"LA FISCAL XIMENA CHONG A PETICIÓN NUESTRA, OFICIÓ A TODA LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO COMPROMETIDA EN ESTE GRAN ESCANDALO QUE AFECTA A LOS DERECHOS HUMANOS"

RUC                                             1000335441-0

DELITO                                      FRAUDE AL FISCO ART. 239

FISCAL_______________________XIMENA CHONG CAMPUSANO  

Señora Fiscal:

Los estados violan los derechos de las personas de variadas formas: En Chile, esta violación ha sido perpetrada transgrediendo flagrantemente de hecho y de derecho el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política del Estado. Esta realidad, queda expresada en múltiples fallos de la Ilustre Corte Suprema de Justicia de Chile, especialmente en el considerando Octavo del fallo en la causa:” Ortega con Fisco de Chile”, el cual, además sentencia, que las leyes dictadas y que dicen obedecer a fines de reparación de los daños producidos por estas violaciones, son meras leyes asistenciales, como consecuentemente, lo son sus beneficios.

Es precisamente en estas malas leyes asistenciales, violatorias de la obligación de Chile, donde se ha producido otra transgresión, en este caso, nuevamente contra las personas las cuales son retraumátizadas por el oprobio del escándalo. Y además, contra el interés fiscal, el cual, representa a la sociedad, que en este caso, resulta seriamente dañado en cuanto a montos de recursos involucrados y a la imagen de Chile, como país inmoral y falto de ética pública, al no trepidar al usar instrumentalmente para fines abyectos, un patrimonio de la humanidad, como son los Derechos Humanos.

Cuando esta parte interpuso estas graves denuncias ante el Ministerio Público, respaldó sus dichos con varios archivos de documentos que contienen pruebas fehacientes de lo denunciado, como asimismo, entregamos nuestro testimonio y el de  varias personalidades de distintos ámbitos de nuestra sociedad que respaldan los hechos denunciados, todos ellos incorporados al proceso, según usted me informó. A su vez, todos estos antecedentes motivaron su decisión de ordenar a la Bridec iniciar la correspondiente investigación, para lo cual, prestamos declaración tanto en el caso Becas Valech  como Exonerados Políticos, entregando a esta brigada investigadora una gran cantidad de antecedentes documentales para que dirigieran su investigación.

Entendiendo que la gravedad de lo denunciado debía tener sólidos respaldos, por la implicancia de las más altas autoridades del país en la comisión de delitos, y la participación de los poderes de un Estado que aparecían coludidos institucionalmente por acción u omisión en el atropello de la Ley y la Constitución, nos propusimos involucrar a esta institucionalidad, la cual, había sido renuente a cumplir con sus deberes desde 1998, fecha en que iniciamos esta denuncia. En esta ocasión, obligándolos a cumplirlos a través de las facultades que la propia ley les otorga.

Solo la presión mediática directa podía doblegar a estos poderes intimándolos a cumplir su rol, ya que por espacio de años habían negado el contenido de  reportajes de un periodismo investigativo serio, de libros que trataron sobre el tema de la educación superior en Chile, de sesiones especiales de la Cámara de Diputados donde Vidal y Harboe, ambos Ministro y Subsecretario, se permitieron desmentir al suscrito, sesión que muestra hasta donde son capaces de llegar en su osadía mentirosa y que hoy les revota cuan boomerang, texto que se encuentra a disposición de esa fiscalía.

La importancia de este tema para la opinión pública y la gravedad de nuestra denuncia tanto para el caso Valech como para el caso Exonerados, motivaron una serie de espacios dentro de los medios de comunicación que mediante entrevistas, foros y reportajes a través de: radio, prensa escrita y televisión, desarrollaron un completo análisis del tema. En este período, Televisión Nacional de Chile y Canal Trece, nos propusieron nuestra colaboración en reportajes que desarrollaran ambas temáticas: “Esto no tiene nombre” en canal Nacional y “Contacto” en canal Trece, fueron los elegidos y durante meses trabajamos orientados por la información entregada, verificándola y completándola aún más con testimonios personales entregados por los involucrados. Es necesario decir para los fines de esta causa, que el programa “Contacto” fue censurado por el gobierno de Bachelet, y el canal pospuso sin causa justificada su emisión ya programada. Posteriormente, ante nuestra insistencia, Cortazar, director ejecutivo de este canal,  intento igual propósito sofocador, fracasando por la presión ejercida desde todo un periodismo honesto que no permitió este atropello al derecho a ser informado. En el caso Cortazar, también debemos decir, que el intento censurador por él ejercido, obedece a su responsabilidad como gestor de la ley de Exoneración Política, cuando él fue Ministro del Trabajo, y a las graves consecuencias que esto ha tenido.

La emisión de ambos programas periodísticos causo tal impacto, que las puertas de esta institucionalidad negligente, irresponsable y corrupta, comenzaron a abrirse para dar paso a todo un proceso de investigación postergado por años, y que nos mostraría la gravedad y también ratificaría todo lo aseverado por esta parte. Hoy día, es la propia institucionalidad del estado acusada, la que reconoce su responsabilidad en la comisión de actos de diferente naturaleza, todos ellos irregulares o dolosos, debiendo ese Tribunaltipificarlos y definir a los responsables formalizándolos.

De esta forma, esa Fiscalía hoy cuenta en el proceso de construcción de la prueba, con antecedentes entregados por la propia institucionalidad cuestionada y que consisten, hasta este momento: En, Informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados de Chile, para los casos Becas Valech y Exonerados Políticos; Del Ministerio del Interior, sobre la investigación de 50.000 casos de exoneraciones políticas; De la Contraloría General de la República, consistente en: Informe de Cuentas y Auditoría, para ambos casos; De un informe sobre la investigación ordenada a la Bridec, que aún desconocemos, para ambos casos, y que al tenor de lo acontecido, debiera involucrar la investigación del total de casos calificados y los beneficios entregados, tal como lo realizó el M. del Interior; Toda, la información entregada por esta parte, tanto testimonial como documentada, y que consiste en análisis de todo el proceso desde el punto de vista de la historia de los hechos, la historia de ambas leyes etc…; Testimonios de destacadas personalidades, algunos Premios Nacionales, que corroboran a través de declaraciones y entrevistas lo ocurrido y denunciado; Todo un set de artículos de prensa, reportajes, programas televisivos, que además de ser un complemento importante por su carga probatoria, ratifica en lo sustancial, lo denunciado para ambos casos; Varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de Chile, por los criterios en derecho que contienen referidos a los derechos fundamentales de las personas, en este caso, gravemente atropellados.

