Derechos y Humanos

2012-01-10T17:44:00.001-08:00

COMISIONNACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 18 de Octubre de 2011.-

Señora

DirectoraEjecutiva

InstitutoNacional de los

DerechosHumanos

PRESENTE

Señora Directora:

En nuestra comunicación de Diciembrepasado, informábamos a ustedes acerca de nuestro pensamiento con respecto a loque había sido la política que sobre Derechos Humanos había implementado elestado de Chile a través de leyes y otros procedimientos absolutamente divorciadosde las obligaciones para con la Constitución Política de Chile y con el DerechoInternacional Humanitario, de cómo, además, de este divorcio violatorio, sehabían infringido las normas que constituían estas leyes, manoseandointerpretativamente sus objetivos para satisfacer otros intereses como elelectoral, etc, etc..

Consecuentes con esta posición crítica, lacual, hemos mantenido durante catorce años, interpelamos a toda lainstitucionalidad del estado, no encontrando respuesta satisfactoria a nuestraexigencia, a sido la herramienta medíatica, con la cual hemos trabajado duranteaños, la llave que está permitiendo que este escándalo de insospechadasconsecuencias, sea conocido por nuestra sociedad.

El reportaje en cuestión, demostró ycomprobó la esencia de nuestra denuncia: conflicto de intereses, tráfico deinfluencias, en síntesis, corrupción. Ya, otros medios a través del tiempo,habían demostrado por medio de la investigación periodística: privilegios avictimarios y a grupos de poder como ex parlamentarios, ex autoridades políticas y partidospolíticos. Ustedes, tienen cinco archivos digitales donde demostramosmetodológicamente la sustentabilidad de nuestro pensamiento crítico acerca de estaseudo política de Derechos Humanos.

Sorprendentemente, hoy la institucionalidaddel Estado muestra una voluntad por esclarecer estos hechos, que no tuvo ayer.El peso de la verdad doblegó la negligencia y la irresponsabilidad deinstituciones que de haber cumplido su rol, habrían evitado tanto daño a personasque ya habían sido dañadas gravemente, y lo más fundamental, para el futuro: eldaño que ha sufrido el concepto patrimonial de los Derechos Humanos.

Ante esta situación, solicitamos que lainstitución que usted dirige, nos informe sobre las acciones que en el marco delas obligaciones que le impone la ley que los regula, iniciaran. Las instanciasque hasta el momento hemos acordado con las diferentes instituciones del Estado,son las siguientes:

-Ministerio del Interior: Auditoria sobre150.000 expedientes de casos

calificados.

-Ministerio del Trabajo: Revisión debeneficios concedidos, con califica-

ción legal.

-Consejo de Defensa del Estado: Se haráparte en las causas ante la jus-

ticia.

-Contraloría General de la Republica: Seránauditados dentro de sus fa-

cultades, beneficios y empresas exoneradoras.

-Cámara de Diputados: ComisiónInvestigadora.

-Ministerio Público: Designación de Fiscal Preferente.(solicitud)

-Corte Suprema: Nominación Ministro en Visita.(solicitud)

Como ustedes ven, una acción que solamenteaborda el tema Exoneración Política, algo que los obliga por nuestra denuncia yla acción medíatica de los medios de comunicación, pero nos preguntamos, queocurre con los otros escándalos referidos al tema Derechos Humanos: El caso delRetorno del Exilio con tres informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara,que fueron sofocados por la acción del poder, y cuyas víctimas se encuentran entotal desprotección; El caso de las becas Valech, con informe de Comisión Investigadora,que acusa graves irregularidades en forma parcial, y también desprotección paralas victimas estafadas e impunidad para los responsables, por la inacción de lainstitucionalidad hasta este momento.

Nunca rechazamos la creación de una entidadque dentro de la estructura del estado se preocupara de los Derechos Humanos,era una falencia necesaria de abordar por nuestra condición de país violador deestos derechos desde la creación de la República. Lo que fijábamos eranprioridades, primero, que el Gobierno de Bachelet, aclarará estos escándalosque entregaban sumados a la falta de verdad y justicia, un resultado desolador.Desgraciadamente, esto no fue así, hoy tenemos que enfrentar lo oprobioso queresulta una política ineficaz en materia de verdad y justicia, agravada por lacorrupción que profundiza aún más su precariedad.

Queremos que el Instituto de los DerechosHumanos de Chile, sea un garante de los derechos fundamentales de nuestrasociedad, dentro de las limitaciones de su normativa fundacional, creemosinterpretar a la sociedad en este anhelo, para lo cual, y con respecto al temaque nos preocupa, solicitamos por su intermedio a la institución lo siguiente:

I.-Estudio en Derecho de laConstitucionalidad de las leyes llamadas de Derechos Humanos: Rettig; Retorno;Exonerados Políticos; Prisión Política y Tortura; Prais.

II.-Participación como parte, en todas lasacciones que el resto de las instituciones del Estado han iniciado e iniciencon respecto al tema Exonerados Políticos, Ex Presos Políticos y Retornados.

III.-Participación como parte, en juiciossobre: desaparición forzada y ejecución política.

IV.-Informe Extraordinario al AltoComisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra,sobre los sucesos relacionados con: Retorno del Exilio, Ex Presos Políticos(Becas Valech), Exonerados Políticos.

V.-Intermediación para una reunión enconjunto con el Comisionado Regional de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos con sede en Santiago.

Nuestra solicitud se encuentra regulada porlos derechos que nos asisten como ciudadanos de la Republica, además de los contenidosen la ley Nº 20405: Arts. 2º; y 3º - Nºs. 1 al 5.

Saluda atentamente a usted.

RaúlJóse Celpa López

PresidenteNacional

Calle: Dieciocho Nº 45 Of 301 – Santiago deChile – Fono 6355233

E-mail: raulcelpa@gmail.com_________________

Diputados de derecha llevaron "cuestionario" sobre falsos exonerados a Bachelet

2012-01-01T21:18:00.000-08:00

José Manuel Edwards aseguró que la actual encargada de ONU Mujeres posee información al respecto.

Los parlamentarios pidieron a la ex Presidenta que acuda a la comisión investigadora.

Cooperativa.cl

Los diputados Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN) y José Manuel Edwards (RN), llegaron este miércoles hasta la Fundación Dialoga, ligada a la ex presidenta Michelle Bachelet, para presentar un cuestionario que pretende esclarecer la gestión de la ex mandataria sobre un eventual recibo de antecedentes de falsos exonerados políticos.

El parlamentario José Manuel Edwards, expresó que "en reiteradas ocasiones se le entregó información y se hicieron denuncias de que la ex presidenta a través de cartas, oficios, resoluciones y dictámenes de la Contraloría, había recibido información al respecto", manifestó.

"Sin embargo no hubo ninguna acción razonable que hubiese hecho de que este fraude que se estaba cometiendo en este caso de falsos exonerados no siga ocurriendo", dijo.

En la misma línea, el parlamentario de Renovación Nacional, aseguró que de todas formas esperan que la actual encargada de ONU Mujeres, acuda a la comisión Investigadora, con el fin de que responda personalmente si tenía o no los antecedentes que denunciaban el fraude.

Comisión investigadora citará a ex presidenta Bachelet en caso de falsos exonerados políticos

2012-01-01T21:13:00.000-08:00

Lunes 19 diciembre 2011 | 23:31

Publicado por Alberto Gonzalez | La Información es de María José Calderón • 587 visitas

Imagen: World Economic Forum en Flickr

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La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza los casos de falsos exonerados políticos acordó invitar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que declare sobre el tema

La comisión acogió la solicitud presentada por un grupo de parlamentarios de la Alianza, quienes aseguraron que esta invitación tiene como objetivo aclarar si la administración de la ex mandataria, tomó medidas para detectar y evitar dichas irregularidades.

El diputado de la UDI Gustavo Hasbún, afirmó que la ex presidenta Bachelet debiera aprovechar su presencia en el país no sólo para hacer campaña, sino también para aclarar cómo durante su administración se abordó el tema de los exonerados.

Así también la entrega de beneficios a personas que no se lo merecían, aseguró el parlamentario gremialista.

CLAVES:

Cámara de Diputados, Comisión Investigadora, falsos exonerados políticos, Michelle Bachelet, Región Metropolitana, Santiago

Carta al Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Camara de Diputados

2011-12-20T17:51:00.000-08:00

Señor

Presidente

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Presente:

Señor Presidente:

Impedidos de participar por segunda vez, como había sido acordado por esa Comisión, y dada la complejidad del tema abordado, nos dirigimos a esa instancia de investigación en nuestra calidad de únicos denunciantes por espacio de catorce años de estos graves fraudes cometidos en nuestro país al amparo de los Derechos Humanos. En efecto como lo expusimos en su oportunidad, ante esa Comisión a través del documento: "Una Verdad que nos Averguenza", no solo reviste presunción de fraude el tema de los exonerados políticos, sino también, el caso de los retornados del exilio y el caso llamado becas Valech, en el cual esa corporación actúo oportuna y eficazmente mediante cuatro informes de comisiones investigadoras que comprobaron las graves irregularidades cometidas al amparo de la legislación promulgada para fines muy diferentes, de los que en definitiva, fueron los que se fijaron como consecuencia del fraude. En el caso de los exonerados políticos, la situación a sido diferente, la acción de la Camara de fiscalización, es realizada extempóraneamente, catorce años después de ocurrida la primera denuncia nuestra, después de haber recabado insistentemente la participación de la corporación en cumplimiento de su rol constitucional, y haber recibido como respuesta corporativa la negativa a nuestro requirimiento y cuando como consecuencia de lo anterior, el daño a miles de personas , a la sociedad y al país está hecho. Hoy gracias a nuestra acción, es toda la institucionalidad que investiga el tema: La Contraloría General de la República; El Ministerio del Interior;El Ministerio del Trabajo; El Consejo de Defensa del Estado y tres querellas que son investigadas por la justicia, dos radicadas en el Ministerio Público y una en el 34º Juzgado del Crimen. Hemos solicitado al mismo tiempo, la acción del Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Chile, para que se haga parte en todo este proceso en virtud del mandato entregado por su ley orgánica.

Como vemos, la acción fiscalizadora ejercida por esa Comisión, a pesar de su extemporaneidad, hoy cuenta paralela y simúltaneamente, con una acción similar ejercida por la institucionalidad, que garantiza que sus concluciones sean coherentes con el objetivo perseguido, cuales son la legalidad de los actos de los gobiernos.

En la sesión Nº 67 de esa Comisión, celebrada el 14 de Noviembre último, intervinieron ante ustedes, los dirigentes de una de las organizaciones oficialistas y agentes políticos en todo el proceso de aplicación de estas leyes, por tal razón, importantes responsables en la comisión de este fraude, los cuales, profirieron calificativos en contra mia, insultantes y que dañan mi honra; también y de igual forma, se refirió a mi persona, el Diputado Señor Jóse Pérez, a quién solo conozco por referencia de nuestra organización en la Octava Región, quién profirió epitetos agraviantes en contra mía. Ambos agravíos sin antecedente alguno que los sustente, y lanzados en forma cobarde, amparado en fueros que se auto asignan como el caso del Diputado Pérez. En razón a estas ofensas, y debido al cambio de formato de la página web de esa corporación relativa a la emisión televisada de las sesiones de comisión, solicito a usted, copia completa de la sesión en cuestión, para ser entregada a nuestro équipo de abogados para que inicien las acciones judiciales pertinentes.

En la sesión que fuimos invitados a exponer, se nos preguntó por parte de algunos Diputados sobre nuestra representatividad.Sobre este particular, solo responderemos con la siguiente sintesis contable: Presencia Nacional: 10 Regiones; Afiliados: 28.000; Presencia Internacional: Francia para Europa y EEUU para Norteamerica;Amigos en Facebook:4.300;Links en Internet 14.800;Reforma Previsional: 27.000 firmas de apoyo a proyecto;Dictámenes creados o modificados en Contraloría: 720; Años perdidos en mesas de trabajo o estudio, entre 2000 y 2009: cuatro años, con acuerdos pero sin ser cumplidos;Actos Públicos: Dos veces Teatro Caupolicán: 20.000 personas; Toma del M. del Trabajo: 3 veces.

Con respecto al mismo tema, en este caso los números pueden inducir a error, la legitimidad no está determinada por ranking, sino, por válores y principios. En el caso de los exonerados políticos, la mayoría es ilégitima y las verdaderas víctimas representan a la minoría, una tremenda paradoja como resultado del fraude.

Prontos a concluir el trabajo investigativo de esa Comisión y considerando que este no ha sido fecundo como se esperó, los invitamos a sustentar el informe final que será entregado a la sala, en las opiniones que sobre el particular y los otros temas sobre Derechos Humanos, han vertido grandes personalidades de este país como: Jóse Zalaquet, María Olivia Monckeberg, Gabriel Salazar, los cuales en virtud a su erudisión ya denunciaron y condenaron estas prácticas. De igual forma, ha extraer de la documentación que hemos aportado y que esperamos forme parte del informe final, los antecedentes estadísticos y la história fidedigna de los hechos que originaron y motivaron la promulgación de estas leyes.

La responsabilidad política es clara y categórica, esta reside en la más alta autoridad del país por mandato de la ley, y las acciones dolosas de todos los que han sido complices o facilitadores de dolo, esperamos coincidir con esta realidad con esa Comisión y que sea la Justicia a través de las acciones vigentes la que sancione.

Atentamente.

Raúl Jóse Celpa L.

Presidente

Comisión Nacional de Exonerados y Ex Presos Políticos de Chile

Gobierno destaca pronunciamiento del CDE sobre exonerados políticos | El Dínamo - Un nuevo medio digital

2011-11-18T13:10:00.000-08:00

Gobierno destaca pronunciamiento del CDE sobre exonerados políticos | El Dínamo - Un nuevo medio digital

El 7 de Noviembre: "Hablamos fuerte y claro ante la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el caso Exonerados y DDHH"

2011-11-08T05:27:00.001-08:00

UNA VERDAD QUE NOS AVERGUENZA

I.-Algunas precisiones.

Somos una organización que lucha por los DDHH en Chile, autónoma e independiente, que no acepta fronteras de ninguna índole. Ni que nos ubiquen a la derecha o a la izquierda de una realidad político-ideológica inexistente hoy en Chile.

Tampoco aceptamos la cobardía de algunos que ya están hablando de montajes, no nos prestamos a estas prácticas usuales para confundir a la sociedad y cubrir la verdad de los hechos dolosos. Quién tenga antecedentes de conductas reprobables de algunos de nosotros, lo conminamos a entregarlos a la justicia. Jamás hemos recibido recursos económicos de gobierno alguno, de eso da cuenta nuestra posición de crítica frontal con el poder que creó estas leyes ilegitimas, y ser los únicos que por espacio de 14 años han denunciado los fraudes cometidos en nombre de los Derechos Humanos.

II. El marco temático de investigación de la Comisión

La Comisión está mandatada a investigar las presuntas irregularidades en el proceso de calificación y concesión de beneficios reparatorios consignados en la ley 19234 y sus modificaciones.

