21.10.72 y devuelta a sus dueños mediante escritura de fecha 29.12.73, celebrada en la notaria Morgan. Nuevamente estos hechos legales son manipulados, en el ya mencionado listado, el M. del Interior prolonga ilegalmente hasta el 31.12.77, el plazo de la intervención con las consabidas consecuencias para el Estado. En el cuadro antes referido esta empresa, aparece con 251 calificaciones casi en su mayoría correspondientes a 1976 y solo 23 a 1973.

Caso Instituto de Normalización Previsional: En el capitulo cuarto, tratamos los tipos de exoneración que se produjeron en el periodo 73-90, este caso corresponde a las exoneraciones de tipo administrativo las cuales, obedecieron a las reformas que fueran impuestas para cambiar el modelo de Estado, de protector a un Estado subsidiario. Estas exoneraciones en ningún caso pueden inscribirse en el plan de exterminio del enemigo interno, sino que el único objetivo fue el indicado en el capitulo respectivo antes señalado, da cuenta de ello el hecho que la mayor parte de los casos correspondientes a este tipo de exoneración fue producto de un acuerdo entre las partes y estuvo regulado por el plan de retiro programado y el plan del pequeño empresario, que genero jubilaciones, indemnizaciones especiales, créditos blandos, etc, etc.

La historia y los antecedentes legales así lo demuestran, en el ya citado listado del M. del Interior, el periodo de calificación para esta institución va del 8.11.80 al 10.3.90 y la fuente jurídica es el decreto ley 3502, cuerpo legal integrante del proceso de reforma previsional, de esta forma la exoneraciones de esta institución obedecen claramente a los efectos de esta reforma y no a causas políticas, son en su mayoría los funcionarios de las antiguas cajas de previsión los cuales quedan cesantes como producto de esta reestructuración.

Hemos elegido este caso por su carácter de símbolo de este tipo de exoneraciones originadas por profundas reformas que sufrió la estructura del Estado en este periodo, y que produjo entre 1978 y 1984 masivos despidos de causa administrativa o económica como los provocados por las reformas: previsional, municipal, estatuto docente, salud, regionalización del país, privatización del patrimonio económico fiscal, que arrojaron graves consecuencias que aparecen registradas en el citado listado pero que nunca fueron de carácter político tal como lo define la ley en sus artículos respectivos.

En un informe secreto, sin registro ni firma responsable, de fecha Diciembre del 2007, la unidad responsable de este proceso de calificación, envía a sus superiores en el Gobierno, un diagnostico enumerando las dificultades que han tenido para cumplir su rol, al leer algunas afirmaciones que contiene, la perplejidad nos inunda: en el punto 3.3, reconoce que el SAG no esta en condiciones de certificar a miles de postulantes campesinos, porque no cuenta con los registros, entonces, nos preguntamos, como ha calificado a miles pertenecientes a este sector; en el punto 3.5, reconoce la intervención de tramitadores los cuales, en forma fraudulenta según declara, han operado esta ley por espacio de años, motivando la presentación de miles de solicitudes, adulterando documentos, etc, etc. Nos preguntamos, porque estos delincuentes conocidos por el Ministerio del Interior, no han sido entregados a la justicia y hasta el día de hoy, tienen abierta las puertas de esta oficina publica; en el punto 3.6, reconoce las malas practicas de algunos comandos que por años han operado esta ley, aquí la situación descrita es realmente grotesca, ha sido la organización oficialista de exonerados la que ha sido protegida por los Gobiernos desde 1990, el único interlocutor oficial, el cual es beneficiario de prevendas de todo tipo, incluidas las económicas, con las cuales ha engañado a la gente, estas organizaciones jamás han hecho una denuncia sobre este escándalo que hoy conoce la opinión publica, transformándolos en cómplices de este oprobio, adjuntamos el citado informe.

Quizás, toda esta vergüenza para el país y la ofensa que significa para las victimas legitimas, este contenida en las declaraciones del Senador y presidente del Partido Socialista, señor Escalona quien declaro: “que la propia contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias a lo largo del país registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión” (P. Bonnefoy, el Ciudadano 28.11.08y el Mercurio 27.11.08)

Después de estas declaraciones y los hechos fundamentados mas arriba, la acusación de intervencionismo electoral aparece obvia, pero antecedentes concretos serán entregados al Ministerio Publico en el requerimiento que presentaremos inmediatamente.