En el esfuerzo desplegado por esta parte para respaldar nuestra denuncia, nos ha llamado la atención, la absoluta displicencia del Ministerio de Educación para el caso Becas Valech, a pesar de la grave responsabilidad que le compete. Baste mencionar lo informado por el Contralor General de la República, en sesión de Comisión Investigadora sobre este tema: En el año 2008, este Ministerio asignó a este ítem: 78.000 millones de pesos sin respaldo ni control de la legalidad por parte de Contraloría, no sabemos los montos asignados para los años anteriores o posteriores y si también fue violado el control regulatorio.

La opinión pública no conoce el resultado de los sumarios anunciados por el entonces ministro Lavín, desconocemos el porqué, no se han interpuesto las correspondientes querellas que ameritan transgresiones tan graves como estas, no sabemos si este ministerio puso los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí sabemos es que este fraude fue cometido usando los más burdos y groseros procedimientos, donde fue afectada la dignidad de miles de chilenos que fueron usados como medios para la obtención de ganancias viles, donde fue usado un deleznable tráfico de influencias, donde ex ministros de la cartera usaron sus influjos,  donde se usaron los más increíbles procedimientos para coludirse y donde, forman una sucia alianza enemigos políticos para la obtención de lucro.

También nos causa asombro la inacción de la Contraloría General de la República, en los procesos de aplicación de ambas leyes. Haber permitido la aplicación de la ley llamada Valech, sin Reglamento de Aplicación, conforme a normas legales: inconstitucional y contrario al espíritu de la ley es de sumo grave y debe ser investigado. En definitiva, con respecto a esta ley, fue permitida por parte de Contraloría su aplicación siempre con el criterio de menoscabar el beneficio de educación superior, distorsionándolo totalmente del concepto legal de educación superior contenido en la respectiva legislación y también atropellando el objetivo de la ley 19992 en cuanto al beneficiario, el cual, siempre debió ser el actor principal, según queda consignado en la historia fidedigna de la tramitación de esta ley. Ambos aspectos ilegales, son los que permiten la comisión del fraude al introducir criterios que nunca estuvieron presentes en la formulación del proyecto ley original, ni tampoco en la ley 19992, que solo es modificada muy a posteriori por la ley 20405, en su artículo 5º para precisamente, introducir este criterio, antes, ilegalmente usado. En el caso de ambas leyes: 19234 y sus modificaciones y 19992, la Contraloría General de la República, nunca usó las facultades que le entrega la ley orgánica constitucional que la rige, ni tampoco sus facultades constitucionales, para impedir la comisión de todas las irregularidades que el proceso de investigación ha denunciado. Es el propio Contralor, citado por la Cámara de Diputados, el que reconoce parte de estas omisiones, por ejemplo, en el caso de la ley de exoneraciones políticas, haber permitido la mantención desde 1996, de la Resolución nº 64 de esa corporación, que permite la exención del proceso de control de la legalidad de todos los beneficios previsionales otorgados al sector privado e intervenido, lo que permitió hasta hoy día, la comisión de ilegalidades, arbitrariedades y violaciones a los derechos Constitucionales a miles de personas y permitiendo al I.P.S., actuar sin control de legalidad, aspecto de la mayor gravedad y que debe ser investigado por la justicia.

Resulta evidente la colusión de importantes instituciones del Estado en la comisión de irregularidades, ilegalidades y delitos, como vemos, por acción u omisión, siempre prevaricando por parte de la autoridad, la cual, no puede excusarse de desconocer la norma legal o los hechos, que siempre le fueron denunciados. Creemos que la causa principal de la colusión institucional la encontramos en el cambio inicuo de los objetivos que tuvieron estas leyes, que las transformaron de selectivas con universos de beneficiarios acotados a los hechos histórico-políticos, en normas que satisfacían otros intereses, absolutamente divorciados de la reparación con fines humanitarios.  La instrumentalización con fines de usarlas como vehículos de un masivo proselitismo electoral y el lucro, son los principales objetivos perversos: El universo de beneficiarios fue consensuado para el caso de exonerados, en 56.000 personas al momento de enviar el proyecto de ley original, y posteriormente en 1998, ante la primera modificación de la ley. Resulta que a la fecha, el proceso ha recibido más de 250.000 solicitudes y calificado a más de 160.000; Siempre la ley de exoneración política fue modificada en períodos pre electorales, ampliando los períodos para presentar más solicitudes de calificación, incluso se comete el extremo de presentar un proyecto de ley, durante el período de Ricardo Lagos, con un solo artículo que cumple este objetivo, diez años después de promulgada la ley matriz, y que generó más de 100.000 solicitudes que aún se tramitan; Hoy día, después de iniciado el proceso investigativo por parte de la autoridad administrativa, esta realidad no puede ser desmentida: tráfico masivo de influencias de parlamentarios, autoridades de todo tipo, falsificación de certificados en las mismas oficinas del M. del Interior (“Contacto”), calificación como empresas exoneradoras a partidos políticos, centrales sindicales, por parte de la Contraloría. Y después aceptación, por este motivo, de antecedentes absolutamente falsos de relaciones laborales inexistentes, lo cual viola totalmente la ley 19234 y la legislación complementaria y que sustenta beneficios creados ilegítimamente, todo esto, al amparo de la institucionalidad del estado, lo cual, debe ser investigado profundamente.

Para el caso de la ley 19992 o Valech, la situación no es diferente: Se cambia ilegalmente de hecho, al beneficiario de los estudios de educación superior, llevándolo del actor principal o victima directa  a sus herederos, de esta forma, el beneficio pasa a ser de selectivo, previsto para personas que tuvieron que suspender sus estudios universitarios por la contingencia de la prisión política, a masivo donde este beneficio es trasladado a sus herederos o familiares, desnaturalizando totalmente el sentido del derecho reparador; También se distorsiona el concepto que la ley de educación superior respectiva, le entrega a este tipo de estudios, llevándolo también de hecho a estudios de dudoso contenido, a los cuales tienen acceso personas analfabetas o semi- analfabetas, sin licencia secundaria. (“Esto no tiene nombre”). Todo esto, con la autorización de una institucionalidad coludida que permite se cumpla el objetivo principal al distorsionar, ahora, una vez aceptada la ilegalidad, el Lucro. Aquí tal como en el caso de exoneraciones políticas, los efectos de la ley son masificados ilegalmente. En un caso, para fines electorales, y en otro, para fines de lucrar ilegalmente.