Conforme con este mandato, corresponde calificar la norma legal promulgada desde el punto de vista del derecho:

La ley en cuestión, en su letra y esencia busca reparar dos violaciones a derechos fundamentales: La Libertad de pensamiento y el derecho al trabajo de todo ser humano contenidas en las normas del Derecho Internacional Humanitario, que obliga al país por suscripción y ratificación de los correspondientes protocolos y por disposición del mandato Constitucional contenido en su artículo Nº 5. De acuerdo a esta realidad, la norma legal analizada viola cada una de las normas del derecho internacional y la obligación contenida en el texto constitucional, por lo cual, es claramente ilegitima. Avala esta conclusión, el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia al recurso de casación en causa Nº2080-08 de fecha Abril del 2010, en sus fundamentos Quinto al Decimocuarto y en texto de la sentencia final, en su considerando Cuarto, en el cual, expresa el carácter meramente asistencial de estas leyes llamadas de DDHH.

En cuanto a los hechos: La ley de exoneración política es una decisión que asume el Gobierno de Patricio Aylwin, ante la presión ejercida por 3.200 fallos finales condenatorios al Estado de Chile, emanados de la Corte Suprema, que condenaba a este, por violación del derecho al trabajo, al violar la norma del término obligado de funciones del sector público de la administración. Al mismo tiempo, una gran masa de ex trabajadores de empresas que habían pertenecido a la administración estatal, pero que no eran beneficiarios del Estatuto Administrativo, declararon una movilización indefinida y una huelga de hambre del mismo carácter, que estaba presentando graves secuelas de salud en los huelguistas. La presión social fue de tal magnitud, que doblegó la decisión original de este gobierno de no legislar sobre la materia.

Así surge un proyecto de ley oportunista, mal hecho, confuso, lleno de vacios y contradicciones, que da respuesta al sector fiscal protegido por Estatuto Administrativo, pero que perjudica claramente al sector que no cuenta con esta protección patrimonial, y que además es el mayoritario en la exoneración de carácter político. La ley es tan aberrante, que obliga al solicitante de calificación como exonerado político, a renunciar a los derechos patrimoniales de seguridad social, construidos en toda su vida laboral. Producto de esta aberración y despojo, podemos afirmar que es la victima la que financia la reparación al daño sufrido. El proyecto de ley es presentado al Parlamento, con un acuerdo previo, consensuado con la única organización que representaba a estas víctimas en el país, grupo de carácter oficialista y operador político, que priorizó esta realidad a los intereses reales de sus representados, y que determinó que el total de personas afectadas por exoneración política en el país, llegaba a 56.000 personas, cifra acordada con el gobierno y que quedó expresada en las actas de tramitación del proyecto en ambas cámaras y que posteriormente, fue ratificada en la ley modificaría de 1998. Por tanto, los exonerados políticos en Chile, por responsabilidad del Estado, son esta cantidad consensuada en 1992 y 1997.

III.-La inmoralidad como procedimiento en la aplicación de las leyes de DDHH.

Ya vimos que la ley 19234, sobre exoneración política, viola la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que su promulgación obedece a objetivos oportunistas que tienen que ver con la gobernabilidad y no con una obligación ético-moral y que su aplicación está plagada de ilegalidades, irregularidades y corrupción, como lo comprobará la investigación de esta Comisión.

Que esta, no es una excepción dentro de la llamada política de Derechos Humanos, las llamadas leyes: Rettig, del Retorno, Valech, también obedecen a similar perfil: Inconstitucionales, Asistenciales, y revestidas de graves escándalos en su aplicación:

La llamada ley Rettig, sobre ejecución política y desaparición forzada, basada en el informe del mismo nombre, establece una “verdad posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, se remite solamente a entregar paliativos de tipo económico asistenciales de relativo valor, considerando que se trata de la perdida de la vida de un ser humano. El Estado no se hace parte en los juicios que se inician, solo presta ayuda asistencial a los familiares de las víctimas, lo que constituye una falta de ética inexplicable y un menosprecio al sentimiento de la sociedad que indica a esta vía como conducente a la verdad y la justicia. No es derogado el Decreto Ley de Amnistía y se crea la figura política de la “Desaparición Forzada” que en el caso de Chile, se ha constituido en un muro para encontrarse con la verdad y la justicia.

Una segunda iniciativa que también viola la obligación de Chile para con el Derecho Internacional e igualmente Inconstitucional, fue la llamada ley del retorno que pretendía reinsertar a miles de exiliados políticos. La iniciativa termina en un gran escándalo comprobado por tres informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, informes que nunca llegaron a la institucionalidad del Estado para que ejercieran el rol que la ley les manda, lo que constituye una colusión de tipo mafioso inaceptable.

Quince años después de iniciada la etapa de normalización democrática, se promulga la llamada ley Valech, que busca solamente reparar los daños provocados por prisión política, ya que no evalúa la tortura. La norma contraviene claramente lo dispuesto por el Derecho Internacional sobre esta materia. Debemos considerar que la prisión política y la tortura, son las segundas en importancia, por su gravedad, de las violaciones a un derecho humano que presenta el plan de exterminio aplicado en el país en el período 73-90, por lo que su promulgación tardía demuestra la falta de voluntad política. Además, en sus disposiciones se establece el secreto por 50 años a los testimonios entregados por las víctimas, lo que indica en definitiva el verdadero objetivo de la norma, cual es, cubrir con un manto de impunidad legal a los responsables de estas violaciones. Las reparaciones que se otorgan son irrisorias, mal asignadas: da lo mismo haber estado preso 1 día que 10 años, además incompatibles con la ley 19234, lo que constituye, una violación al principio de igualdad ante la ley. Pero aquí también se cometen actos escandalosos en el proceso de aplicación, así da cuenta un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, el cual detecta y comprueba, actos dolosos graves cometidos con el beneficio de educación que la ley contempla, denunciados también por esta organización y que motivó reiterados requerimientos a la institucionalidad del Estado y una querella al Ministerio Público. Con respecto a esto, nos sorprende que hasta el momento el Ministerio de Educación y el Consejo de Defensa del Estado, no se hayan hecho parte en las querellas que se sustancian en la justicia por estos graves delitos cometidos contra los intereses de toda una sociedad.

IV.-La conceptualización y contextualización de la exoneración política

El tema de los Derechos Humanos en Chile, ha sido asumido por las cúpulas políticas y gobernantes en forma superficial y frívola, haciendo uso de una retórica demagógica y consignista, explotan la emotividad del tema e inconsecuentemente, nada han hecho, para que estos graves hechos de nuestro pasado reciente, vuelvan a ocurrir.

El concepto congruente con el Derecho Internacional Humanitario de exoneración política, corresponde a dos tipos de violaciones a derechos fundamentales del individuo, uno es el derecho de toda persona al trabajo en condiciones humanas; y el otro, es el derecho a la libertad de pensamiento o ideas. La ley 19234 recoge en sus artículos 8º y 9º el perfil político que deberán tener las personas para ser calificadas como exonerados políticos, en este perfil la ley le da certeza como política a dicha calificación, si esta se produjo en la etapa de represión masiva, esto es, entre el 11.9.73 y el 31.12.73, o en su defecto, si el requirente comprueba su condición de exiliado político o preso político en este período. Entre el 1º de Enero de 1974 y el 31 de Marzo de 1990, la exoneración política deberá ser acreditada conforme al perfil señalado en los artículos 8º y 9º.

El perfil de las empresas exoneradoras donde el Estado tenía participación patrimonial o de administración, está señalado por la ley en su artículo 3º en forma fehaciente, de tal manera, que ni el perfil político que la ley señala para los requirentes de calificación o el de las empresas o instituciones exoneradoras, permiten manipulación interpretativa alguna, que no obedezca a este perfil, a pesar de las atribuciones especiales otorgadas al Presidente de la República en la ley.

Es en el manejo de estos dos conceptos: perfil político del requirente y perfil de las empresas exoneradoras, donde radica la raíz del fraude. En este aspecto, la ley es manipulada interpretativamente para dar satisfacción a otros tipos de intereses: El electoral, la ley es distorsionada con este fin aceptando instrumentos probatorios no contemplados en sus disposiciones, produciendo por este efecto la incorporación de miles de beneficiarios que no obedecen al perfil político de la norma. Las modificaciones de la ley se llevan a cabo en períodos pre electorales, constituyendo por esta causa, mercados electorales cautivos por años, ya que premeditadamente la tramitación se burocratiza. Se califica a personas que al momento de la exoneración no tenían la edad que la ley laboral acepta. El tráfico de influencias de parlamentarios, autoridades públicas, dirigentes de partidos políticos, se transforma en la norma para obtener calificaciones fraudulentas. Se acepta la falsificación de instrumentos probatorios, llegando al extremo de falsificarlos en dependencias del organismo oficial coordinador de estas calificaciones. Se aceptan certificaciones del carácter de dirigentes sindicales, de personas que jamás lo fueron. Etc…

Pero donde el escándalo traspasa los límites de la decencia, es en la calificación como exonerados políticos de grandes contingentes de miembros de las Fuerzas Armadas, en períodos de represión selectiva, o sea, después del año 1975, lo que supone una quinta columna deliberante y subversiva al interior de cada rama de estas instituciones, lo que resulta tragicómico, otro aspecto obsceno en este sector, es la calificación de miembros de las fuerzas armadas involucrados en actos de violación de DDHH, procesados e incluso condenados por estos actos. Con respecto a este sector, la información oficial sobre el total de miembros calificados y sus beneficios “reparatorios” permanece en secreto, no obstante fallo del Consejo para la Transparencia, tramitado por esta organización. Solicitamos a la Cámara de Diputados, oficiar al Ministro de Defensa, para que cumpla lo ordenado, y haga pública esta información.

Otro aspecto indignante, es el referido a la calificación de ex parlamentarios que participaron activamente en el quiebre institucional que sufrió nuestro país en 1973, los cuales, por este carácter obviamente violan el perfil que la ley define. En este caso como en el de los ex miembros de las Fuerzas Armadas, además de infringir el perfil político del solicitante, se les saca del contexto general de cálculo de los beneficios reparatorios, constituyendo por este efecto una discriminación inaceptable e inconstitucional.

En el caso de los partidos políticos calificados como empresas exoneradoras, la situación además de escandalosa es realmente absurda, aquí como en el caso de las Fuerzas Armadas y los ex Parlamentarios, se demuestra claramente el carácter de estas leyes: Han sido herramienta para asegurar gobernabilidad, moneda de cambio para balancear situaciones de carácter doloso y elemento de negociación. En este caso, además de considerar a los movimientos y partidos políticos como empresas, se usa ilegalmente un beneficio obtenido para los sectores más vulnerables de los exonerados políticos, los obreros exonerados en 1973, a los cuales, se les quita el beneficio de subrogación de períodos previsionales, para construir relación laborar de seudo trabajadores de estos partidos o movimientos, llegando a constituir plantas de “trabajadores” de estas organizaciones semejantes a las empresa más grandes que existían en Chile en 1973.

En nuestro estudio: “Informe Crítico y Evaluativo al Proceso de Calificación de Exonerados Políticos”, contextualizamos a la exoneración política, como igualmente al otro tipo de violaciones, dentro de un plan concebido ideológicamente en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, este plan tiene como objetivo la aniquilación de un enemigo al interior del país en un proceso de guerra interna. Premeditadamente, este análisis del contexto ideológico de la barbarie se ha eludido por parte de todos los sectores, no considerar esta realidad induce a la perpetración de graves errores en el análisis y la definición del problema de Derechos Humanos que afectó tan gravemente al país. Desde este punto de vista, el proceso de calificación de exonerados políticos contraviene todas las realidades contextuales del fenómeno: En la etapa de represión masiva es cuando se califican menos exonerados y viceversa; El proceso calificador contradice totalmente a los informes Rettig y Valech; Además un hecho grave, entra en contradicción con los hechos históricos objetivos. En síntesis, el registro en cuestión es una simple lista de nombres, sin descripción metodológica alguna, mal hecho, y sin un reglamento que regule los procedimientos. Nuestro estudio antes referido, forma parte integral de esta presentación a la Cámara de Diputados.

V.-La asignación de los beneficios reparatorios, un remate al mejor postor

Con esta analogía hemos querido referirnos al “mejor postor”, como a la persona de poder, influyente, capaz de producir el tráfico necesario para que su situación personal o grupal, sea vista de forma especial al resto de personas de igual carácter legal. De esta forma, la discriminación, los privilegios a personas o sectores en la aplicación de la ley, ha sido una constante, mediante la más vil manipulación del carácter interpretativo de la norma se la ha desvirtuado, concediendo beneficios especiales a unos sectores o personas, sobre el resto que paradojalmente, es el más vulnerable y donde se encuentran los legítimos exonerados políticos. La Contraloría General de la República a instancias de nuestros requerimientos, ha creado o modificado cientos de dictámenes y resoluciones que ella misma viola. Las instituciones dependientes del Ministerio del Trabajo, a su vez, con jurisdicción en el tema, también violan inexcusablemente sus disposiciones. Por la vía del reglamento de aplicación de la ley, se la modifica ilegalmente, cuando se trata de grupos de poder, como las Fuerzas Armadas o los ex Parlamentarios. Esta situación queda demostrada con nuestra acción de transparentar los registros de exonerados calificados y el registro de pensiones concedidas que estuvieron durante años protegidas por el secreto, hoy día cualquier chileno puede consultar estos registros y comprobar esta aberrante e injusta situación. Desde Abril de este año, descansa en el escritorio de la Ministra del Trabajo, un requerimiento nuestro, que busca dar solución a esta situación ilegal, esperamos que en esta oportunidad prime el estado de derecho y la justicia para los legítimos exonerados políticos.

VI.-La Cámara de Diputados, uno de los complices del escándalo

El escándalo cometido con la aplicación de la ley de exoneración política era un secreto a voces, así queda demostrado por la multiplicidad de afirmaciones y declaraciones que formulan parlamentarios, dirigentes políticos y autoridades de diferentes sectores del Estado. El Senador Hosaín Sabag, en el Mercurio del 8 de Octubre pasado, describe como operaba esta fábrica de exonerados y como él había denunciado estas irregularidades en el año 2008.

La verdad, es que este escándalo hoy de connotación pública, ha sido conocido por las más altas autoridades del Estado chileno desde hace catorce años por intermedio de nuestra acción de defensa de los Derechos Humanos en Chile. Ex Presidentes de la Republica como Ricardo Lagos E., Michele Bachelet J.; Los Ex y el actual Contralor General de la Republica; Los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados; Los Presidentes de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones; Los Ministros del Interior y del Trabajo; El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, todos ellos, fueron recurrentemente requeridos por esta organización para que pusieran fin, desde el rol que cada cual desempeña, a esta situación sórdida, ilegal y violatoria de la dignidad de las reales víctimas.

En Noviembre del 2008, formulamos una denuncia pública sobre la existencia de cien mil exonerados falsos, afirmación que aquí ratificamos, la reacción del mundo político fue similar a la ocurrida hoy: “Se debe investigar hasta las últimas consecuencias” dijeron muchos, las más altas autoridades de la institucionalidad ofrecieron intermediar, pero al final, nuevamente nada ocurrió, la Contraloría inexplicablemente se declaró incompetente. Ha sido en esta oportunidad, cuando hemos denunciado a través del sistema mediático de mayor penetración, donde la institucionalidad reacciona y empieza a cumplir su rol.