Desde el año 2001, nuestras organizaciones regionales y la Dirección Nacional, han venido denunciando estos hechos ante toda la institucionalidad del Estado: Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema, Contraloría General de la República, han sido interpeladas por esta organización para que cumplan el rol que la Constitución les mandata.

Hace diez años, venimos interpelando en el cumplimiento de su rol, a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, sin que hayan reaccionado, lo que claramente ante estos hechos escandalosos, nos demuestra la irresponsabilidad con que se ha actuado. Solo últimamente, a partir de Mayo pasado, hemos percibido un cambio positivo en término a estudiar nuestros planteamientos y buscar soluciones.

Estamos ante un asunto de la mayor gravedad para el país, aquí, se ha traficado, mercantilizando la única ley global que humaniza la relación entre los hombres, porque los Derechos Humanos hoy día, constituyen un conjunto de cuerpos jurídicos que transformados en Convenios, Tratados, Protocolos, Convenciones, y la Declaración matriz, obliga a los Estados firmantes a establecer con sus ciudadanos, una relación humanizada.

Los hechos aquí demostrados, constitutivos de graves delitos, serán entregados a la Justicia y a la Contraloría General de la República, en sendos recursos, los cuales, contendrán cientos de testimonios entregados a lo largo del país.

Capitulo VII: La reinserción social de las victimas

La institucionalidad competente del Estado ha caracterizado jurídicamente las leyes sobre exoneración política, a través de resoluciones y fallos, que forman parte de una jurisprudencia que marca los criterios de aplicación de esta ley, esta jurisprudencia dice lo siguiente:

1.- Contraloría General de la República

Esta institución autónoma encargada del control de la legalidad de los actos de la administración, ha definido las leyes de exoneración política en sus resoluciones: 037353/ 28.9.2000 y 001924/ 16.1.96, las cuales textualmente dicen: “que la ley 19234, en cuanto establece beneficios especiales para personas exoneradas por causa política, constituye un sistema normativo completo y coherente que debe interpretarse en el contexto que se encuentra inserto, de modo que exista armonía entre las disposiciones que lo conforman y los principios valoricos que los sustentan, como asimismo con los fines y propósitos que ellas persiguen o protegen. Así, para determinar la base de cálculo de la pensión, es menester recurrir a otros preceptos del ordenamiento en estudio que permitan por la vía de la hermenéutica legal, alcanzar los objetivos previstos por el legislador en cuanto a que las normas dictadas en estas materias produzcan consecuencias jurídicas”; y “las pensiones no contributivas son pensiones de gracia que revisten una condición muy especial que escapa a las reglas generales en materia impositiva. Con todo, si bien este beneficio no constituye una pensión de régimen, posee un claro fundamento impositivo”.

2.- Superintendencia de Seguridad Social

Esta institución reguladora de las normas sobre seguridad social, en sus resoluciones: 011903 de 5.4.2001 y 39845 de 2.11.2000 declara: “que la normativa sobre reparaciones a la exoneración política trasciende el ámbito de la seguridad social, ya que no están regulados por la normativa al régimen previsional, son beneficios especiales, ya que ellos se generan en una normativa que trata sobre beneficios por gracia excluyendo a las normas sobre exoneración política del régimen previsional, y por ende, de la facultad de regular estas normas”.

3.- Corte Suprema de Justicia

El máximo tribunal de justicia del país, en la Resolución 33846 del año 2007, sentencia lo siguiente: “que la ley 19234, es de reparación y otorga beneficios de seguridad social por gracia” y en su considerando séptimo: “que es necesario precisar que las pensiones no contributivas otorgadas en conformidad a la ley 19234, a quienes se les ha reconocido la calidad de exonerado político, constituyen una situación de excepción y de naturaleza jurídica distinta a las pensiones de los sistemas ordinarios de seguridad social”.