Esta masificación ilegal que surge como efecto de la instrumentalización que el Estado hace de estas normas legales, produce variados efectos: Distorsiona gravemente los hechos históricos; Obliga a los agentes del Estado encargados de aplicar la ley, a introducir criterios que modifican el espíritu de los beneficios reparadores, ya que esta masificación termina con la viabilidad presupuestaria de la ley, y la única forma que la recupera es introducir ahorros, mediante el manoseo interpretativo de estos derechos reparadores, desnaturalizándolos, quitándoles su sentido; Perjudica gravemente a las reales víctimas.

Señora Fiscal, el actual Ministro del Interior, al referirse a este escándalo lo calificó como: “Uno de los más grandes de nuestra historia”, calificativo que compartimos, fundamentalmente por los valores que están en juego, haber estigmatizado un patrimonio como los Derechos Humanos, después de las experiencias de nuestro pasado reciente y las experiencias de nuestra historia, es una conducta que no puede quedar sin un castigo ejemplar aplicado conforme a la norma legal y sentenciada por tribunal competente sobre las principales autoridades políticas y administrativas del país, responsables de estos fraudes y delitos. Este es el camino que hemos tomado como ciudadanos, víctimas directas y denunciantes en esta causa. Desgraciadamente, al parecer, el Ministerio Público no lo ha considerado así y el tratamiento que se le ha dado al proceso es el mismo de cualquier delito común de poca importancia. La realidad nos muestra otra situación, aquí estamos ante una causa emblemática para un país con las experiencias traumáticas de este, aquí nos encontramos ante la utilización abyecta por parte del poder, de valores y patrimonios que son la última reserva de la humanidad, los cuales, son mancillados y transformados en objeto de fraude y delito. Es por esta importancia y la complejidad que el proceso tiene, que debieron destinarse equipos especiales, experimentados en este tipo de temas, se debió haber declarado y nombrado un Fiscal especial. Solicitamos su opinión sobre el particular, ya que es oportuno plantear esta inquietud al Fiscal Nacional.

El estado de avance que ha alcanzado el proceso investigativo en los otros poderes del Estado, la cantidad de información recopilada en estudios, opiniones, historia objetiva de los hechos, nos impulsan a solicitar a esa Fiscalía las siguientes diligencias:

I.- A la Presidencia de la República:

-Remita a esa Fiscalía, todas las denuncias sobre el fraude y los abusos cometidos en la aplicación de estas dos leyes: 19234 y sus modificaciones y 19992, desde el año 2000 hasta la fecha.

-Remita a esa Fiscalía, todas las órdenes e instrucciones que emanaron de la Presidencia de la República, como consecuencia de estas denuncias.

II.-Al Ministro del Interior:

-Remita a esa Fiscalía texto integro del Informe Investigativo sobre la calificación de 50.000 casos de exoneraciones políticas (Mercurio: 8.4.12)

-Informe a esta Fiscalía, sobre el proceso de investigación y revisión de los beneficios concedidos en el marco de la ley de exoneración política, a fin de determinar las irregularidades existentes, acción propuesta por la Cámara de Diputados y necesaria en conformidad con la investigación llevada a cabo por esta corporación.

-Remita a esta Fiscalía, los sumarios llevados a cabo por ese Ministerio como consecuencia de las irregularidades cometidas por esa institución en el proceso de aplicación de la ley 19234 y sus modificaciones.

III.-Al Ministro de Educación.-

-Remita e esta Fiscalía, el texto integro de todos los sumarios llevados a cabo como consecuencia del presunto fraude al fisco cometido en el proceso de concesión de las llamadas becas Valech de la ley 19992.

-Informe a esta Fiscalía, sobre todas las acciones que ha iniciado ese Ministerio como consecuencia de este escándalo denunciado, ante la institucionalidad del Estado, ante el Ministerio Público, ante el Consejo de Defensa del Estado, ante la Contraloría General de la República etc..

-Informe a esta Fiscalía, sobre las acciones llevadas a cabo para cumplir lo propuesto por la Cámara de Diputados en su informe, página 41 Nº 1 de Propuestas.

-Informe a esta Fiscalía,  el total de becas otorgadas al amparo de la ley 19992: con indicación de año de concesión; con indicación del beneficiario principal; indicando Ministro de Educación que ejercía al momento del otorgamiento; Universidad favorecida; carrera elegida; montos pagados por el Estado en cada caso.

-Informe e esta Fiscalía, el total de montos otorgados con amparo en el beneficio de educación concedido por la ley 19992, indicando año de concesión y si el proceso contó con el procedimiento de toma de razón y registro, tramitado ante la Contraloría General de la República.

IV.-Al Contralor General de la República.-

-Informe a esta Fiscalía: El motivo por el cual permitió la aplicación del beneficio de educación superior de la ley 19992, sin contar con Reglamento de Aplicación aprobado por Contraloría o con las falencias e irregularidades indicadas por la Cámara en su Informe, página 39 Nº 2 “ Sobre el Reglamento”.

-Indique a esta Fiscalía: El motivo por el cual, Contraloría permitió se cambiara al beneficiario principal por un sucesor hereditario, sin que la ley lo contemplara, constituyendo por esta vía, una modificación sustancial de hecho que viola la esencia  del beneficio.

-Indique a esta Fiscalía, el motivo por el cual, a pesar de todas las responsabilidades que el Informe de Investigación de la Cámara entrega a Contraloría, esta no aplicó las medidas sancionadoras que su Ley Orgánica Constitucional prevé para estos casos y las facultades que la Constitución entrega al órgano regulador.

-Explique a esta Fiscalía las causas del porqué, Contraloría a pesar de la gravedad de las irregularidades y presuntos delitos señalados en el Informe de la Cámara de Diputados, aún no entrega un informe general de auditoría, un informe de cuentas e inicia las acciones legales, de todo el proceso de asignación del beneficio de educación contenido en la ley 19992.

-Remita a esta Fiscalía, texto integro del Informe General de Auditoría e Informe de Cuentas, sobre la aplicación de la ley 19234 y sus modificaciones, comprometido con la Cámara de Diputados y anunciado por el Sub Secretario del Interior (Mercurio: 8.4.12).

-Explique a esta Fiscalía, el efecto que produce en el acto de comisión de irregularidades e ilegalidades o violación de derechos constitucionales, la vigencia de la Resolución Nº 64 desde 1996, la cual, excluye del examen de legalidad obligatorio, respecto de todos los beneficios previsionales  otorgados al sector mayoritario de los beneficiarios de las leyes de exoneración política.

-Explique a esta Fiscalía, como la Resolución Nº 64 de Contraloría, permite la violación de la ley de exoneración política, la violación de la jurisprudencia de la propia Contraloría con respecto a esta ley, al desproteger a un alto número de personas beneficiarias de esta ley, del proceso de control de la legalidad.