Un hecho destacable ante la sociedad, es la actuación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, encargada por su rol a investigar estos hechos desde hace muchos años, siempre se ha negado a cumplir con sus obligaciones, en reiteradas oportunidades en este tiempo nos hemos dirigido a sus Presidentes sin encontrar respuesta alguna a nuestros requerimientos, hemos recurrido denunciando el tema de los retornados, de los presos políticos (becas Valech) y de los exonerados políticos, todos ellos hoy día escándalos que conmueven al país. Nuestra denuncia del año 2008, convocó a una sesión especial de esta Comisión, la cual, a pesar del cúmulo de antecedentes entregados, rechazó la iniciativa de investigar. Durante todo el año 2009, insistimos ante su Presidente entregando cada vez mayores antecedentes sobre estos tres escándalos, nunca tuvimos acogida alguna, ni siquiera contestó nuestros mails y menos nos recibió en audiencia. La obsecuencia con el poder, la prevaricación y el abandono de deberes, han sido los rasgos de un desempeño vergonzoso de esta Comisión y de su Presidente. Una excepción paradojal en todo este período, fue la experiencia que tuvimos con la Diputada Karla Rubilar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Abril del año 2008, con quien nos reunimos y analizamos toda la temática con respecto al tema, y a la cual entregamos un análisis pormenorizado de la situación histórica y reciente de los derechos Humanos en Chile, contenidos en el informe “Chile, país que involuciona”, ella, perteneciente a una corriente política mostrada como antagónica al tema, nos apoyó y nos sigue apoyando en nuestra lucha, lamentablemente por decir otra verdad, fue censurada en su cargo, y este fue recobrado por el sector político que ha hegemonizado en la Comisión este tema.

En Abril del año 2010, nos dirigimos a la Presidenta de la Cámara de Diputados, con un recurso de interpelación donde pedíamos a esa institución cumplir con el mandato constitucional de controlar la legalidad de los actos del Gobierno, en el caso de la aplicación de las llamadas leyes de Derechos Humanos. En su respuesta, de Junio del 2010, la Presidenta nos responde que consultada la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, con informe que acompaña, esta sostiene, después de muchos considerandos, que las investigaciones administrativas y penales han sido suficientes, y en tal sentido innecesario dar curso a investigaciones de origen parlamentario.

Contradictoriamente a lo sostenido por la Presidenta de la Cámara de Diputados, en esos días, Canal Nacional, en colaboración con nosotros, emitía un reportaje sobre el escándalo cometido con las llamadas becas Valech, impacto que motivó el inicio de una investigación por parte de una Comisión de la Cámara, no la de Derechos Humanos, con los resultados que todos conocemos, al parecer la institucionalidad funciona a golpes de impactos mediáticos. En el caso exonerados, también resulta extraño, que no sea la Comisión de Derechos Humanos, la que investigue este tema.

VII.-Un reconocimiento a los mejores

Nuestra larga lucha, no ha estado exenta de incentivos, estos han provenido de hombres y mujeres destacados de nuestra sociedad, seres humanos revestidos de una gran estructura ética y moral, lo que sumado a un gran bagaje cognitivo, les ha permitido ser elegidos por la sociedad como los mejores, dentro de sus experticias, ellos han apoyado el porqué luchamos, recogiendo nuestros planteamientos en sus libros, artículos de prensa, reportajes. Vayan a ellos nuestros reconocimientos:

· Maura Brescia, por su libro de periodismo investigativo, “Manos Limpias”, donde recoge el drama de los retornados estafados.

· Gabriel Salazar, por mostrarnos otra historia, la real, la humana.

· María O. Monckeberg, por recoger en su libro “La Educación Superior en Chile”, nuestra denuncia sobre las becas Valech.

· Jóse Zalaquett, por coincidir con nuestra denuncia y planteamientos, en su blog y entrevista el “La Tercera”.

· Al equipo periodístico de Canal 13: Programa: “Contacto”.

· Al equipo periodístico de Canal Nacional: Programa: “Esto no tiene nombre”.

· A Pascale Bonnefoy, por su artículo, “Los falsos exonerados”.

Hemos omitido, un gran número de reportajes de medios como El Periodista, El ciudadano, Piensa Chile y muchos otros como Radio Bio Bio, a los cuales va también nuestro reconocimiento.

Santiago, 7 de Noviembre de 2011.

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

A NUESTROS COMPATRIOTAS

2011-10-20T17:11:00.000-07:00

A NUESTROS COMPATRIOTAS

OCTUBRE DEL 2011

Una sociedad estéril en utopías y con generaciones secas en ideales, requiere reivindicar, lo que han sido en el tiempo, las gestas paradigmáticas de hombres y mujeres que construyeron este país. Nuestro desarrollo evolutivo como sociedad, está marcado por el ejemplo de grandes luchadores sociales que lideraron a grandes masas de chilenos, que ganaron importantes espacios de libertad y derechos para la mayoría.

Este avance generó crisis de poder en nuestra historia que fueron resueltas reprimiendo a los débiles, que paradójicamente son siempre la mayoría, veintitrés masacres contra el pueblo contabiliza la historiografía social moderna, una guerra contra una de nuestras etnias originarias, que es un símbolo de barbarie humana. Y en nuestro pasado reciente, un golpe que fractura profundamente nuestra convivencia y que arroja un saldo trágico que no es resuelto hasta el día de hoy.

Sea nuestra lucha, un homenaje a esos hombres y mujeres que ofrendaron su vida en construir utopías con la única herramienta de los ideales. A esos, que entregaron importantes espacios del más preciado patrimonio de un ser humano, la libertad, a edificar una sociedad mejor desde una cárcel.

“Todo se ha hecho mal”; “los Derechos Humanos, nunca han sido prioridad para la Concertación”*. (Lorena Pizarro y Pamela Pereira)

Con estas afirmaciones, dos importantes actores de la lucha que hemos dado en estos años por reivindicar la verdad y la justicia sobre la barbarie que vivió nuestro país en nuestra reciente historia, podríamos sintetizar, toda una estrategia fracasada del Estado de Chile, para enfrentar este tema desde 1990.

La realidad es que no ha habido verdad ni justicia, menos, reinserción social de las víctimas, en el sentido que el Derecho Internacional obliga al país. Lo que ha primado siempre en estos años, ha sido eludir la verdad, protegiendo a los autores principales y buscando artimañas para que no enfrenten a la justicia.

Hoy día en Chile, la impunidad se ha legitimado, consolidada por un decreto ley de amnistía, que se han negado a derogar, y por la introducción de la figura jurídica de la desaparición forzada, decisión que surge de los acuerdos secretos de 1989 con la tiranía.

Este oprobio ya ha producido consecuencias graves para el país, baste decir, que ante los escándalos económicos que nos han sacudido en el pasado y en estos veinte años, no existe ninguna alta autoridad política que haya sido condenada por sus responsabilidades en estos delitos, lo que constituye, según alguien dijo: “una cultura de la corrupción”.

Este cuadro se ha visto agravado dramáticamente con las denuncias que hemos hecho públicas en estos días y que son una ratificación ante la sociedad de lo formulado en más de catorce años a la institucionalidad del Estado, sin que esta, haya reaccionado rectificando estos errores.

Sin lugar a dudas, nuestra denuncia pública ha cambiado radicalmente el escenario en que se discutía este importante asunto, hoy día, es la sociedad entera la que es informada de lo que ha ocurrido, conoce y seguirá conociendo esta descarnada realidad, donde, los Derechos Humanos han sido moneda de cambio e instrumento electoral para que cúpulas de poder ajenas al sentimiento mayoritario de la sociedad obtengan más o menos prerrogativas en una lucha abyecta.

Este divorcio entre la política oficial sobre esta materia aquí analizada, y la opinión que de ella tiene el pueblo de Chile, ha sido recogida por una encuesta realizada por FLACSO-CEPAL hace algún tiempo, en este estudio de opinión los encuestados presentan una clara tendencia: 44,9%, percibe a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio. Un 44%, prefiere el camino de la justicia para determinar responsabilidades. Un 78 %, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos.

Un 92,5%, le asigna al ejército la mayor responsabilidad en los abusos. La opinión encuestada apoya mayoritariamente los esfuerzos por reparación material y simbólica. Este resultado, una vez más, demuestra que la sociedad chilena cuando es consultada, reacciona positivamente a la búsqueda de verdad y justicia y reinserción social de las personas agraviadas.

Obviamente, la precaria democracia que las cúpulas de poder han decidido para Chile, no ha acogido este sentimiento mayoritario de nuestra población.

Derechos Humanos en la medida de lo posible. Democracia en la medida de la capacidad ético moral y los principios ideológicos de los que deciden el presente y el futuro en este país. Esa es la causa del fracaso de esta política y otras, que ha sufrido los chilenos.

Los Derechos Humanos pertenecen a todos, forman parte de un patrimonio de la humanidad que emerge como bastión para contener la violencia salvaje de un sistema globalizado que cosifica al ser humano.

Algunos, han querido monopolizar esta lucha en Chile, hegemonizando por años este tema en representación de una sociedad que no los ha elegido para tal misión, pero que consecuentemente, los indica como responsables y cómplices de lo que ha ocurrido. Sí señores, ustedes también son responsables con su retórica hueca, llena de consignismo trasnochado, con su dogmatismo fanático y su sectarismo.

Nos preguntamos: ¿Cuándo hicieron las denuncias que hoy día conmueven a la sociedad?. A estos paladines, arrogantes y soberbios, les consultamos: ¿Cuál ha sido su postura ante esta política aberrante y la corrupción que la inunda?

Porque el relato de los hechos históricos no puede ser cambiado, fue el pueblo con su lucha el que terminó con la noche negra que asoló al país por diecisiete años, fueron ellos y no ustedes, los que recuperaron la posibilidad democrática, que ustedes, sí traicionaron.

Fueron nuestros mártires, los que con su vida ofrendada, se transformaron en héroes populares.

Fueron los que por años sufrieron prisión política y tortura y que desde las cárceles seguían luchando, los que cambiaron las cosas.

Fueron los que perdieron su país y que desde su destino de exilio colaboraron con la lucha.

Fue la Iglesia Católica, la que con su manto solidario, acogió a los perseguidos.

Ustedes señores, llegan al final, cuando el destino estaba escrito, cuando la mesa estaba llena de futuro promisorio, aparecen a cambiar este futuro y truncarlo.

Transparentar esta verdad, es reivindicar la memoria de las victimas legitimas, que hoy, aparecen sumergidas en una vorágine de corrupción y vergüenza, compartiendo listas con criminales, golpistas y oportunistas.

Enfrentar la verdad del fracaso de la política de DDHH del Estado, y la responsabilidad de los Gobiernos a partir de 1990 por la responsabilidad legislativa que han tenido, frente a la sociedad en forma transparente, reivindica este patrimonio social.

En cambio, señores “paladines” de esta causa, violenta el concepto, a las víctimas y a los chilenos, la ola de escándalos que se han venido produciendo desde el inicio de esta política.

Violenta la memoria de nuestros muertos: la figura de la desaparición forzada, sacada de los anales de la propaganda nazi para impedir que a los luchadores el pueblo los declare mártires y hacer imposible la verdad y la justicia; la decisión de Aylwin de no hacer nada para derogar o anular el decreto ley de amnistía; el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el acuerdo Figueroa-Otero de 1995; el proyecto de ley del Senado de 1998; el proyecto de ley Lagos del 2003; el proyecto de ley de la Alianza-Concertación de 2005, los cuales, demuestran un criterio perverso y que traiciona los acuerdos con la sociedad chilena y el mundo.

Violenta la dignidad de los retornados, el escándalo producido por el uso delictivo de los fondos internacionales llegados al país para su reinserción, esta dura realidad, produjo una ola de suicidios y muertes entre estos chilenos.

Violenta a las víctimas de prisión política y tortura: la aberrante impunidad que la ley llamada Valech, trae implícita, y el vergonzoso escándalo que se comete con el beneficio de educación superior para estas personas, el cual, ha enriquecido a universidades privadas donde ustedes participan.

Violenta señores, la dignidad de los legítimos exonerados políticos: Financiar su propia reparación con su patrimonio previsional y aparecer en listas junto a criminales, golpistas y sinvergüenzas, todos ellos, calificados por ustedes en una carrera vertiginosa por conseguir votos y componendas.

Violenta a las víctimas de violación a sus derechos: ser vejados en largas colas y esperar perpetuamente ser atendidos en el sistema público de salud, para tratar las dolencias generalmente producidas por los apremios físicos y mentales que padecieron.

En fin, violenta a las víctimas y al país en su conjunto: una política que ustedes han promulgado y mal aplicado, que se caracteriza por su inmoralidad y los efectos traumáticos que produce.

En búsqueda de la verdad y la legalidad, en Mayo de 2008, nos dirigimos a la Presidencia de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, entregando un informe crítico de lo que era esta realidad, y solicitamos se cumpliera el rol constitucional que la Cámara tiene, cual es, el de controlar la legalidad de los actos del gobierno.

Un hecho inédito en esta ocasión fue conversar con su Presidenta, una parlamentaria joven de la llamada Derecha y conocer su pensamiento, coalición que llega por primera vez a ese cargo, producto de una negociación en la cual, ustedes señores, entregaron tan importante sitial, a cambio de uno en la Presidencia de la Corporación, lo que desmiente la ya repetida retórica de la importancia del tema para los Gobiernos entre 1990 y 2010.

En estos veinte años, el rol que ha cumplido la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, con su quórum dominado por los partidos de Gobierno es caracterizarse por una obsecuencia escandalosa y cómplice, que ha permitido la comisión de todos los escándalos que han ocurrido con esta realidad. El impacto que provocan los sucesos y las denuncias ocurridas en estos días, no es nada más que la consecuencia de no haber cumplido con el mandato constitucional del artículo cuarenta y ocho de la carta magna, caiga sobre ustedes esta grave responsabilidad, que esperamos, la sociedad les haga pagar.

Somos una organización autónoma e independiente de carácter nacional, reconocida por el Estado por nuestra representatividad, posición técnica y responsabilidad, a pesar, de ser frontales críticos del sistema.

Si queremos que los DDHH, sean patrimonio de todos, y no de algunos, tenemos que erradicar la lógica de los vencedores, porque esta es la que imperó en aquellos tristes diecisiete años. Hemos querido fijar nuestra opinión sobre este importante tema frente a la sociedad, sin secretos ni compromisos que nos aten, esperando que esto abra un nuevo tipo de debate que sea capaz de construir un Chile mejor.

La metáfora del poeta Ernesto Cardenal, es aplicable en esta ocasión: “Fuimos soldados derrotados de una causa invencible”.

Vayan a la sociedad chilena, nuestros compatriotas, nuestros reconocimientos por la ya histórica solidaridad con esta causa, desde aquellos días en que los objetivos de la lucha eran: Libertad y Democracia, hasta hoy, en que la defensa de los Derechos Humanos y su consolidación como cultura, surgen como único bastión para contener la barbarie que trae implícita la realidad globalizada de un sistema inhumano.

Gracias a este apoyo, hoy, toda la institucionalidad de Estado, cosa que ayer negó, investiga nuestras denuncias, doblegada por la verdad irrefutable de los hechos.