Estas resoluciones y fallos, de las máximas instituciones competentes del Estado en la materia, han sido vilmente vulneradas por la administración de los sucesivos gobiernos desde 1993, año de promulgación de esta norma.

La Contraloría General de la República, ha modificado sucesivamente la jurisprudencia, adoptándola a los criterios referidos en las resoluciones y fallos arriba señalados y que constituyen el marco jurídico para aplicar esta ley. Desgraciadamente, el ente contralor, no hace respetar su propia jurisprudencia, permitiendo el abuso y la ilegalidad, expresada en el irregular proceso de calificación y en la determinación del carácter de la reparación contenida en este criterio marco y dejando en la absoluta indefensión a los legítimos beneficiarios. Esto, ha sido un obstáculo insoslayable para la reinserción social de estos ciudadanos ,ya que la única fuente de reparación promulgada para este tipo de violación proviene de esta ley.

Baste decir, que la expropiación del patrimonio previsional consagrado en la ley llevado a valor económico reciente y tratado como históricamente lo han sido los fondos de capitalización individual del sistema AFP, serían hoy el equivalente a 1 billón 300 mil millones de pesos, contra el total que ha gastado el Estado en la aplicación de esta ley que no alcanza al 30 % de este patrimonio expropiado.
Los principios que la norma internacional define para una reparación efectiva son: integralidad, universalidad, simultaneidad, eficacia, legalidad, proporcionalidad con el daño causado y legitimidad. En el caso de esta ley, ninguno de estos principios se cumple, es una ley oportunista que tiene como principal objetivo que el Estado eluda el conflicto social, a su vez, evade la obligación que el país tiene para con la norma internacional sobre DDHH para lo cual, no ha tenido escrúpulos de ninguna especie.

Capitulo VIII: Conclusión

1.- La ley de exoneración política, junto al resto de las normas que sobre Derechos Humanos, ha promulgado el Estado chileno, constituye un conjunto jurídico que busca como objetivo principal: la evasión del conflicto político- social, el equilibrio político en un ambiente gravemente conflictuado en 1990, y que obedece al cumplimiento de acuerdos secretos en 1989 con la tiranía, pero que en ningún caso, ha tenido como fin la obligación comprometida con la sociedad chilena y el mundo en materia de la violación de los derechos fundamentales de los chilenos en el periodo 73-90.

2.- Por esta razón, la ley aquí analizada forma parte de una política gravemente traumática, por los efectos que ha producido por segunda vez en la persona, e inmoral, por la instrumentalización que se ha hecho de ella para fines espurios.

3.- Nuestra acción antes y ahora, ha sido y será, la reivindicación del concepto valórico que contienen los Derechos Humanos, la defensa de las personas que por abrazar un ideal vieron interrumpida su vida y sufrieron profundos traumas que han determinado su existencia hasta el día de hoy. Ante este escándalo, nuestra acción será la de buscar persistentemente la responsabilidad de los culpables principales, que revestidos del fuero que da el poder, han instrumentalizado la ley, el valor paradigmático del concepto, y utilizado a las personas para cumplir estos fines deleznables. Jamás, nuestra acción ira contra la gente, ni menos, contra las legitimas víctimas, las cuales, serán reivindicadas y sacadas de listas oprobiosas que solo producen vergüenza, a ellos queremos manifestarles, que se encuentran protegidos por la ley 19880 artículo 53, que determina un plazo de dos años para revisar la condición de exonerado político y que además los defiende el artículo 4 de la ley 19260, que declara: para revisar las pensiones a la minoría que ha percibido este beneficio, existe un plazo de tres años, contados desde su otorgamiento. (Dictamen 3012, 21.1.2009, Contraloría General de la República).

4.- Por estos antecedentes y los contenidos en los siete capítulos anteriores, recurriremos en búsqueda de justicia e igualdad, interponiendo, en uso de nuestros derechos, los recursos necesarios ante la justicia y la entidad encargada de la legalidad de las acciones del Estado. Además, interpondremos un recurso ante la Corte Interamericana de DDHH de la OEA, denunciando estos hechos y solicitando se sustancie una causa en contra del Estado chileno.