V.-Al Ministro del Trabajo y Previsión Social.-

-Indique a esta Fiscalía, como ese Ministerio garantiza la protección de los derechos legales y constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ley 19234 y sus modificaciones, afectados por la Resolución Nº 64 de la Contraloría General de la República, que los exime del proceso de control de la legalidad en el acto de aplicación de la ley señalada.

-Indique a esta Fiscalía, las razones que ha tenido ese Ministerio para no contestar el requerimiento de fecha 05 de Abril del año 2011, de los denunciantes de esta causa: Señor Raúl Jóse Celpa López y Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex Presos Políticos de Chile, que particulariza sobre la gestión de las instituciones dependientes de ese Ministro, graves irregularidades relacionadas con discriminación, desacato a la jurisprudencia de Contraloría con respecto a las leyes de exoneración, desacato a resoluciones de la Superintendencia de Previsión Social que buscan favorecer grupos de poder, violación de la ley y de los derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de estas leyes.

VI.-A la Universidad UNIACC.-

-Indique su representante legal: Los actos legales o financieros mediante los cuales los señores: Mariana Aylwin B., Jorge Schausohn y Daniel Farcas, llegan a ocupar cargos en el Consejo Directivo de esa Universidad.

-Indique su representante legal: Los nombres completos de los  miembros del Consejo Académico de la Universidad a partir del año 2004.

-Indique su representante legal: La relación legal contractual de la Universidad Uniacc con el señor Héctor Peña Veliz (Mop-Gate).

-Indique su representante legal: La relación laboral contractual de la Universidad Uniacc con dirigentes de organizaciones de ex presos políticos.

-Indique su representante legal: El total de recursos recibidos provenientes de Becas de la ley 19992, pagadas por el Ministerio de Educación, por año, con indicación del beneficiario principal y el nombre del programa académico.

VII.-A los Medios de Comunicación.-

-A Canal 13 Televisión: Sea remitido a esta Fiscalía, texto integro del reportaje “Pensiones bajo sospecha” del programa “Contacto”.

-A Canal Nacional de Televisión: Sea remitido a esta Fiscalía, texto integro del reportaje sobre la entrega de becas Valech de la ley 19992, del programa: “Esto no tiene nombre”.

Como usted ve Señora Fiscal, los avances alcanzados en materia investigativa, nos permiten hoy solicitar estas diligencias ya que su resultado cualquiera sea, puede ser cruzado con las diferentes fuentes de la información con que se cuenta.

Raúl Jóse Celpa López

A LOS PARTIDOS POLITICOS CHILENOS

A  sus Dirigentes y Parlamentarios

 

En los últimos treinta y nueve años, los Derechos Humanos de los  chilenos han constituido un tema recurrente en el debate público, no podía ser de otra forma: En un momento de nuestra historia reciente, la  sociedad chilena aterrada se enfrentaba a una guerra interna declarada a un sector del cuerpo social y lo partía en dos, lo cuestionaba y destruía.  No solo en el ámbito de la materialidad, sino, desmembraba todo su ciclo paulatino de desarrollo, nuestra cultura vernácula, nuestro desarrollo sapiente, nuestras costumbres, opciones, ideas y proyectos de vida, eran anatemizados por unos tiranuelos emulando una república bananera. Los procedimientos: los ya conocidos por el país, los mismos aplicados en Brasil, en Centro América, en Indochina, en Argelia, y posteriormente Argentina, la vieja receta, la Doctrina de Seguridad Nacional, aprendida por las élites de excelencia de las fuerzas armadas chilenas y de los países satélites de EEUU en la Escuela de las Américas, en Fort Knox, en Panamá, en todas aquellas aulas creadas por el amo del imperio para capacitar y mentalizar a los que en algún momento fueron creados para independizar a sus pueblos, y ahora, se les reconvertía transformándolos en lideres de un sector que declaraba una guerra fratricida.

Porque eso fue lo que ocurrió en Chile entre 1973 y 1990, señores, acaso ustedes no lo sabían cuando idearon y aprobaron la perversa política llamada de Derechos Humanos del Estado de Chile, sinónimo de impunidad, falsificación de la historia real, injusticia e estigmatización de los vencidos. Nos preguntamos la causa de aprobar leyes especiales para reivindicar la dignidad vulnerada de las personas que lideraron a este sector, cuando Chile, está obligado por el artículo quinto de nuestra cuestionada Constitución ha subordinarse  a las normas del Derecho Internacional Humanitario. La respuesta la encontramos en los sucesos ocurridos con estas ilegitimas leyes y en ciertos hitos que marcan la voluntad política del poder, que ustedes representan en los últimos veintidós años en Chile: Primero, salvar al estado mayor de la tiranía que asolo al pueblo chileno durante diez y siete años, salvando a las instituciones armadas de todo cuestionamiento o juicio público; Segundo, salvar al estado mayor de la civilidad comprometida seriamente con las causas del quiebre institucional, de las políticas de aniquilamiento del enemigo interno y de la imposición de un proyecto de vida que deshumanizó a nuestra sociedad.  Porque esa es la base política de los acuerdos de 1989 que dan sustentabilidad a la transición, que al final del camino, termina siendo la continuidad ideológica y material del proyecto impuesto por los tiranos.

 Su hito más significativo: El forcejeo con la justicia  para salvar a Pinochet de la segura condena de los tribunales internacionales por su responsabilidad con los crímenes que dan origen a esta carta pública. Montando un sainete de pacotilla, nuestro canciller y actual secretario general de la O.E.A. arrebata de las manos de la justica, al criminal, y lo trae sano y salvo para que goce de su estado de impunidad y prerrogativas como senador designado. Estos hechos absurdos y tragicómicos producidos por estos aberrantes acuerdos son traducidos por el dramaturgo Jorge Diaz, padre del drama del absurdo, en su obra: “Nadie es profeta en su espejo” una de las más poderosas metáforas sobre la transición chilena, donde nos cuenta: “Un travesti es levantado por un miembro de la inteligentzia concertacionista y pronto descubre que ambos son antiguos militantes del Mir. Uno fue traidor y el otro fue traicionado. En el presente, travesti y funcionario siguen traicionando y traicionándose”.