Santiago, Octubre de 2011

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE

2011-10-18T19:53:00.000-07:00

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 18 de Octubre de 2011.-

Señora

Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de los

Derechos Humanos

PRESENTE

Señora Directora:

En nuestra comunicación de Diciembre pasado, informábamos a ustedes acerca de nuestro pensamiento con respecto a lo que había sido la política que sobre Derechos Humanos había implementado el estado de Chile a través de leyes y otros procedimientos absolutamente divorciados de las obligaciones para con la Constitución Política de Chile y con el Derecho Internacional Humanitario, de cómo, además, de este divorcio violatorio, se habían infringido las normas que constituían estas leyes, manoseando interpretativamente sus objetivos para satisfacer otros intereses como el electoral, etc, etc..

Consecuentes con esta posición crítica, la cual, hemos mantenido durante catorce años, interpelamos a toda la institucionalidad del estado, no encontrando respuesta satisfactoria a nuestra exigencia, a sido la herramienta medíatica, con la cual hemos trabajado durante años, la llave que está permitiendo que este escándalo de insospechadas consecuencias, sea conocido por nuestra sociedad.

El reportaje en cuestión, demostró y comprobó la esencia de nuestra denuncia: conflicto de intereses, tráfico de influencias, en síntesis, corrupción. Ya, otros medios a través del tiempo, habían demostrado por medio de la investigación periodística: privilegios a victimarios y a grupos de poder como ex parlamentarios, ex autoridades políticas y partidos políticos. Ustedes, tienen cinco archivos digitales donde demostramos metodológicamente la sustentabilidad de nuestro pensamiento crítico acerca de esta seudo política de Derechos Humanos.

Sorprendentemente, hoy la institucionalidad del Estado muestra una voluntad por esclarecer estos hechos, que no tuvo ayer. El peso de la verdad doblegó la negligencia y la irresponsabilidad de instituciones que de haber cumplido su rol, habrían evitado tanto daño a personas que ya habían sido dañadas gravemente, y lo más fundamental, para el futuro: el daño que ha sufrido el concepto patrimonial de los Derechos Humanos.

Ante esta situación, solicitamos que la institución que usted dirige, nos informe sobre las acciones que en el marco de las obligaciones que le impone la ley que los regula, iniciaran. Las instancias que hasta el momento hemos acordado con las diferentes instituciones del Estado, son las siguientes:

-Ministerio del Interior: Auditoria sobre 150.000 expedientes de casos

calificados.

-Ministerio del Trabajo: Revisión de beneficios concedidos, con calificación legal.

-Consejo de Defensa del Estado: Se hará parte en las causas ante la justicia.

-Contraloría General de la Republica: Serán auditados dentro de sus facultades, beneficios y empresas exoneradoras.

-Cámara de Diputados: Comisión Investigadora.

-Ministerio Público: Designación de Fiscal Preferente. (solicitud)

-Corte Suprema: Nominación Ministro en Visita. (solicitud)

Como ustedes ven, una acción que solamente aborda el tema Exoneración Política, algo que los obliga por nuestra denuncia y la acción medíatica de los medios de comunicación, pero nos preguntamos, que ocurre con los otros escándalos referidos al tema Derechos Humanos: El caso del Retorno del Exilio con tres informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara, que fueron sofocados por la acción del poder, y cuyas víctimas se encuentran en total desprotección; El caso de las becas Valech, con informe de Comisión Investigadora, que acusa graves irregularidades en forma parcial, y también desprotección para las victimas estafadas e impunidad para los responsables, por la inacción de la institucionalidad hasta este momento.

Nunca rechazamos la creación de una entidad que dentro de la estructura del estado se preocupara de los Derechos Humanos, era una falencia necesaria de abordar por nuestra condición de país violador de estos derechos desde la creación de la República. Lo que fijábamos eran prioridades, primero, que el Gobierno de Bachelet, aclarará estos escándalos que entregaban sumados a la falta de verdad y justicia, un resultado desolador. Desgraciadamente, esto no fue así, hoy tenemos que enfrentar lo oprobioso que resulta una política ineficaz en materia de verdad y justicia, agravada por la corrupción que profundiza aún más su precariedad.

Queremos que el Instituto de los Derechos Humanos de Chile, sea un garante de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dentro de las limitaciones de su normativa fundacional, creemos interpretar a la sociedad en este anhelo, para lo cual, y con respecto al tema que nos preocupa, solicitamos por su intermedio a la institución lo siguiente:

I.-Estudio en Derecho de la Constitucionalidad de las leyes llamadas de Derechos Humanos: Rettig; Retorno; Exonerados Políticos; Prisión Política y Tortura; Prais.

II.-Participación como parte, en todas las acciones que el resto de las instituciones del Estado han iniciado e inicien con respecto al tema Exonerados Políticos, Ex Presos Políticos y Retornados.

III.-Participación como parte, en juicios sobre: desaparición forzada y ejecución política.

IV.-Informe Extraordinario al Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, sobre los sucesos relacionados con: Retorno del Exilio, Ex Presos Políticos (Becas Valech), Exonerados Políticos.

V.-Intermediación para una reunión en conjunto con el Comisionado Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Santiago.

Nuestra solicitud se encuentra regulada por los derechos que nos asisten como ciudadanos de la Republica, además de los contenidos en la ley Nº 20405: Arts. 2º; y 3º - Nºs. 1 al 5.

Saluda atentamente a usted.

Raúl Jóse Celpa López

Presidente Nacional

Calle: Dieciocho Nº 45 Of 301 – Santiago de Chile – Fono 6355233

E-mail: raulcelpa@gmail.com_________________

""PENSIONES BAJO SOSPECHA""

2011-10-12T13:31:00.000-07:00

http://www.13.cl/programa/contacto/reportajes/pensiones-bajo-sospecha-parte-1

http://www.13.cl/programa/contacto/reportajes/pensiones-bajo-sospecha-parte-2

http://www.13.cl/programa/contacto/reportajes/pensiones-bajo-sospecha-parte-3

"Queremos a todos los involucrados en el escandalo de Derechos Humanos en la carcel"

2011-10-08T17:44:00.000-07:00

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 6 de Octubre de 2011.-

Señor

Presidente

Cámara de Diputados

de Chile

PRESENTE

Señor Presidente:

Desde el año 1998, nuestra organización viene interpelando a la institucionalidad del estado chileno sobre las graves irregularidades contenidas en las leyes que se han promulgado en materia de Derechos Humanos: su inconstitucionalidad y la profunda violación al Derecho Internacional Humanitario, que obliga al país, han motivado nuestra acción.

Pero, donde la situación además de vulnerar la fe pública, se hace insostenible, es en los procedimientos de aplicación de estas normas legales, la violación del objetivo y la letra que estas normas contienen al introducir fines abyectos y absolutamente divorciados del concepto valorico que las inspiran, han creado un profundo rechazo y acentuado el conflicto que las originó.

En el caso de esa Corporación, han sido recurrentes los llamados formulados por nosotros para que esa institución cumpla con su rol constitucional y así haber evitado el escándalo que hoy remece a la sociedad que comprueba que nuestras reiteradas denuncias tienen una solida base de sustentación.

En estos años, los casos de: Retornados del Exilio Político, avalado por tres informes de comisiones investigadoras de la Cámara; el caso becas Valech, avalado también por informe de esa corporación; y el caso Exonerados Políticos, han sido repetidamente requeridos por nosotros, a esa Cámara, sin respuestas oportunas y eficientes que resuelvan lo oprobioso e indignante para el país y las víctimas reales.

En cada una de las instancias de investigación que esa Cámara ha acordado, hemos colaborado a través de nuestro testimonio y de estudios e informes de nuestra autoría, que en definitiva, al arribar a las conclusiones de la investigación, nos dan la razón. Solo en el tema de la Exoneración Política, nuestros esfuerzos porque se investigue han sido infructuosos, no obstante, existir acuerdo para ello desde Diciembre de 2008. En reiteradas oportunidades, por medio de correo electrónico y otros medios de comunicación, hemos exigido al actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el cumplimiento de este acuerdo de investigación, resultando inútil nuestro esfuerzo, hoy entendemos claramente el porqué de esta renuencia a investigar.

En Abril del año 2010, decidimos interpelar a la Corporación a través de su Presidenta, la Diputada Señora Adriana Sepúlveda O., en un documento donde claramente expresamos nuestra protesta por el abandono que la corporación ha hecho del rol constitucional que le cabe en el resguardo de la legalidad de los actos del Gobierno, lo que obviamente, presume una actitud de colusión con el resto de la institucionalidad del Estado. Esta interpelación, tuvo una respuesta de la Presidencia de la Cámara, la cual, con fecha Junio del 2010, mediante carta nos responde textualmente: “Consultada la Comisión de Derechos Humanos respecto de nuestros planteamientos, ha elaborado una minuta respecto de la aplicación de las leyes de reparación y de su actuación” y prosigue: “ Que si bien se han recibido denuncias por deficiente o incorrecta aplicación de tales normas, se ha estimado pertinente que las investigaciones administrativas y penales han sido suficientes, y en tal sentido innecesario dar curso a investigaciones de origen parlamentario”. Ante los hechos que el país hoy conoce y seguirá conociendo, sorprende la respuesta de la Presidencia, pues la verdad que hoy surge, demuestra que este escándalo era conocido por los parlamentarios desde hace mucho tiempo, que su gravedad había sido denunciada según algunos de estos parlamentarios hoy declaran, lo que sitúa a partir de la señalada respuesta, a la Cámara en un papel de cómplice en la comisión de estos delitos.

Ante la gravedad de estos hechos, y en uso de nuestros derechos constitucionales, exigimos arbitrar a través suyo, el máximo de sanciones que el ordenamiento institucional tiene previsto para las faltas a la ética y a la probidad que hayan cometido parlamentarios de esa corporación en la comisión de obstrucción al mandato constitucional de controlar la legalidad de los actos de los Gobiernos involucrados en los presuntos delitos que hoy conoce el país e investiga la justicia, que en definitiva, estas sanciones a los involucrados, los eximan del fuero que impide sean encausados como cualquier ciudadano común en las causas que se siguen y se iniciaran como resultado de las instancias judiciales, y administrativas que han aprobado esa corporación y el gobierno. Que sean sancionados con la correspondiente censura, los responsables de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, que flagrantemente violaron el acuerdo de investigación emanado de la sesión especial celebrada el 3 de Diciembre de 2008, a la cual, fuimos invitados en nuestra condición de denunciantes de estos y otros hechos, como lo establecen las actas de dicha sesión.

Saluda atentamente a usted.

Raúl José Celpa López

Presidente Nacional

Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex - Presos Políticos

Dirección: Dieciocho Nº 45 Of: 301 – Santiago de Chile – Fono 6355233 – e-mail: raulcelpa@gmail.com

A lugar presentación en contra de las medidas del Alcalde de Providencia

2011-10-07T12:08:00.000-07:00

Comunicado

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un recurso de protección en contra de las medidas adoptadas por el Alcalde de Providencia Cristián Labbé y lo obligó a paralizar la ejecución de de dichas acciones.

La resolución de la justicia se tomó luego de la presentación que hicieron ante los tribunales el Presidente del Partido Progresista, Marco Enriquez-Ominami y la Coordinadora de la Defensoría Ciudadana del PRO, Andrea Condemarín. El recurso en contra del Alcalde Labbé y de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia tenía el propósito de proteger de las medidas anunciadas por el edil a un grupo de alumnas del Liceo Carmela Carvajal, la acción judicial fue declarado admisible y además se acogió la orden de no innovar que se solicitaba, con el fin de paralizar las acciones anunciadas por Labbé.

Desde el momento en que tomó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, al Alcalde de la UDI y coronel en retiro del ejército, se le dio un plazo de cinco días para que entregue al tribunal de alzada para que entregue todos los antecedentes sobre las acciones que anunció en contra de la comunidad escolar de los liceos de Providencia.

Lo resuelto por la justicia ante la acción presentada por el Partido Progresista, es un nuevo gran triunfo para los estudiantes y sus apoderados, mantienen su calidad de estudiantes con todos sus derechos a la espera del fallo sobre el fondo de la solicitud presentada que debe dirimir la Corte de Apelaciones sobre el derecho del alcalde para cancelar las matriculas de los estudiantes en la forma arbitraria como lo anunció.

Una vez conocida la determinación judicial, más de centenar de estudiantes de otros planteles de la comuna, han solicitado ser incorporados al recurso para protegerse igualmente de las medidas del alcalde, se espera que otros se sumen ante el temor de quedar excluidos de los establecimientos en los que actualmente cursan sus estudios.

"La Ley mas inmoral y la calificación de victimarios"

2011-09-07T12:28:00.000-07:00

LA LEY 19992 SOBRE PRISION POLITICA Y TORTURA

I.- EL MARCO JURÍDICO VIOLADO

La ley 19992, sobre prisión política y tortura, forma parte de un conjunto de normas legales que constituyen la llamada Política sobre Derechos Humanos del Estado Chileno.

Que este conjunto de normas legales en cuanto a establecer una bonificación compensatoria o una pensión de reparación, así como otros beneficios sociales, no incompatibilizan con otros tipos de indemnización, habida consideración de su carácter meramente asistencial. Que la acción de estos derechos, deben estimarse imprescriptibles, por la naturaleza de los actos que los originan.

Que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos no solo por la Constitución Política sino también por los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

Que la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando se deja de aplicar la referida norma, se la vulnera, y también se infringe la del artículo 5º de la Constitución Política del Estado, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos del Derecho Internacional establece que: “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, y el deber los órganos del estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de indemnización. (Corte Suprema, causa:Ortega Fuentes con Fisco Chileno, fallo final).

Que en conformidad a este criterio jurisprudencial contenido en este fallo, la ley sobre prisión política y tortura tal como el otro conjunto de leyes que forman la política antes señalada, son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, a la Constitución Política del Estado y deben entenderse solo como leyes que conceden beneficios de tipo asistencial, pero que en ningún caso restituyen los derechos fundamentales violados.

II.-LA INMORALIDAD COMO RASGO ESENCIAL DE LA LEY

La ley en cuestión fue promulgada catorce años después del inicio del período de normalidad democrática, aspecto que revela la falta de voluntad política de los gobiernos a partir de 1990 para legislar sobre aspectos trascendentales de la llamada transición habida consideración de la importancia y gravedad de la prisión política y la tortura en el marco de la violación a los derechos esenciales en el período 1973-1990, y obedece en su esencia a los acuerdos que en definitiva regularon la llamada transición en materia de verdad, justicia y reparación.

Se consolida legalmente la impunidad por cincuenta años en su artículo nº 15, lo que expresa claramente uno de los objetivos de legislar después de 14 años, proteger a los victimarios de tortura y no reivindicar a las víctimas de las violaciones.

Otro aspecto que muestra la real intencionalidad de la norma citada, la encontramos en su artículo nº 2, que establece un beneficio reparatorio francamente precario para este tipo de daño, considerando las indemnizaciones que la justica establece para daños de menor gravedad.

La reparación establecida no es proporcional al daño causado, no se evalúa la tortura como daño principal y en el caso de prisión, esta no se pondera para reparar, da lo mismo haber estado preso un día que cinco años.