Nuestro pueblo siempre perspicaz, motejó esta forma de hacer política, este sincretismo donde se anulan las diferencias ideológicas, las opciones de vida, la disparidad, como obra de una nueva sub clase social y la tildó de: “La clase política”, engendro travestido cuyo único fin, es buscar la sustentabilidad en el ejercicio del poder a cualquier precio. Los grandes paradigmas de la democracia chilena solo serán realidad “en la medida de lo posible” como acuñó un ex presidente. Los tres tercios, histórica realidad, que describía el panorama desde el punto de vista ideológico de la política chilena, era derogado, se excluían las ideas del debate público y era reemplazado por “la política de los acuerdos”, donde paradojalmente, siempre triunfa la preservación del proyecto impuesto al país por la tiranía, tanto en lo institucional como en el modelo de desarrollo del país.

 Los partidos políticos dejan de tener sentido en lo que fue su rol en la sociedad chilena, se acaban los proyectos de desarrollo sustentado en principios de tipo filosófico, será impensable una experiencia como “La revolución en libertad”, se anulan el centro político y las izquierdas, para dar paso solo a un proyecto, el de las derechas, coincidente con un  mundo globalizado, unipolar, dominado por esta tendencia.

Esto nos obliga para una mejor comprensión de esta nueva realidad política chilena, denominar a un sector como “Los Unos” y al otro sector como “Los Otros”.

 Los Unos, son los que se presentaron al plebiscito de 1988, representando la opción del “No” y lo ganaron, con un programa   que después repiten para las elecciones de 1989 que también ganan, lo que les posibilitó estar en el gobierno del país durante veinte años y no aplicando jamás lo fundamental de las promesas ofrecidas al país, muy por el contrario, traicionado las esperanzas de un sector mayoritario de la sociedad, al sustentar desde el gobierno el proyecto neoliberal. Los Otros, como se imaginaran, son los que imponen y sustentan con su apoyo este proyecto ilegitimo en su génesis, pero que después de 1990, va adquiriendo legitimidad al contar con el patrocinio del poder institucional ejercido por Los Unos. Esta deleznable realidad al correr del tiempo, a producido una crisis de representatividad de tal magnitud, mostrada por la última encuesta de influencia de los partidos políticos chilenos, hecha por la Universidad Diego Portales, dada a conocer solo esta semana, donde este ascendiente solo llega al 7%.

En este contexto, de traición, intrigas y mentira, se promulgan leyes sobre  Derechos Humanos, ilegitimas por su inconstitucionalidad y contradicción con las obligaciones internacionales del país, que dicen reivindicar a chilenos que fueron salvajemente vulnerados en su dignidad, en sus derechos y su integridad física, pero que al final, terminan siendo instrumentos de un tráfico vil para obtener prebendas electorales, dividendos económicos y beneficiar a victimarios.

Hoy, por primera vez en Chile durante este período, hemos obligado al  Estado a intervenir para transparentar este gravísimo escándalo, porque así ha sido señores, la aplicación de las leyes promulgadas  por ustedes sobre Derechos Humanos en Chile, se han transformado en uno de los más graves fraudes de nuestra historia, esta grave realidad denunciada por nosotros durante catorce  años, hoy cuenta con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Chile, al cual, interpelamos para que actuara a través de toda su institucionalidad. La tarea no ha sido fácil, ha significado enfrentarse a toda la realidad antes descrita, a destruir la colusión de intereses producida por los acuerdos que daban sello a la transición con respecto particularmente, a Derechos Humanos.

Porque este proceso de reconocimiento Estatal del fraude que hoy presencia nuestra sociedad, a significado una labor ardua para nosotros: Desde el año 2000, hemos requerido e interpelado al Presidente de la República, al Contralor General de la República, a los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a los Presidentes de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.

 Miles de recursos por nosotros patrocinados de nuestros representados ante la Contraloría, que crearon o modificaron toda una jurisprudencia para aplicar estas leyes, que ahora el Contralor durante el proceso de investigación denuncia a la Cámara, que es desacatada y violada, por el aparato administrativo del Estado dependiente del Ministerio del Trabajo. Resoluciones de la propia Contraloría, que dejan fuera del proceso de control de la legalidad al sector mayoritario de los afectados de exoneración política desde el año 1996, hasta hoy, todo esto, contenido en el respectivo Informe de la Cámara, motivado por nuestra intervención.

Informe sobre investigación del Ministerio del Interior, sobre 50.000 expedientes de personas acogidas a los beneficios de la ley de exoneración política, que entrega un 18.7% de irregularidades: 9.338 casos de falsificación de antecedentes para ser calificados; 68.7% de las causas irregulares, con documentos entregados por parlamentarios. Proyectados al total de calificados, nos entrega 3l.790 casos irregulares, todo esto, sin considerar el perfil político del solicitante, que es facultad privativa del Presidente de la República lo que determina su responsabilidad, y por la subjetividad de la apreciación presidencial, un resultado insospechado. Lo que confirma, lo denunciado por nosotros.

 Responsabilidad grave de la Contraloría y el Ministerio de Educación, en la autorización del reglamento regulador de  concesión de becas de la ley llamada Valech, denunciado por la investigación de la Cámara, grave negligencia de esta repartición de control de la legalidad en los actos ilícitos cometidos en la entrega de estos beneficios, el año 2008  se entregaron 78.020.290.648 pesos, con cargo a este beneficio, sin control de toma de razón por parte de Contraloría, sin que hasta el momento se haga nada al respecto, gravísima tardanza de Contraloría y el Ministerio de Educación, en la sustanciación de sumarios y juicios de cuenta sobre este escándalo, sin que además, se hayan puesto estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, todo esto, denunciado por el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, originado en la denuncia e intervención de esta organización.

En el caso Retornados del Exilio, la situación es aún más grave, tres informes de la Cámara de Diputados dan cuenta de esta gravedad, desde el ingreso de líneas de crédito internacionales para la reinserción de los exiliados políticos, sin control de Contraloría ni del Banco Central, el robo de los recursos económicos y el ocultamiento de los antecedentes del estos informes de la Cámara y la no sustanciación de la debida querella a los Tribunales de Justicia, por parte de toda la institucionalidad del Estado, que mantiene hasta hoy día, en la total impunidad a los autores de este cuantioso fraude.

Como podemos ver, señores, claramente al tenor de estos antecedentes sustentados por informes de la propia institucionalidad del Estado, podemos presumir colusión del poder ante un procedimiento promiscuo, poderes que se confabulan ante la irregularidad, ante el dolo, siempre y cuando, ni los Unos ni los Otros, sean afectados en los objetivos previamente acordados.