Se establece la incompatibilidad entre los beneficios reparatorios de la ley 19234 y sus modificaciones y los de la ley 19992, lo que es constitutivo de violación al principio constitucional de igualdad ante la ley y al Derecho Internacional Humanitario.

Se establecen beneficios educacionales francamente extemporaneos para el grupo etario al cual va dirigido, se excluyen los post grados que sí tienen oportunidad, en la ley 20405 modificatoria de esta norma, se perjudica al beneficio, llevándolo para los descendientes a becas de inferior calidad.

III.-LA CALIFICACIÓN UN DESAFIO ETICO.

De esta forma, el proceso de calificación de las personas que sufrieron la prisión política y la tortura en el contexto de una ley con características gravemente violatorias del la Constitución Política del Estado y del Derecho Internacional Humanitario y que a pesar de estas aberraciones, dice buscar reparar un derecho humano violado, son realmente un desafío ético inconmensurable. Primero, deben en sus decisiones respetar el objetivo valorico que tienen estas normas, a pesar, del antivalor implícito. Segundo, interpretar la aplicación del articulado de la ley conforme al objetivo que dicen tener. Tercero, haber representado a la institucionalidad del Estado, las contradicciones que la norma tiene para cumplir estos objetivos.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, fue creada por Decreto Supremo 1040 del año 2003, y posteriormente con la promulgación de la ley 20405 fueron ratificados en cuanto a sus integrantes y encargados además de calificar desapariciones forzadas y ejecutados políticos no considerados en procesos anteriores. El país no conoce las calificaciones que tienen estas personas para enfrentar tan delicadas funciones, aún más, en virtud del cambio de gobierno ocurrido el año 2010, no conocemos de la ratificación del nuevo gobierno.

Desgraciadamente, los resultados hechos públicos de la segunda étapa de calificación, entregan conclusiones decepcionantes: Las características profundamente inmorales de la ley que causa estas calificaciones, no pudieron ser superadas por los criterios de la comisión; El rasgo gravemente violatorio de la Constitución de Chile y del Derecho Internacional Humanitario, determina que este informe de calificación contenga serios vicios éticos que han determinado en un estudio inicial, concluir que fueron calificados victimarios de connotación pública e internacional; Que se perjudicaron gravemente los casos de mujeres y menores detenidos con sus padres al no focalizar procedimientos de investigación especiales; Que el conflicto de intereses provocado por la dualidad de funciones de la Vice Presidenta Ejecutiva Subrogante, al pertenecer a esta Comisión y ser parte del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, provoca la nulidad de sus funciones.

En conclusión, la grave violación a la Constitución política del Estado y al Derecho Internacional Humanitario, el carácter profundamente inmoral de la norma legal que manifiesta reparar un derecho humano violado, al margen de estos cuerpos jurídicos, hace imposible concluir que el derecho violado se ha reivindicado.

Toda la situación anterior, más las irregularidades de procedimiento de la Comisión Calificadora, los criterios que permitieron calificar a victimarios como victimas, discriminar en el caso de las mujeres y los menores en condición de prisión, los conflictos de intereses de la Directora Ejecutiva: Determinan repetir este proceso teniendo en cuenta que el país no puede soportar situaciones de este tipo dada la importancia del patrimonio valorico en juego. Que los derechos de las personas involucradas y definitivamente calificadas deben ser respetados, aplicando retroactividad a la fecha de la solicitud de calificación.

Raúl José Celpa López

Comisión Nacional Unitaria Exonerados y Ex Presos Politicos de Chile

"Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex presos Políticos de Chile reconviene al Presidente Piñera"

2011-08-28T12:01:00.000-07:00

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 27 de Agosto de 2011.-

SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DON SEBASTIAN PIÑERA E.

PRESENTE:

Señor Presidente:

En el día de ayer fueron publicadas las listas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y ex presos políticos y torturados, calificados en una segunda etapa, en conformidad con el artículo 3º de las Normas Transitorias de la ley nº 20.405.

Al revisar estos listados, hemos comprobado con indignación que los criterios usados en los procesos de calificación anteriores referidos a las leyes 19234 y 19992, en esta oportunidad, se vuelven a repetir: se distorsiona gravemente la ley y se califican precisamente a personas que obedecen a un perfil político absolutamente contrario al que definen estas normas, lo que constituye, un procedimiento que atropella absolutamente las mínimas normas de moralidad y ética que deben ser el marco que sustenten estos procedimientos, tomando en consideración el tipo de leyes que se están aplicando cuyo objetivo es, reivindicar la dignidad de seres humanos a los cuales, se les ha dañado gravemente.

Tal procedimiento ya recurrente hoy en nuestro país, constituye un escándalo de relevancia pública, que está siendo investigado en varias instancias institucionales y en el ámbito de la justicia, a través, de denuncias, requerimientos y querellas interpuestas por esta organización defensora de los Derechos Humanos.

La responsabilidad de estos hechos en conformidad a la ley, recae en la comisión calificadora asesora presidencial, que esta señala, la cual, fue nombrada con ocasión de la promulgación de la ley 19992 y posteriormente, ratificada en su composición con motivo de la promulgación de la ley 20405, esto es, desde el año 2004, de esta forma, los criterios en cuanto al perfil de sus integrantes se han mantenido inalterables desde ese año.

Esta situación nos llamó profundamente la atención, ya que con motivo de la referida ley 20405, también, se crea el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, institución que en la composición de su consejo cuenta con una persona con dualidad de funciones, nos referimos a la señora María Luisa Sepúlveda E., la cual, además de ser consejera del instituto señalado, es también, Presidenta Ejecutiva subrogante, de la Comisión Calificadora de las leyes 19992 y del llamado Informe Rettig, lo que constituye, a nuestro juicio, una incompatibilidad ética inaceptable.

Estos antecedentes constituyentes de una conducta aberrante por parte del Estado, tomando en consideración del tema que tratan referido a los derechos esenciales del ser humano, fueron puestos en conocimiento suyo, por parte nuestra, con fecha 5 de Abril del presente año, mediante un documento de análisis, el cual, fue acompañado de un set de informes que sustentan nuestro diagnóstico de la situación y la propuesta de solución a este grave problema, los cuales, aún se encuentra sin respuesta por parte de la Presidencia de la República. Hoy el señalado documento de denuncia, diagnóstico y solución, se ve agravado por este proceso de calificación ilegal, puesto en conocimiento de la ciudadanía en el día de ayer.

Esperamos que en esta ocasión, las gravedad de estos hechos, determine al señor Presidente de la República, priorizar una agenda que resuelva definitivamente esta fractura que permanece en nuestra sociedad.

Saluda atentamente.

DIRECCION NACIONAL

Raúl José Celpa López Presidente

Alejandro Morales Chávez Vicepresidente

Nelson Díaz Sánchez Vicepresidente

Domiciano Soto Tejías Secretario General

Jorge Del Campo Balbontin Tesorero

Reinaldo Lagos Rojas Director Técnico

Carolina Vega Miranda Directora

Dirección: Dieciocho Nº 45 Of 301 Santiago – Fono 6962082

Mail: raulcelpa@gmail.com - derechosyhumanos@gmail.com

Declaración Publica: Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex-Presos Politicos

2011-08-25T18:01:00.000-07:00

DECLARACIÓN PUBLICA

Chile en 1970 se pronunció mayoritariamente por el tipo de sociedad que quería, después de la noche negra que vivimos y que frustró estos ideales. En 1988, nuevamente en un acto plebiscitario, la sociedad democráticamente, decidió cambiar totalmente el proyecto de la derecha, reemplazándolo por un modelo de sociedad justa, igualitaria y democrática: cuyo centro fuera el ser humano. Lamentablemente, esta decisión democrática de nuestra sociedad, nuevamente fue amagada por acuerdos espurios entre la tiranía, su brazo político y la coalición política que asumió el compromiso de cambio, de esta forma, después de 21 años, la sociedad nuevamente reivindica lo que ha sido su histórica decisión: Crear una sociedad diferente, donde el ser humano sea el eje central, donde el objetivo del desarrollo del país se convierta en calidad de una vida con real sentido.

Con una larga experiencia de trabajo junto al pueblo, y un claro compromiso con la democracia, nuestra organización el año 2000, definía al período iniciado en 1990, como de continuidad, consolidación y culturización del proyecto de la derecha chilena, que la alianza gobernante había traicionado la decisión del pueblo chileno, que la llamada transición no iba jamás a concluir en más democracia. Teníamos razón: la juventud como vanguardia social, hoy, confirma nuestro pronóstico, 20 años de continuidad y al fin, la entrega del poder nuevamente a la derecha, no a una derecha acorralada como la de 1990, sino, una derecha mundialmente poderosa en un mundo globalizado por el capitalismo como proyecto unipolar.

Desde nuestro rol en la sociedad, de defensores de los Derechos Humanos declaramos: que la consigna "Nunca jamás" acuñada demagógicamente por los sectores del poder hace algunos años, es falsa, que no tiene sustento alguno, que si desataron la barbarie con una Constitución hecha a la medida, hoy los mismos hechos criminales se pueden reproducir con la Constitución firmada por Ricardo Lagos, porque en su esencia está la mano del tirano. Chile en su historia, cada vez que ha enfrentado crisis de poder, ha resuelto el conflicto masacrando y reprimiendo al débil, y ese sector ha sido el pueblo. Ahí tenemos a la impunidad institucionalizada, que ha hecho imposible la verdad y la justicia. Este oprobio nacional debe terminar.

Por tanto, declaramos nuestro más profundo apoyo a las propuestas de las vanguardias sociales que hoy emergen desde nuestra juventud, apoyamos con igual fuerza las decisiones de extirpar definitivamente de nuestra lucha, el dogmatismo ideológico y el sectarismo partidario, prácticas funestas que históricamente hicieron fracasar grandes momentos en nuestra historia. Que apoyamos absolutamente las iniciativas que surjan de procesos claramente democráticos, que produzcan definitivamente la unidad del pueblo. Que rechazamos los hegemonismos de sectores que hoy se alzan como críticos de proyectos
que ellos consolidaron y crearon en desmedro de la sociedad.

DIRECCION NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE.
derechosihumanos@gmail.com

NUESTRA RESPUESTA A LA MINISTRO DEL TRABAJO

2011-08-23T08:39:00.000-07:00

Señora
Ministra del Trabajo y Previsión Social
PRESENTE:

Señora Ministra:

Con asombro y decepción nos hemos impuesto del contenido del ordinario de la referencia, el cual, da respuesta a nuestro requerimiento formulado a usted con fecha 5 de Abril del presente. En el referido ordinario encargado por instrucciones suyas, el Sub Secretario de Previsión Social, aborda alguno de los temas planteados por nosotros, eludiendo temas de fundamental trascendencia como los señalados con respecto a toda la jurisprudencia administrativa emanada desde la Contraloría General de la República contenida en dictámenes que dicen relación con el numeral 1.3.- de nuestra presentación, y que define el criterio de aplicación de la prescripción cuando se ha violado la ley o se han cometido errores de tipo administrativo y que al menos, afecta a siete aspectos de la aplicación de la ley, hoy día, desconocidos por el I.P.S.

Nada dice tampoco el ordinario referido, del grave error en la aplicación del Art. 12 inciso 12 de la ley 19.234, que trata sobre la actualización económica que debe aplicarse a la base de cálculo para pensión, informada por el I.N.E. y que obliga a revisar todo el proceso de concesión de pensiones con cargo a esta ley.

En el numeral 1.4 de nuestro requerimiento, denunciábamos la grave contradicción que existe entre la esencia jurídica de esta ley de reparación, el descuento del 7% para salud y los beneficios contenidos en la ley 19881, llamada Prais. Contradicción que daña gravemente a personas que dice beneficiar, y que proponíamos solucionar mediante la derogación del referido descuento o la creación de la figura jurídica de la opcionalidad entre los sistemas de salud existentes y los de la
referida ley Prais. Desgraciadamente, nuestra opinión no fue escuchada y hoy los beneficiarios de la ley 19234, están excluidos de la derogación del 7% y la referida contradicción continuará perjudicándolos.

Otro aspecto insólito del contenido del mencionado ordinario, es eludir la solución a más de 8.000 personas, a las cuales se les ha desconocido su derecho a percibir el beneficio de la ley 20134, no
obstante, la jurisprudencia que hemos producido a partir de requerimientos formulados a la Contraloría General de la República, eludir esta obligación nos parece una muestra de un abandono de deberes para con las funciones propias de esa institución.

El asombro y decepción a la comentada respuesta entregada por esta Subsecretaría, nos obliga a consultar: ¿Existe voluntad política y administrativa para resolver estos temas?. Esta consulta, es una consecuencia lógica a un largo período donde se cometieron todo tipo de arbitrariedades, atropellos a la ley y a la Constitución, y se cometieron actos de corrupción incalificables, hoy de connotación pública.

Queremos señora Ministra, nos precise si se pretende continuar con los
procedimientos de un pasado vergonzoso.

Saluda atentamente a usted.
Raúl José Celpa López
Presidente

Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex-Presos Políticos

LOS DERECHOS HUMANOS INSTRUMENTO DE SOBERANIA POPULAR

2011-08-12T20:45:00.000-07:00

LOS DERECHOS HUMANOS INSTRUMENTO DE SOBERANIA POPULAR

I.- Los Derechos Humanos en la historia de Chile

La historia no es solo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. El mas importante de los Derechos Humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura. Debatir sobre Derechos Humanos en Chile obligadamente nos lleva a analizar nuestra historia, no la oficial sino la real. La tortura, la muerte, el dolor y la injusticia no se olvidan.

En la historia de nuestro país resulta evidente que por lo menos, desde el siglo XVIII en adelante Chile ofrece ciclos históricos que se asocian a periodos de expansión, crisis y autoritarismo.

La oligarquía fue la que armada intelectualmente del pensamiento conservador mas autoritario y materialmente del monopolio de las armas, gobernó durante todo el siglo XIX y parte importante del XX a sangre y fuego, para reprimir los anhelos de justicia social y libertades políticas que los pobres y los trabajadores reclamaban del Estado, las crisis de gobernabilidad que produjeron estas demandas sociales, significaron masacres de miles de seres humanos.

La primera huelga general en Valparaíso en 1890, significo la muerte de más de cien trabajadores. En 1892 en Iquique, en la salitrera Ramírez muere otro centenar. En Valparaíso en 1903 durante la huelga portuaria, en 1905 en la huelga de la carne en santiago, en Antofagasta en 1906 obreros salitreros son masacrados, en la tristemente celebre Escuela Santa Maria en Iquique en 1907 mueren entre dos mil a cuatro mil personas, la matanza fue tan cruel y masiva que los trabajadores tardaron doce años en intentar un movimiento similar.

Durante 1919 en Puerto Natales, 1920 en Punta Arenas, en 1921 en San Gregorio de Iquique, en 1925 en la Coruña, Ranquil en 1934, Santiago abril de 1957, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969, son fechas que testimonian masacres históricas que sufrió nuestro pueblo cuando se atrevió a levantar la bandera de sus derechos.

Frente a la evidencia histórica de estos hechos, el periodo dictatorial que sufrió el país entre 1973 y 1990 son la consagración de un modelo de Estado y una oligarquía, que para sostenerse históricamente, han practicado la violencia cada vez que la gobernabilidad vio peligrar sus bases antidemocráticas, además demuestra la estatura histórico moral de una nación que ha basado su estabilidad en la represión y marginación de parte importante de su población.