Porque estas leyes aunque ilegitimas, no fueron concebidas para macro horizontes sociales como los que hoy existen producto del ilícito, en  efecto: la ley del retorno fue concebida solo para los exiliados políticos, con reconocimiento del Acnur-Nu ; la exoneración política fue consensuada para 50.000 afectados, hoy existen 160.000 reconocidos y 100.000 solicitudes pendientes; la ley de prisión política y la tortura la más inmoral de todas estas normas, en cuanto al beneficio para estudios superiores,  considera solo estudios suspendidos como efecto de la violación de la libertad. En consecuencia, ante esta deformada realidad había que violar la ley, disminuyendo sus efectos económicos, y esto, a significado perjudicar a las legítimas victimas, que además, son la minoría en estos horizontes deformados, por tanto, sin peso electoral.

Siempre  rechazamos esta forma de encarar la barbarie que vivió nuestro país en su pasado reciente, por las consecuencias que la historiografía social nos muestra de similares experiencias anteriores ocurridas en Chile, una de ellas: La guerra de la Araucanía, oprobio estampado en nuestra historia, cuyo costo social pagamos hasta nuestros días; o las Constituciones que han regido nuestra convivencia social,  las cuales son producto siempre de la imposición del vencedor sobre el vencido en guerras fratricidas, jamás como resultado de procesos democráticos; o las masacres a nuestro pueblo cuando se ha rebelado contra la injusticia, veintisiete en nuestra historia, sin responsables, sin justicia para las víctimas, porque ese ha sido el proceder del país históricamente, absoluta falta de respeto por los derechos de los chilenos, de los pobres, de los vulnerables.

 Los Derechos Humanos como patrimonio del Hombre, fueron letra muerta hasta 1973 en Chile, solo eran exhibidos como argumento, hasta entonces de una lucha ideológica que alimentaba la confrontación bipolar de un período de la historia de la humanidad. Fueron los acontecimientos ocurridos desde entonces, referidos a las características del salvajismo ejercido sobre las personas en nuestro país, los que motivaron la reacción internacional y el despertar de los chilenos sobre sus derechos como personas, como ciudadanos.

Ese fue el hito de inicio de nuestra cultura sobre los Derechos Humanos como pueblo, el dolor de muchos y la solidaridad de millones, desgraciadamente, ustedes señores, salvo honrosas excepciones, pertenecientes al poder político en nuestro país, han eludido este compromiso, los Derechos Humanos constituyen hoy día, el único patrimonio del ser humano, donde está representado el capital  que le da el carácter de tal, no respetarlos constituye una negación de la esencia humana.

 Lo han eludido, al legislar sobre una política ilegitima que contradice el Derecho Internacional Humanitario, del cual Chile es firmante; lo han eludido, al no ejercer la facultad constitucional de controlar la legalidad de los actos de los Gobiernos. Desde 1998, hemos denunciados los hechos irregulares que hoy reconoce el Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sin acogida y respuesta, solo ante una denuncia pública en Diciembre de 1998, y una red televisiva de reportajes levantada por esta organización, el poder político reacciona y hace funcionar a las instituciones… paradojal; eluden su responsabilidad ético moral, como representantes de la sociedad, cuando instrumentalizan con dolo, valores y principios implícitos en el concepto de derechos humanos y lo estigmatizan, con graves consecuencias para nuestra historia futura.

Afortunadamente, no todos han eludido este  compromiso, destacados periodistas chilenos, a través de estos años, han apoyado nuestra acción con sus reportajes que muestran la verdad denunciada. Tres programas televisivos apoyando nuestras afirmaciones: “Contacto”, “Esto no tiene nombre”, los cuales producen un vuelco en la inercia cómplice existente, y hacen funcionar a la institucionalidad, gracias por su apoyo, ética y profesionalismo. Gracias a Maura Brescia por su libro “Manos Limpias”, donde investiga el escándalo del retorno,  y al diario “El Periodista” por su investigación sobre las becas Velech. Gracias a los historiadores Sergio Grez y Gabriel Salazar, por enseñarnos sobre la historiografía social de nuestro pasado, pero también la historia del presente, porque este, también tiene historia. Gracias a María O. Monckeberg, por acoger nuestra denuncia sobre los abusos con las becas Valech, en su libro sobre educación superior. Gracias a Jóse Zalaquett, por sus declaraciones y análisis coincidentes con nuestra apreciación. Gracias a la sociedad chilena por el permanente apoyo a la causa que nos motiva, expresada por varios caminos, particularmente a través de la red social.

“En una época en que proliferan las grandes y pequeñas corrupciones, las claudicaciones y traiciones, los deslices y arréglines, cuando la inercia, el cálculo y la conveniencia recomiendan guardar silencio…”(1)

Hemos querido dirigirnos a ustedes, los representantes del poder político chileno, para invitarlos a una rectificación que permita reivindicar el valor de lo político, invitarlos para que a partir también de valores y principios como son los Derechos Humanos, sean capaces en el contexto de una línea de procedimientos democráticos, modificar esta aberración de nuestra realidad.

Santiago, Abril de 2012.-

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

                                            

(l) Sergio Grez T. Historiador.

Dirección: Dieciocho Nº 45 Of. 301 – fono: 6355233 – Santiago

Mail: raulcelpa@gmail.com

INFORME DE LA CAMARA ACERCA DE NUESTRA DENUNCIA DE FALSOS EXONERADOS
E IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR ESTA ORGANIZACIÓN

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX-PRESOS POLÍTICOS

https://docs.google.com/file/d/0B2HtHI9dLYXHVUU5QTdqRmJTa3FlYVRHWFZzbEdaZw/edit

"Todos a luchar contra la desigualdad, causa de todas las violaciones a nuestros derechos fundamentales"

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

                                    POLITICOS DE CHILE

Santiago, 24 de Febrero de 2012.

 

Señora

Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de

Derechos Humanos de Chile

PRESENTE

Señora Directora:

La historiografía social moderna nos muestra a Chile como un país que en su fase republicana, no ha sustentado su institucionalidad en principios ideológicos cuya esencia, sean los derechos del ser humano.

 Esta verdad, queda estampada reiteradamente en hechos históricos de este período, donde es el ser humano como actor político social, es el que asume el costo de este sello institucional que sistemáticamente entra en contradicción con el avance evolutivo de la humanidad. Esta vergonzosa realidad, que derrumba los chauvinismos de un Chile respetuoso de los derechos del individuo, queda expresado en nuestro estudio: “Los Derechos Humanos Instrumento de soberanía Popular”, en poder de ustedes, desde hace algún tiempo.

Una primera consecuencia que surge del estudio de nuestra historia real, es el relativo al carácter de la Democracia que el país ha construido en este período, el sello de esta fundamental norma de convivencia social, siempre aparece en nuestra historia como resultado de graves conflictos de poder, donde la “sustentabilidad democrática”, es resuelta a costa de los derechos de las mayorías. Esta aberración, queda claramente contenida en el cuerpo constitucional que nos rige en la actualidad, el cual, surge de un profundo conflicto político social, que es resuelto, haciendo uso de una barbarie que quiebra todos los parámetros evolutivos que la sociedad chilena había alcanzado hasta el momento de la conflagración, imponiendo un modelo de convivencia ajena a nuestra cultura vernácula.

Una segunda consecuencia, seguramente la más grave por sus efectos, es la brutal desigualdad social que muestra nuestro país, destacada en los índices internacionales como la tercera más grave del mundo, y además,  paradojal, si la comparamos con el ingreso per cápita del país, los niveles patrimoniales de los más ricos o el gasto para la sociedad, que origina un “representante popular”: 100 veces el sueldo mínimo de un trabajador. Esta violenta realidad, en relación al tema que nos preocupa, nos plantea la siguiente interrogante: ¿Pueden los sectores vulnerables, producidos por la desigualdad, a partir de los instrumentos con que cuentan, luchar por sus derechos? ; ¿No es acaso, esta grave desigualdad social la que genera, hoy día, todas las violaciones a los derechos fundamentales del chileno?

Luchar hoy por los Derechos Humanos, necesariamente, nos obliga a plantearnos estas interrogantes y muchas otras, nos obliga también,  analizar nuestro pasado y extraer de él: los aspectos negativos y positivos que nos permitirán posicionar una propuesta, y que ella   sea coherente con los aspectos ideológico-culturales de nuestro pasado, y contemporánea, para su proyección al presente y al futuro. Nos obliga analizar el comportamiento de los grupos fácticos que han detentado el poder en los últimos 39 años. Los unos, responsables de la barbarie; los otros, haber legitimado el proyecto institucional impuesto en todos sus aspectos, el cual, a pesar de los cambios eufemísticos introducidos, no dejan de ser un modelo de gatopardísmo en el ejercicio del poder, ya que la esencia inhumana de éste, se conserva inalterable. Este cuestionable comportamiento del poder en nuestro país, hoy recibe como respuesta el rechazo de la sociedad, la cual, se autoexcluye de los procesos de participación democrática como expresión de protesta.

En lo particular, nos obliga analizar lo que se ha hecho en materia de Derechos Humanos, y la verdad, es que en este aspecto encontramos el sello de lo que han sido los últimos 20 años en el país: Negociar principios y valores que sustentaron la propuesta de cambio político en los 90s. lo que produjo vergonzosos resultados en tan importante aspecto de nuestra convivencia: como impunidad, fraude al patrimonio social, corrupción, y haber sometido como consecuencia de estas conductas, a las legitimas victimas, a una segunda experiencia traumática. Estigmatizar el concepto de Derechos Humanos, por el escándalo que conlleva, es otro de los resultados de tan aberrantes conductas del poder que debe ser condenado eficazmente por la sociedad y la institucionalidad del Estado Chileno y donde esa institución, con jurisdicción especial sobre el tema, conferida por ley, debe pronunciarse públicamente.

Hoy día, lo que fue una denuncia esgrimida desde hace catorce años por nosotros, y ocultada por una institucionalidad coludida y que contó también con el silencio de los actores sociales: “defensores de los derechos humanos”, es comprobada como una verdad oprobiosa, que debido a su gravedad, no puede ser tergiversada, ni interpretada, donde la misma institucionalidad que la causó y la ocultó, es la que se ve obligada a investigar y comprobar lo denunciado persistentemente, y su gravedad, y la que deberá sancionar a los responsables.

Adjuntamos a este planteamiento de lo que es nuestra posición: los informes de las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, de los casos de denuncia sobre uso fraudulento del beneficio de estudios superiores de la ley 19992 y el informe de la misma corporación, sobre el proceso fraudulento de calificación de la ley 19234 y sus modificaciones, a esto debemos agregar, los informes de las Comisiones Investigadoras sobre el caso retornados, lo que completa el cuadro de irregularidades, fraudes y corrupción que ha inundado la aplicación de esta seudo política de Derechos Humanos en Chile, y sus repercusiones expresadas en grave daño para las reales victimas, las cuales se encuentran en total indefensión, lo que obliga al Instituto a pronunciarse al respecto.

Toda esta situación nos obliga a ratificar lo requerido al Instituto, con fecha 18 de Octubre de 2011 y destacar las acciones emprendidas por ustedes como consecuencia de lo requerido y expresadas en su carta de fecha 16 de Diciembre último, solicitamos además que nuestra posición con respecto a los Derechos Humanos en Chile, contenida en varios documentos en poder de ustedes y tres comunicaciones intercambiadas, sea conocida por el Consejo del organismo y así garantizar la transversalidad de las decisiones institucionales.

Insistimos en los argumentos que encabezan la presente, nuestra posición nunca ha sido corporativizar el tema, muy por el contrario, nuestra situación como sector, es el resultado de 200 años de una contracultura que siempre ha negado los derechos fundamentales del ser humano y que hoy nos somete como a la mayoría a un destino de exclusión.

Atentamente.

Raul Jóse Celpa López

Presidente

Dieciocho Nº 45 Of. 301 Santiago de Chile              Fono: 6355233

E- Mail: raulcelpa@gmail.com

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

                                   POLITICOS DE CHILE

Santiago, 18 de Octubre de 2011.-

Señora

Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de los

Derechos Humanos

PRESENTE

Señora Directora:

En nuestra comunicación de Diciembre pasado, informábamos a ustedes acerca de nuestro pensamiento con respecto a lo que había sido la política que sobre Derechos Humanos había implementado el estado de Chile a través de leyes y otros procedimientos absolutamente divorciados de las obligaciones para con la Constitución Política de Chile y con el Derecho Internacional Humanitario, de cómo, además, de este divorcio violatorio, se habían infringido las normas que constituían estas leyes, manoseando interpretativamente sus objetivos para satisfacer otros intereses como el electoral, etc, etc..

Consecuentes con esta posición crítica, la cual, hemos mantenido durante catorce años, interpelamos a toda la institucionalidad del estado, no encontrando respuesta satisfactoria a nuestra exigencia, a sido la herramienta medíatica, con la cual hemos trabajado durante años, la llave que está permitiendo que este escándalo de insospechadas consecuencias, sea conocido por nuestra sociedad.

El reportaje en cuestión, demostró y comprobó la esencia de nuestra denuncia: conflicto de intereses, tráfico de influencias, en síntesis, corrupción. Ya, otros medios a través del tiempo, habían demostrado por medio de la investigación periodística: privilegios a victimarios y a grupos de poder como ex parlamentarios,  ex autoridades políticas y partidos políticos. Ustedes, tienen cinco archivos digitales donde demostramos metodológicamente la sustentabilidad de nuestro pensamiento crítico acerca de esta seudo política de Derechos Humanos.