En el plano de su historia política, chile es un país atravesado por largos periodos autoritarios (portales, Ibáñez, Pinochet) donde el totalitarismo como ideología de poder gobernó por ejemplo entre 1831 y 1861, etapa caracterizada por l violencia de ello da cuenta la guerra contra la confederación Perú- Boliviana, las guerras civiles de 1851 y 1859, la rebelión de los trabajadores en Valparaíso la insurrección popular en Talca, la rebelión de los mineros en Lota y Coronel, el levantamiento de los araucanos, hechos significativos de periodos de alta violencia de violación al estado de derecho y de situaciones de facto.

En cuanto a los periodos de crisis político-social, Chile por ejemplo durante la etapa que va de 1823 a 1830, muestra lo que va a caracterizarlo como país gobernado por grupos oligárquicos los cuales, en defensa de sus intereses particulares no trepidaron en llevar al país y su población a profundos niveles de crisis, en efecto, durante estos siete años, la crisis se genera al intentar seriamente abolir los mayorazgos, expropiar los bienes de la iglesia católica dar participación política a sectores populares como el artesanado y combatir el centralismo de santiago sobre las provincias.

Desde los origines de la Republica, los derrocamientos, asonadas militares, guerras civiles, guerras expansionistas, crisis institucionales, perfilaron al país como una nación gobernada por las elites oligárquicas y neoligarquicas durante cien años causando al país un daño estructural de difícil solución por la vía democrática.

Así queda demostrado en las crisis prepopulistas de 1851, 1859, 1890, 1891, 1907, 1908, 1924, 1930-32, y las crisis desarrollistas de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-69.

Los valores de la democracia, el respeto a la vida la libertad del ser humano siempre en la historia de Chile han sido violados cuando los intereses de los grupos de poder son puestos en peligro.

II.- Los Derechos Humanos a partir de 1990, una estrategia política, inmoral

La etapa que se inicia en 1990, esta caracterizada por el pacto o acuerdo, al que llegan la alianza política que asume el gobierno con el gobierno dictatorial saliente (fuerzas armadas, partidos de ultra derecha, y de derecha tradicional) este acuerdo define y sella el carácter que tendrá el periodo de transición en cuanto a mantener el proyecto constitucional impuesto al país en 1980 y el modelo de desarrollo neoliberal también impuesto al país. Nada vale el proceso eleccionario previo a estos acuerdos, evento democrático donde la mayoría vota por un programa político que devuelve al país a la democracia plena modificando estructuralmente las líneas ideológicas que fundaron el proyecto de la Dictadura.

De esta forma por la vía de los acuerdos antidemocráticos de los grupos de poder, traumaticamente se revierte la decisión popular y se impone un modelo de democracia que solo mantiene las formalidades de esta, pero que en definitiva, otorga el poder de decisión soberano a cúpulas políticas y económicas que tutelan la esencia antidemocrática de esta institucionalidad.

De esta manera, en chile no existe una democracia, existe una ficción democrática, donde las mayorías no se expresan ni deciden su presente y futuro, estas son representadas por minorías a las cuales institucionalmente se le otorga el derecho de decisión definitiva. El sistema electoral binominal permite que una minoría política neutralice a las mayorías populares en la representación parlamentaria y a su vez el autoritarismo esencia ideológica de la constitución, otorgue suprapoderes al Presidente de la Republica, anulando la iniciativa de la representatividad parlamentaria.

En definitiva, los chilenos son obligados a votar por representantes previamente elegidos por grupos facticos, lo cual aniquila su capacidad de elección, capacidad que las verdaderas democracias entrega al pueblo. De igual forma, se procede con respecto a la elección de las autoridades de los otros poderes del Estado, una minoría elige la conformación del Poder Judicial y del Poder Contralor de la legalidad del Estado.

Esta institucionalidad violatoria de los derechos esenciales de la persona, ha generado profundos síntomas de frustración y apatía política, que se expresan en la no participación en los procesos electorales, en el ultimo proceso tres de cuatro jóvenes no votaron, tres millones quinientas ochenta mil personas se auto marginaron, la autoridad máxima del país fue elegida con el 35% del potencial electoral de diez millones quinientas veinte mil votantes.

La libertad de expresión, el respeto a la vida, la educación, la salud, el derecho a elección, el derecho a la seguridad social, los derechos a negociar colectivamente, ha sindicalizarse, hoy día no son derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, situación que ha excluido a la mayoría del desarrollo humano generando una inequidad escandalosa en el país que lo sitúa entre las tres sociedades mas desiguales del mundo.

El Estado chileno en esta etapa de transición, consolida un sistema político institucional gravemente violatorio de los Derechos Humanos como producto del pacto que subscribiera en 1989 y que determino el destino de la transición, al discurso oficial globalizador se opone la sistemática violación de las normas que constituyen el Derecho Internacional y que obligan al país. Chile, viola hoy parte importante de los convenios que regulan las normas sobre le trabajo y la seguridad social, convenios de la OIT que Chile ha suscrito como el numero 87 y 98 de esta organización sobre sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga. Viola al mismo tiempo, la Convención Contra la Tortura lo que permite hoy, en nuestro país se infrinja daño físico o mental a la persona sin que este delito este tipificado en su gravedad y reciba penas en relación al acto delictual.

En definitiva, la transición a la democracia, periodo que ya se prolonga por diecisiete años, troncho los anhelos de amplias mayorías de ciudadanos que lucharon por una democracia donde sus derechos se vieran representados, el fracaso de estos anhelos mayoritarios definen a esta etapa histórica, como traumática e inmoral. La aseveración: “democracia en la medida de lo posible”, es la expresión de una postura política profundamente inmoral donde los compromisos asumidos con el pueblo, se transan para permitir gobernabilidad con los sectores politicos y económicos que sustentaron e periodo mas negro de la historia político y social de chile, donde se garantizan sus intereses y se consolida su ubicación en la estructura de poder.

En el proceso de gobernar para reestablecer la verdad, la justicia, y la reinserción social, política y económica de miles de chilenos, es donde se manifiesta la gravedad básica del trauma que vive la sociedad chilena. La barbarie que vivió chile entre 1973 y 1990 y que significo que miles de personas fueran asesinadas, miles fueran torturadas, miles hayan sido exiliadas, miles hayan sido expulsados de sus trabajos por las ideas políticas que profesaban, constituye una deuda moral del Estado chileno con el país y el mundo el cual a través de ejemplares muestras de solidaridad has apoyado la demanda de la sociedad chilena.

En el mundo globalizado de hoy, las normas que forman parte del Derecho Internacional y que constituyen el consenso mundial para regular y castigar las violaciones a sus derechos esenciales que sufrieron y sufren los pueblos, constituyen obligaciones ético morales ineludibles y estas forman parte del Derecho Internacional Humanitario y las Normas Internacionales sobre Derechos Humanos, resolución 60-147 de las Naciones Unidas.

En este aspecto, la transición política pactada con los victimarios como lo demostramos anteriormente, hace materialmente imposible el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, en sus comienzos la Comisión Rettig establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, el objetivo estratégico de la iniciativa es contradecir la imagen de masividad del periodo represivo y acotar los ámbitos de acción del proceso judicial a los responsables ha solo cuatro mil quinientas victimas y no a los cientos de miles que sufrieron estas violaciones, con esto se ha conseguido dejar en la impunidad al alto mando civil y militar creadores del sistema de aniquilamiento y represión.

Una segunda iniciativa enmarcada en esta estrategia para eludir la acción internacional que obliga a Chile, fue promulgar una ley para reinsertar a la sociedad a miles de exiliados que produjo la etapa dictatorial, el objetivo no se cumplió porque nuevamente se viola normativa internacional sobre la materia hoy en el país, los que retornaron son parias económicos perseguidos por incumplir estas normas inhumanas. Pero aquí, con respecto a esta normativa queda de manifiesto el carácter perverso de la política que sobre derechos humanos aplica el Estado, a su sentido inútil, al daño que se le provoca a las personas que retornaron, se suma la defraudación de millones de dólares por parte de los responsables directos de aplicar estas leyes, delitos que están verificados por dos informes investigativos de la Cámara de Diputados en los años 1998 y 2000.

La tercera iniciativa de esta estrategia política, busca reparar y reinsertar socialmente a las personas que perdieron su trabajo por las ideas que profesaban, nuevamente se viola el Derecho Internacional sobre derechos económicos, sociales y reparación. Estas leyes violan además el derecho constitucional de los patrimonios previsionales de las victimas y es promulgada fundamentalmente para que el Estado eluda reiterados fallos de la Corte Suprema que lo condenan por estas exoneraciones arbitrarias. Estas leyes increíblemente, enajenan el patrimonio previsional de la victima para financiar una eventual reparación, el efecto de la norma es realmente precario solo el 40% del total de calificados alcanza a percibir una pensión y esta en un 90% es mínima. Leyes que no favorecen a las victimas, sino al Estado como en el caso de los retornados se actúa con vileza y perversidad, al instrumentalizar estas normas para obtener beneficios electorales cautivando durante años a cientos de miles de personas con la promesa de ser calificados como exonerados politicos por parte del Estado y sus agentes.

Una cuarta iniciativa es promulgada después de trece años de ejercicio del poder por parte de la coalición gobernante, y esto es solo posible por la presión internacional, el cuestionamiento que el país formulan organizaciones de Derechos Humanos y definitivamente con la instrumentalizacion electoral que se pretende perpetrar con la iniciativa. Ella busca reparar a las victimas de prisión política y tortura y al analizar u texto queda de manifiesto el objetivo de la misma: en primer lugar, consolidar por mandato de la ley la impunidad de los victimarios de tortura y prisión política; en segundo lugar declarar incompatibles los derechos a ser reparados cuando una persona a sido victima de otras violaciones; en tercer lugar, viola el principio de proporcionalidad entre el carácter del acto violatorio y la reparación, al fijar un solo tipo de reparación fijando a esta un monto irrisorio que alcanza los doscientos dólares mensuales, consecuentemente con el resto de la normativa antes descrita también en esta ocasión se viola flagrantemente el Derecho Internacional.

De todo lo anterior, debemos concluir que Chile ha sido desde su inicio como republica un Estado profundamente violador de los derechos de las personas en el ámbito de lo civil, político y económico. Los derechos del individuo, ciudadano de la Republica, son letra muerta cuando se anteponen a los intereses de minorías que ostentan el poder, que la institucionalidad que rige la convivencia social no surge del anhelo de las mayorías muy por el contrario, la historia demuestra que esta es y ha sido el reflejo de los intereses de minorías oligárquicas y neoligarquicas como ocurre hoy día. Que Chile no es un país democrático sino que vive una ficción democrática que frustra y aliena a la mayoría de los ciudadanos alejándolos de su rol democrático de constructores de su presente y su futuro.

La soberanía emana de la libertad personal y colectiva, y los derechos humanos constituyen la consagración jurídica universal de esa dignidad soberana, la constitución y las leyes en tanto expresan la voluntad soberana de la voluntad nacional, son legítimas. Si, y solo si la expresan, se puede afirmar que representan soberanía.

Referencias Bibliograficas:

“Manifiesto de Historiadores”, Gabriel Salazar y otros.
“Historia de Chile”, Luis Vitale.

Autor: Raúl Celpa L.

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO (primera parte)

2011-08-11T20:01:00.000-07:00

En busca del tiempo perdido (primera parte)

Hemos querido titular pomposamente con el nombre de la trascedente obra de Proust, este proyecto de análisis histórico de los últimos 47 años de la vida de nuestra sociedad: las decisiones que le ha tocado asumir, los hechos que ellas provocaron en nuestro pasado reciente, las que originan en la actual crisis que enfrentan los chilenos, el tiempo que estamos obligados a recobrar pues lo perdido se expresa en vidas de seres humanos, muchas de ellas, ya perdidas, pero la mayoría al menos tres generaciones con el deber de asumir el liderazgo de un proceso que les devuelva su condición de soberanía y dignidad humana.

Una ola de indignación recorre el mundo. En los últimos 40 años, la sociedad mundial ha sido conmovida por el colapso de sus dos principales proyectos de vida, lo cual, destruyó las esperanzas construidas durante siglos. Desde la Revolución Francesa, caen los dos grandes sistemas ideológicos que se empiezan a perfilar a partir de este suceso político social ocurrido a finales del siglo 18: En primer lugar, el Socialismo en 1990, culmina en una crisis terminal, como consecuencia de una forma errónea de implementación y las contradicciones que produjo la manera de concebirlo. En segundo lugar, el Capitalismo el cual, al hegemonizar al mundo muestra su rostro más inhumano, llevando en estos últimos 21 años a la humanidad a cumplir un rol indigno, al negarles su esencia.

Grandes procesos sociales y políticos como la descolonización, la independencia nacional, los movimientos de liberación nacional, la emancipación del hombre de la esclavitud, el término de las fobias inter-raciales, logros que surgen de grandes luchas que dá la humanidad con costos de millones de vidas y que muestran el desarrollo de un profundo proceso evolutivo del hombre, hoy en riesgo, por la unipolaridad de una ideología que extrema al pragmatismo de lo material sobre lo humano como unica forma de concebir la realidad.

Nada en este ciclo evolutivo de desarrollo humano, hoy en riesgo, le fue regalado a la humanidad: Dos grandes guerras mundiales, guerras de independencia nacional, guerras de posicionamiento geográfico como consecuencia de un largo proceso de guerra fría entre las dos potencias que hegemonizan la conquista del mundo, hoy día forman parte de experiencias fracasadas que destruyeron las grandes esperanzas e ideales de millones de personas. Es así como, un futuro incierto invade al Hombre contemporáneo, hoy sin proyecto de desarrollo alternativo producto de una crisis permanente en la cual ha entrado el proyecto capitalista de desarrollo, la modernidad centrada en el desarrollo meramente tecnológico, postergó definitivamente el desarrollo de lo humano, obligándonos nostálgicamente a involucionar y pensar en etapas ya pasadas como la Ilustración, una total carencia de pensamiento de vanguardia simboliza el período crítico por el cual atravesamos.

De esta forma, viejas tiranías del mundo musulmán, son derribadas por pueblos enajenados durante siglos por el influjo religioso y después por las fronteras ideológicas de un socialismo que nunca llegó. Europa entra en un proceso de movilización social, bajo las banderas de la indignación, provocada por una crisis que cada día se agrava sin esperanzas de ser superada.

El lanzamiento del manifiesto “INDIGNAOS” (indignes vous), del filosofo Stéphane Hessel, reevíndica los principios que inspiraron la creación de las democracias modernas europeas, hoy en crisis, y sirve de sustento filosófico político al proceso de levantamiento social de indignación ante este estado de la humanidad.

Nuestro país, claramente en su historia nos muestra como el proceso de desarrollo evolutivo se va perfilando en sentido de lo humano como eje central: Una democracia cada vez más inclusiva, un estado protector, una política educacional centrada en lo plural, construcción de una legislación que en lo social tendía a proteger al más vulnerable, como consecuencia de cada vez mayores niveles de participación social y política en la toma de decisiones. En 1964, democráticamente es elegido un proyecto político de desarrollo llamado “Revolución en libertad” el cual, abre el debate sobre temas como la chilenización del cobre y la entrega de tierras a nuestros campesinos, introduce una fundamental modificación a la estructura capitalista de desarrollo primitiva que tenía Chile.

Este proceso, más el contexto mundial de hechos provocados por la decisión de pueblos como el cubano en 1959; el vietnamita que tras una larga guerra, primero contra los franceses y después contra los EEUU, logran su independencia. Además el caso francés, que en l968, pone en jaque al gobierno, tras una rebelión de los estudiantes universitarios que junto a los obreros provocan una modificación radical en las relaciones de poder en ese país y que posteriormente se extendió a toda Europa, aceleraron el desarrollo evolutivo importantemente al ser el marco de referencia contextual en nuestro país.

El discurso de nuestro país, estaba a nivel de las sociedades más avanzadas en lo político, en lo cultural, participábamos de los temas que eran de interés del mundo, baste decir como ejemplo, que simultáneamente se estrenaban obras de teatro en Santiago y Nueva York, como Equs por la compañía de teatro de los 4, de los hermanos Divauchelle. Gran nivel de participación democrática y mas acceso a la cultura de grandes masas sociales en el desarrollo de Chile, lo cual, permite la optimización la construcción de mejores niveles de democracia, que significan darle peso sustentable en el tiempo a nuestras decisiones electorales futuras.

Asi, llegamos a 1970, con altos niveles de conciencia en lo político y lo cultural, para enfrentar un proceso electoral que sería el más importante de nuestra historia republicana, pues en él la sociedad chilena asumiría un rol de sujeto social y político en la construcción de dos de las tres propuestas programáticas que el mundo político le haría al país.

Lo trascedente del evento electoral era la confrontación de los dos grandes y únicos proyectos de desarrollo que imperaban en el mundo en ese entonces, un mundo bipolar con claras fronteras en lo geopolítico e ideológico, sustentadas por un permanente sistema de confrontación y defensa de estas fronteras llamado “guerra fría”.

Ante este contexto mundial el país estaba preparado, un intenso proceso de lucha ideológica iniciado en l964, más un importante cambio en las relaciones de producción y de poder en muchas areas de nuestra estructura económica: el cobre; las relaciones agrarias de producción; la creación de una burguesía nacional, como efecto de un insipiente proceso de industrialización generado por los tratados de integración Latinoamericana, habían generado en el país una dinámica de cambio que auguraban mejores tiempos para Chile.

Raul Celpa Lopez

Presidente

Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex-Presos Politicos

2011-04-24T09:18:00.000-07:00

sábado 23 de abril de 2011

MILITARES CONDENADOS POR DD.HH.EN CHILE CUMPLIRAN PENAS EN LIBERTAD VIGILADA .

PUNTA ARENAS 23 de Abril del 2011

SEÑOR

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUCION PUBLICA

PRESENTE

Hacemos llegar a su respetable medio--

MILITARES CONDENADOS POR DD.HH.EN CHILE CUMPLIRAN PENAS EN LIBERTAD VIGILADA .

Están acusados de asesinar a nueve opositores a Pinoche.

El ex teniente general Sergio Arredondo fue sentenciado a cinco años de prisión al igual que al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera, mientras que el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos a cuatro años.

por EFE

Condenan a represores de la dictadura militar

Suprema absuelve a cuatro ex carabineros implicados en secuestro calificado tras el golpe militar

El miércoles se inicia juicio contra Pinochet en París

Presidente de la Suprema sobre crímenes de la dictadura: “Los procesos no tienen plazo de término”

Suprema condena a cinco ex militares por ejecutar a nueve socialistas y fingir atentado en 1974

Otero reitera que dictadura fue una “necesidad”

Cinco militares en retiro, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informaron este viernes fuentes Judiciales.

En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos se les otorgó el señalado beneficio.

El caso, conocido como “asalto a la patrulla” y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.

La versión de las autoridades de la época señaló que “elementos extremistas” atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.

Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.

Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.

Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.

Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera.

Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada “Caravana de la Muerte”, una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.

A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.

A todos el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), murieron a manos de agentes del Estado unos 2.300 opositores, de los cuales 1.195 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos.

2011-04-09T20:52:00.001-07:00

2011-04-04T20:52:00.000-07:00

CHILE COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EXPRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 4 de Abril de 2011.-

Señor

Sebastián Piñera E.

Presidente de la República

PRESENTE

Señor Presidente:

En la reciente visita a nuestro país del Presidente Barak Obama, nos sorprendió gratamente que los temas preponderantes de la agenda entre ambos países, fueran la Democracia y los Derechos Humanos, dos valores conceptuales que hoy se discuten en las principales sociedades del mundo. Aunque aún no conocemos los resultados de estas conversaciones, su inclusión resulta promisoria.

Conocedores del criterio sustentado en los documentos de Tantauco sobre la materia, los cuales apoyamos en gran medida, y del pensamiento de Don Gastón Gómez, Coordinador Tantauco para Derechos Humanos, nos ha llamado profundamente la atención que esta política sobre el tema no se haya aún formulado al país como un todo, que no constituya un aspecto importante de la agenda gubernativa. Se hace a nuestro criterio indispensable, garantizar al país los derechos Constitucionales de respeto y promoción de los Derechos Humanos, a través, de políticas sociales integradoras ante una sociedad nacional y mundial, cada vez más comprometida con este valor, que exige compromisos y políticas concretas en materia institucional, orientadas por estos ideales.

Justicia y Reconciliación, aparecen como objetivos de esta política, propuesta por los Tantauco, conclusión que compartimos, pero en este justo orden: Que la Justicia se ejerza en el contexto de los compromisos contraídos por el país con la sociedad mundial y que reconoce nuestra Constitución y que forman parte del Derecho Internacional Humanitario, lo que garantiza una solida base moral y ética.

Entonces, la Reconciliación, el otro objetivo fundamental, surgirá como respuesta natural de una sociedad, que desde años anhela se ejerza este derecho sobre estas bases. Otro aspecto que nos preocupa, es la falta de una institución o persona de gobierno con la cual interlocutar sobre este trascedente tema.

Desde 1990, el Estado Chileno ha eludido promulgar una política sobre Derechos Humanos cimentada sobre estos principios, las consecuencias han sido obvias: Una reconciliación entre los chilenos imposible; Una distorsión grave de los objetivos de esta política alternativa y transgresora que se ha promulgado basada solamente en leyes asistenciales, así definidas por la Corte Suprema de Justicia; No resolvió la responsabilidad aún pendiente del Estado en este tipo de violaciones ocurridas en el pasado reciente, pero que tampoco resuelve las violaciones a los derechos de las personas en el presente o en el futuro. Un conjunto de leyes mal hechas, plagadas de errores, y que al ser aplicadas han preferentemente privilegiado a grupos de poder, intereses de tipo proselitista electorales y lo más grave atravesados por la corrupción.

En diferentes documentos que acompañamos, analizamos técnicamente las aberraciones producidas por esta mala política. Hasta qué punto ha llegado la corrupción, en materia institucional y particular, a afectar la aplicación de estas falsas soluciones legislativas, también acompañamos un requerimiento presentado a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, donde le solicitamos atender las más graves consecuencias de esta seudo política estatal sobre la materia.

Durante su gobierno, hemos participado y promovido todas las iniciativas tendientes a investigar las irregularidades cometidas, entregando los antecedentes de toda una acción de más de diez años de nuestra organización, hemos denunciado ante la justicia y nos hemos hecho parte en las querellas de su gobierno en esta materia, desde nuestra posición de organización autónoma e independiente, que por más de doce años ha luchado por reivindicar este valor hoy consagrado como patrimonio esencial del Hombre contemporáneo.

La única forma de recuperar hoy día la base moral y ética pérdida por el Estado como consecuencia de las aberraciones cometidas en la promulgación y aplicación de esta seudo política, es reformularla, desde lo que debió ser originalmente su base: el Derecho Internacional Humanitario que obliga a Chile y la Constitución Política del Estado, que también constituye obligación insoslayable, no hacerlo señor Presidente, es engrosar la lista de cómplices de una situación que nos llena de oprobio en el presente y lo hará en el futuro.

Con este objetivo, acompañamos a la presente nuestra propuesta que desde la óptica de encontrar la verdad, aplica la justicia como valor superior y derecho natural de toda sociedad, que reivindica a las legítimas y verdaderas víctimas del más importante quiebre institucional de nuestra historia y de la barbarie que este desató. Propuesta donde, desde los hechos históricos reales, comprobamos que el horizonte del costo social más dramático de estos hechos, está constituido por el 30% del grupo de personas que hoy aparecen como víctimas, consecuencia de la inmoralidad de un Estado, que permitió que otros objetivos primaran sobre este valor hoy determinante para la sociedad en el mundo.

Lo saluda atentamente.

Raúl José Celpa López

Presidente

!!!!!!! NUEVO TRIUNFO SOBRE EL IPS !!!!!!!!!!!!!!!!

2010-12-14T16:47:00.001-08:00

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DECISIÓN AMPARO ROL C363-10

Entidad pública: Instituto de Previsión

Social

Requirente: Raúl Celpa López

Ingreso Consejo: 15.06.10.

En sesión ordinaria N° 177 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo

Rol C363-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19° N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de mayo de 2010, don Raúl Celpa López, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex Presos Políticos, requirió al Instituto de Previsión Social (en adelante también I.P.S.), información referida a la Ley 20.134, que

concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica, correspondiente a:

a. Número de partidas presupuestarias, su monto, fecha y origen de los recursos para

financiar esta ley.

b. Nómina total de personas a las cuáles se les ha cancelado el beneficio, nombre

completo de cada una y unidad exoneradora.

c. Nómina total de beneficiarios de la ley, con indicación de las personas que aún se

encuentran pendientes de pago.

En conformidad con las disposiciones del la Ley N° 20.285, pide que la información

solicitada le sea remitida a su correo electrónico y a su dirección postal.

2) RESPUESTA: La Jefa del Departamento de Transparencia y Documentación del I.P.S.,

mediante correo electrónico de 4 de junio de 2010, en respuesta a la solicitud de

información, comunicó al solicitante de información lo siguiente:

a) En relación con la materia, recuerda que la Ley N° 20.134 estableció la entrega de un

bono, por única vez, a través del I.P.S., a un grupo de exonerados por motivaciones

políticas, correspondiente a aquellos que habían sido despedidos de empresas del

sector privado y de las empresas autónomas del Estado entre el 11.09.1973 y el

29.09.1975, a quienes se les concedió pensión no contributiva de la Ley N° 19.234,

como también a los beneficiarios de pensiones de supervivencia originadas en las

prestaciones descritas, siempre que todos los favorecidos hayan recibido aquella

pensión al 28.02.2005 y a la fecha de publicación de la Ley, el 22.11.2006, y que no se

hubieren acogido a las presunciones de remuneraciones consultadas en el artículo 28

del Reglamento de la citada Ley N° 19.234.

b) Pues bien, en cuanto al número de personas favorecidas con la prestación antedicha

(letra c) de la solicitud), informa el Servicio que ellas habrían aparecido en la nómina

publicada oportunamente en la página web del Instituto, así como en la edición del diario

La Nación, del día 14.08.2007, de manera que ésta es una información de carácter

público que Ud. podrá consultar en esta última fuente.

c) En cuanto a las partidas presupuestarias utilizadas para el pago del bono antes referido

(letra a) de la solicitud), se determinó en el artículo 5° permanente de la Ley N° 20.134

que el costo total de los bonos que deben concederse no podrá exceder la suma de

$32.486.000.000.-, pudiendo esa suma ser excedida según lo determine un decreto del

Ministerio de Hacienda, estableciéndose el financiamiento para el año 2006 en el artículo

transitorio de la señalada Ley N° 20.134. Por otra parte, la Ley N° 20.403, publicada en

el Diario Oficial el 30.11.09, agregó en su artículo 28 que el decreto de Hacienda para

suplementar el presupuesto respectivo, a que se ha hecho referencia, podría incluir a

todos los interesados a quienes se les hubiere reconocido el beneficio por Resolución

emitida antes del 01.01.2010.

d) En consecuencia, la autoridad requerida informa que la entrega del bono antes aludido

ha debido ser financiado de la manera citada, no pudiendo el I.P.S. actuar de otra

manera, por ser una institución de derecho público que solo actúa de la manera

expresamente ordenada por la ley. Por lo demás, el Servicio habría respondido a la

presentación del Comando de Exonerados hecha al Ministerio del Trabajo, en que se

especificaron estas materias, aclarando que para satisfacer la nueva demanda de

exonerados que no han recibido su pago, se presenta un universo de 1.187 personas,

con un costo de $ 3.168.800.000, constatándose, además, 376 casos de bonos no

pagados por fallecimiento u otras causas.

e) Agrega en su informe la reclamada que, en su criterio, con la publicación de las leyes

citadas y demás información anteriormente referida, se entiende ha cumplido con su

función de informar lo solicitado por el peticionario, conforme lo establecido en el artículo

15 de la Ley N° 20.285.

f) Finalmente, en cuanto a la petición de informar respecto de las entidades exoneradoras

de cada una de las personas beneficiarias de la prestación de que se trata (letra b) de la

solicitud), la reclamada informa al solicitante que no es posible acceder a ella debido a

que, además de tratarse de una información sensible para cada uno de los beneficiarios,

que puede afectarle, y cuyo consentimiento debería solicitarse en cada caso para

otorgarla, su entrega alteraría de manera significativa las funciones normales de esta

Institución por tratarse de más de 10.500 casos; ello en virtud de las causales de secreto

o reserva establecidas en el N° 1, letra c) y N° 2, del artículo 21, de la Ley N° 20.285.