Sorprendentemente, hoy la institucionalidad del Estado muestra una voluntad por esclarecer estos hechos, que no tuvo ayer. El peso de la verdad doblegó la negligencia y la irresponsabilidad de instituciones que de haber cumplido su rol, habrían evitado tanto daño a personas que ya habían sido dañadas gravemente, y lo más fundamental, para el futuro: el daño que ha sufrido el concepto patrimonial de los Derechos Humanos.

Ante esta situación, solicitamos que la institución que usted dirige, nos informe sobre las acciones que en el marco de las obligaciones que le impone la ley que los regula, iniciaran. Las instancias que hasta el momento hemos acordado con las diferentes instituciones del Estado, son las siguientes:

-Ministerio del Interior: Auditoria sobre 150.000 expedientes de casos

                                                calificados.

-Ministerio del Trabajo: Revisión de beneficios concedidos, con califica-

                                                ción legal.

-Consejo de Defensa del Estado: Se hará parte en las causas ante la jus-

                                                ticia.

-Contraloría General de la Republica: Serán auditados dentro de sus fa-

                                                cultades, beneficios y empresas exoneradoras.

-Cámara de Diputados: Comisión Investigadora.

-Ministerio Público:        Designación de Fiscal Preferente. (solicitud)

-Corte Suprema:               Nominación Ministro en Visita. (solicitud)

Como ustedes ven, una acción que solamente aborda el tema Exoneración Política, algo que los obliga por nuestra denuncia y la acción medíatica de los medios de comunicación, pero nos preguntamos, que ocurre con los otros escándalos referidos al tema Derechos Humanos: El caso del Retorno del Exilio con tres informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara, que fueron sofocados por la acción del poder, y cuyas víctimas se encuentran en total desprotección; El caso de las becas Valech, con informe de Comisión Investigadora, que acusa graves irregularidades en forma parcial, y también desprotección para las victimas estafadas e impunidad para los responsables, por la inacción de la institucionalidad hasta este momento.

Nunca rechazamos la creación de una entidad que dentro de la estructura del estado se preocupara de los Derechos Humanos, era una falencia necesaria de abordar por nuestra condición de país violador de estos derechos desde la creación de la República. Lo que fijábamos eran prioridades, primero, que el Gobierno de Bachelet, aclarará estos escándalos que entregaban sumados a la falta de verdad y justicia, un resultado desolador. Desgraciadamente, esto no fue así, hoy tenemos que enfrentar lo oprobioso que resulta una política ineficaz en materia de verdad y justicia, agravada por la corrupción que profundiza aún más su precariedad.

Queremos que el Instituto de los Derechos Humanos de Chile, sea un garante de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dentro de las limitaciones de su normativa fundacional, creemos interpretar a la sociedad en este anhelo, para lo cual, y con respecto al tema que nos preocupa, solicitamos por su intermedio a la institución lo siguiente:

I.-Estudio en Derecho de la Constitucionalidad de las leyes llamadas de Derechos Humanos: Rettig; Retorno; Exonerados Políticos; Prisión Política y Tortura; Prais.

II.-Participación como parte, en todas las acciones que el resto de las instituciones del Estado han iniciado e inicien con respecto al tema Exonerados Políticos, Ex Presos Políticos y Retornados.

III.-Participación como parte, en juicios sobre: desaparición forzada y ejecución política.

IV.-Informe Extraordinario al Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, sobre los sucesos relacionados con: Retorno del Exilio, Ex Presos Políticos (Becas Valech), Exonerados Políticos.

V.-Intermediación para una reunión en conjunto con el Comisionado Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Santiago.

Nuestra solicitud se encuentra regulada por los derechos que nos asisten como ciudadanos de la Republica, además de los contenidos en la ley Nº 20405: Arts. 2º; y 3º -  Nºs. 1 al 5.

Saluda atentamente a usted.

Raúl Jóse Celpa López

Presidente Nacional

Calle: Dieciocho Nº 45 Of 301 – Santiago de Chile – Fono 6355233

                                            E-mail:  raulcelpa@gmail.com_________________           

Diputados de derecha llevaron "cuestionario" sobre falsos exonerados a Bachelet

José Manuel Edwards aseguró que la actual encargada de ONU Mujeres posee información al respecto.

Los parlamentarios pidieron a la ex Presidenta que acuda a la comisión investigadora.

Cooperativa.cl  

Los diputados Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN) y José Manuel Edwards (RN), llegaron este miércoles hasta la Fundación Dialoga, ligada a la ex presidenta Michelle Bachelet, para presentar un cuestionario que pretende esclarecer la gestión de la ex mandataria sobre un eventual recibo de antecedentes de falsos exonerados políticos.

El parlamentario José Manuel Edwards, expresó que "en reiteradas ocasiones se le entregó información y se hicieron denuncias de que la ex presidenta a través de cartas, oficios, resoluciones y dictámenes de la Contraloría, había recibido información al respecto", manifestó.

"Sin embargo no hubo ninguna acción razonable que hubiese hecho de que este fraude que se estaba cometiendo en este caso de falsos exonerados no siga ocurriendo", dijo.

En la misma línea, el parlamentario de Renovación Nacional, aseguró que de todas formas esperan que la actual encargada de ONU Mujeres, acuda a la comisión Investigadora, con el fin de que responda personalmente si tenía o no los antecedentes que denunciaban el fraude.

Comisión investigadora citará a ex presidenta Bachelet en caso de falsos exonerados políticos

Lunes 19 diciembre 2011 | 23:31

Publicado por Alberto Gonzalez | La Información es de María José Calderón •  587 visitas

Imagen: World Economic Forum en Flickr

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La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza los casos de falsos exonerados políticos acordó invitar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que declare sobre el tema

La comisión acogió la solicitud presentada por un grupo de parlamentarios de la Alianza, quienes aseguraron que esta invitación tiene como objetivo aclarar si la administración de la ex mandataria, tomó medidas para detectar y evitar dichas irregularidades.

El diputado de la UDI Gustavo Hasbún, afirmó que la ex presidenta Bachelet debiera aprovechar su presencia en el país no sólo para hacer campaña, sino también para aclarar cómo durante su administración se abordó el tema de los exonerados.

Así también la entrega de beneficios a personas que no se lo merecían, aseguró el parlamentario gremialista.

CLAVES:

Cámara de Diputados, Comisión Investigadora, falsos exonerados políticos, Michelle Bachelet, Región Metropolitana, Santiago