3) AMPARO: Que don Raúl Celpa López, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 15 de junio de 2010, por denegación de entrega de la información requerida en contra del Instituto de Previsión Social, en virtud de los siguientes argumentos:

a) La Ley 20.134 fue publicada el 22 de Noviembre de 2006, y en su artículo 5° fijaría un

presupuesto total de 22.866 millones de pesos, disponiendo además que deberá

pagarse el beneficio en dos partidas: una el año de publicación de la ley y la otra un año

después, cada partida corresponderá al 50% del presupuesto asignado y a igual número

de beneficiarios. Por su parte el artículo 3°, inciso 2, del reglamento de aplicación de

ésta ley dispone que la información sobre el número de identificación de los beneficiarios

será pública y deberá ser publicada en la página web del Instituto y en un diario de

circulación nacional.

b) Señala el reclamante que ninguna de estas disposiciones contenidas en la ley y su

reglamento habría sido cumplida por el Instituto de Previsión Social.

c) Por último señala que la carta de respuesta del I.P.S. a su requerimiento sobre

transparentar la información con respecto a esta norma legal, está llena de

inexactitudes, que a su entender ocultarían graves irregularidades que les hace presumir

un grave fraude al fisco por lo que denunciarán estos hechos al Ministerio Público

próximamente.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO RECLAMADO:

Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 159, de 22 de junio de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo y a conferir traslado a la Directora Nacional del Instituto de Previsión Social, a través del oficio N° 1.112, de 24 de junio de 2010. Mediante oficio ordinario N° 11502-10-3, de 14 de julio de 2010, remitido por correo electrónico de la misma fecha, la Jefa del Departamento de Transparencia y Documentación del IPS, por instrucciones de su Directora Nacional, formuló descargos u observaciones al presente amparo, señalando respecto de cada punto de la solicitud, en resumen, lo siguiente:

a. En cuanto a la solicitud del número de partidas presupuestarias, monto, fecha y

origen de los recursos para financiar dicha ley, aclara que el financiamiento de los

beneficios concedidos procede de la Ley N° 20.134, modificada por las Leyes N°

20.233 y N° 20.403 y el Decreto Supremo N° 1.665, de 30 de diciembre de 2009, del

Ministerio de Hacienda, normas respecto de las cuales no existe secreto ni reserva.

b. En lo que dice relación con la nómina total de beneficiarios, nombre completo de cada

una y unidad exoneradora, la reclamada señala que el conjunto de beneficiarios

consta en sucesivas resoluciones expedidas por el Instituto de Normalización

Previsional (actualmente Instituto de Previsión Social), ninguna de las cuales tiene

carácter secreto ni reservado. No obstante, la "unidad exoneradora" no es un dato

que se consigne en ellas, y, en opinión de este Departamento de Transparencia y

Documentación, constituye información relativa a la vida privada, razón por la cual su

divulgación requiere previa comunicación a aproximadamente dieciséis mil personas

(10.500 exonerados procedentes de las Leyes 20.134 y 20.233 y 5.400 exonerados

procedentes de la Ley 20.403), para que eventualmente ejerzan su derecho de

oposición. En este contexto, se han invocado las causales previstas en los artículos

21 N° 1, letra c) y N° 2 de la ley 20.285.

c. En tercer lugar, en cuanto a la nómina total de beneficiarios de la ley con indicación

de las personas que aún se encuentran pendientes de pago, agrega que el total de

beneficiarios consta en las nominas referidas en el punto anterior y tanto dichas

nóminas como la circunstancia de haberse materializado el pago son datos no sujetos

a reserva ni secreto.

d. Finalmente la reclamada concluye declarando que remitirá directamente al

reclamante la información pedida, con excepción de la "unidad exoneradora", a cuyo

respecto queda a la espera de lo que resuelva el Consejo para la Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que primeramente, se reseñará la normativa aplicable a los beneficios que se conceden a los exonerados políticos, con el fin de contextualizar el presente amparo:

a. Ley N° 19.234, de 1993, que establece beneficios previsionales por gracia para

personas exoneradas por motivos políticos, en los plazos que indica y autoriza al

INP para transigir extrajudiciamente en situaciones que indica: esta Ley establece

los beneficios a los que pueden acceder los exonerados por motivos políticos, así

como los requisitos para ser calificado o considerado como un exonerado político,

según el siguiente resumen:

i. El artículo 3° menciona a quiénes beneficia: los funcionarios públicos de la

Administración del Estado, de empresas públicas, los funcionarios de las

Universidades del Estado, funcionarios municipales, funcionarios del Banco

Central, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y ex - trabajadores de

empresas privadas intervenidas por la Autoridad Pública en los lapsos que indica.

ii. A continuación señala los beneficios a los que pueden acceder los exonerados

políticos: el abono de años a la afiliación previsional y el otorgamiento de una

pensión de gracia, no contributiva. Asimismo, existen otros beneficios que otorga

la Ley (artículos 15 y 18), pero se derivan del otorgamiento de los beneficios ya

señalados: la pensión por gracia de sobrevivencia o de viudez no contributiva y el

derecho a asignación familiar.

iii. Los montos y requisitos para obtener los beneficios que otorga la Ley, se

describen en forma detallada en los artículos 5° y ss.

iv. El artículo 10 de la Ley establece que la facultad para declarar o calificar a una

persona como exonerado político, es privativa del Presidente de la República, lo

que también ha sido reconocido reiteradamente por la Contraloría General de la

República (Dictámenes N° 71.468/2009, N° 62.018/2009, N° 37.194/1994.

Asimismo, la disposición en comento, señala claramente que los beneficios que se

otorgan en virtud de la Ley N° 19.234 son de cargo fiscal.

v. El inciso 2° del artículo 10, establece que una vez calificada una persona como

exonerado político por el Presidente de la República -a través del Ministerio del

Interior- se debe comunicar al I.P.S. esta situación, quien debe registrar los abonos

o, en su caso, efectuar las reliquidaciones de las pensiones otorgadas o reliquidar

los bonos de reconocimiento conforme a la Ley.

vi. El artículo 17 indica que los beneficios que se otorgan a los exonerados políticos

son de cargo del presupuesto asignado al I.P.S.

b. Ley N° 19.582, de 1998, que modifica la Ley N° 19.234: ésta incluyó como

beneficiarios de la Ley N° 19.234 a los funcionarios del Congreso Nacional y del Poder

Judicial, entre otras modificaciones, dentro de las que se destaca el otorgamiento al

I.P.S. de la facultad de modificar o corregir, aun de oficio, los bonos de reconocimiento

de exonerados políticos.

c. D.S. N° 39/1999, del Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social, que aprueba el

reglamento de la Ley de Exonerados (Ley N° 19.234): este Reglamento establece

en forma clara y sistematizada el proceso de calificación de exonerado político, la

forma de acreditar dicha calidad, los beneficios a los que se pueden acceder así como

la competencia tanto del Ministerio del Interior como la del I.P.S. en esta materia.

d. Ley N° 19.881, de 2003, que establece un nuevo plazo para acogerse a los

beneficios de la Ley N° 19.234: Establece un plazo de 12 meses a contar del primer

día del mes siguiente al de su publicación para acogerse a los beneficios de la Ley de

Exonerados.

e. Ley N° 20.134, de 2006, que concede bono extraordinario a exonerados por

motivos que indica: Concede un bono extraordinario, por una sola vez, de acuerdo a

ciertos tramos, a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas

del Estado, exonerados por motivos políticos, a quienes se les concedió pensión no

contributiva conforme la Ley 19.234, como también a los beneficiarios de pensiones de

sobrevivencia originadas en las pensiones no contributivas descritas. Faculta al

Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley del

Ministerio de Hacienda, con la firma de los Ministros del Interior y del Trabajo y de

Seguridad Social, pueda establecer los valores de dichos bonos, según el tipo de

beneficiarios que señala. Este bono será pagado por el I.P.S. y el costo total al que

ascienden los bonos tienen un máximo de $ 32.486.000.000, que se imputará al

presupuesto del l.P.S. y si dicho presupuesto no alcanza para costear los bonos

extraordinarios, se faculta al Ministerio de Hacienda para que pueda suplementar dicho

presupuesto con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.

f. Decreto Supremo N° 18, de 2007, que aprueba el reglamento para la concesión y

pago del Bono Extraordinario al que se refiere el artículo 1° y siguientes de la Ley

20.134: De aquel destacamos lo dispuesto en su artículo 3°, que señala que los

beneficios de este Bono Extraordinario serán determinados por el Instituto de

Normalización Previsional (actual Instituto de Previsión Social), en su calidad de

organismo a cargo del pago de las respectivas pensiones no contributivas en que se

originan.

g. Ley N° 20.403, de 2009, que otorga reajuste de remuneraciones a trabajadores del

sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que

indica: en lo que interesa, ésta Ley modifica la Ley N° 20.134 del bono extraordinario

de los exonerados políticos en lo relativo al tema presupuestario.

2) Que revisada la página web del I.P.S. (www.ips.gob.cl) el 14 de octubre de 2010, a las

12:00 hrs, se verificó que no se encuentra publicada ninguna información referida a los

beneficios que se otorgan a los exonerados políticos en virtud de estas leyes, ni en el

vínculo "Actos con efectos sobre terceros" ni en "Programas de Subsidios y Otros

Beneficios" del banner "Gobierno Transparente". Existen informativos para exonerados

políticos y sólo los interesados, mediante acceso restringido, pueden consultar sobre los

beneficios de la Ley N° 20.134.

3) Que, asimismo, con igual fecha se revisó la página web del Ministerio del Interior y,

particularmente, la de la Oficina de Exonerados Políticos (en adelante O.E.P.)

(www.oep.gov.cl). En dicho sitio se pudo constatar que se encuentra publicada, en formato

EXCEL, la lista de 1.481 empresas que fueron intervenidas desde el 11 de septiembre de

1973, indicándose a su respecto, los nombres de la empresa, la sigla, si es o fue estatal o

privada, fecha de inicio y de termino de la intervención y la fuente de la información.

Asimismo, existen tres nóminas de personas calificadas como exonerados políticos y que

contienen: el nombre completo, RUT, fecha de exoneración, fecha de calificación y número

de decreto o resolución que declaró la calificación. La primera nómina corresponde a las

"Personas calificadas Ley 19.234", y comprende un universo de 38.485 personas. La

segunda nómina, correspondiente a "Personas calificadas como Exonerados Políticos (Ley

19.582)", abarca un conjunto de 49.986 personas. Por último, la tercera nómina,

correspondiente a "Personas calificadas como Exonerados Políticos (Ley 19.881) [A-U]", se

refiere a 62.226 personas.

4) Que, cabe tener presente que, con ocasión del amparo Rol C449-10, que interpusiera el mismo solicitante don Raúl Celpa López contra el I.P.S., en relación con similar información a la que es objeto del presente amparo, este Consejo tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre diversas cuestiones debatidas, las cuales servirán como antecedente y serán reiteradas en el análisis de esta decisión.

5) Que habiéndose indicado el marco normativo y los antecedentes complementarios

expuestos, se procederá a analizar el fondo del presente amparo. Con tal objeto y

favoreciendo la claridad en el estudio, se analizarán separadamente las solicitudes de

información planteadas, de la siguiente manera:

a. Número de partidas presupuestarias, su monto, fecha y origen de los recursos

para financiar la Ley N° 20.134 (letra a) de solicitud original).

b. Nómina total de beneficiarios de dicha ley, con indicación del nombre completo

de cada uno, unidad exoneradora, además de señalar específicamente a las

personas a las cuáles se les ha cancelado el beneficio y aquellas que aún se

encuentran pendientes de pago (letras b) y c) de solicitud original).

6) Que, en cuanto al número de partidas presupuestarias, su monto, fecha y origen de los recursos para financiar la Ley N° 20.134, el Instituto de Previsión Social, haciendo referencia al artículo 15 de la Ley de Transparencia, respondió este punto señalando específicamente las disposiciones de las normas vigentes sobre la materia, explicando a continuación el contenido de las mismas, en donde consta la información solicitada por el Sr. Celpa López.

7) Que, analizado el contenido mismo de la respuesta, este Consejo estima que con la

explicación desarrollada resulta suficiente para considerar entregada la información en este punto. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente llamar la atención de la reclamada en orden a la pretendida aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia que dispone que: “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, …,en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar” (lo destacado es nuestro). Este Consejo ha estimado, en reiteradas decisiones anteriores, que el simple señalamiento de que la información es pública por estar contenida

en una ley (cómo se ha señalado en este caso), sin entregar mayores antecedentes que permitan al solicitante lograr acceder al lugar específico en que se encuentra su texto, no

cumple con un estándar mínimo de determinación, esto es, el señalamiento de la fuente,

lugar y forma en que se puede tener acceso, que permita al solicitante encontrar la

información de forma expedita, con lo que no se cumplen los requisitos del artículo 15 en

estudio. Dicha circunstancia infringe además el principio de facilitación, consagrado en el

artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia y el artículo 15 de su Reglamento. (aplica lo

resuelto anteriormente en decisión de amparo Rol C197-10).

8) Que, junto con lo anterior, este Consejo estima que el bono extraordinario otorgado por la Ley N° 20.134 a los exonerados políticos es un beneficio que se financia con cargo al erario público y que debiera encontrarse publicado en el sitio electrónico del IPS como un deber de transparencia activa, en conformidad con lo prescrito por el artículo 7, letras f) e

i), de la Ley de Transparencia, ya que dicho beneficio representa “… transferencia de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas y naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que estas o aquellas realicen una contraprestación recíproca de bienes o servicios”(letra f), además de que ingresa en la categoría de "( ... ) otros beneficios que entregue el órgano (. ..)" (letra i). En consecuencia, se requerirá a la Directora Nacional del Instituto de Previsión Social, en la parte resolutiva de esta decisión, que dé cumplimiento a dicho deber transparencia activa, en virtud de la atribución conferida a este Consejo por la Ley de Transparencia, en su artículo 33, letra a).

9) Que, en relación a la nomina total de beneficiarios de dicha ley, con indicación del nombre completo de cada uno, unidad exoneradora, además de señalar

específicamente las personas a las cuáles se les ha cancelado el beneficio y aquellas que aún se encuentran pendientes de pago, la reclamada se ha limitado a señalar en su respuesta que:

a. En cuanto al número de personas favorecidas, ellas habrían aparecido en la nómina

publicada oportunamente en la página web del Instituto, así como en la edición del

diario La Nación, del 14.08.2007;

b. A continuación, niega lugar al acceso a informar respecto de las entidades

exoneradoras de cada una de las personas beneficiarias de la prestación, invocando

para ello las causales de secreto o reserva establecidas en el N° 1, letra c) y N° 2, del

artículo 21, de la Ley N° 20.285, dado que se trataría de una información sensible para

cada uno de los beneficiarios, que puede afectarle, y cuyo consentimiento debería

solicitarse en cada caso para otorgar su entrega, lo que alteraría de manera

significativa las funciones normales de esta Institución por tratarse de más de 10.500

casos.

c. Nada señala respecto al punto de las personas a las cuáles se les ha cancelado el

beneficio y aquellas que aún se encuentran pendientes de pago.

10) Que, el D.S. N° 18, de 2 de abril de 2007, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en que consta el Reglamento para la concesión y pago del Bono Extraordinario de la Ley

20.134, en su artículo 3° inciso segundo, dispone que “una vez acreditado en cada caso el

cumplimiento de los requisitos para tener derecho al bono, el Instituto de Normalización

Previsional (actual Instituto de Previsión Social) elaborará una nómina con todas aquellas

personas que accederían al mismo, la cual deberá ser publicada en el sitio web de dicho

Instituto y en un diario de circulación nacional”.

11) Que, tal como se señaló anteriormente, revisada la página web del I.P.S. (www.ips.gob.cl)

el 14 de octubre de 2010, a las 12:00 hrs, se logró constatar que el listado al que la norma

citada en el considerando anterior hace referencia, de responsabilidad del órgano

reclamado, no se encuentra disponible.

12) Que, por tratarse de información que debe constar, en este caso por norma expresa, en

poder del órgano de la Administración del Estado requerido, no procede la derivación a otro

organismo, como lo ha planteado el I.P.S. en este caso, y en aplicación del principio de

facilitación, deberá hacer entrega de dicho listado, en la forma y por el medio que el

requirente haya señalado.

13) Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que la nómina de personas beneficiarias de Ley N° 20.134, se encuentra disponible en el sitio electrónico

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070814/asocfile/ASOCFILE120070814180626.pdf,

en donde consta un listado con el nombre y el R.U.T., en donde se ha omitido

señalar sus últimos tres dígitos.

14) Que en lo referido al señalamiento de la unidad exoneradora de cada beneficiario, el I.P.S. ha denegado la información requerida, tanto en su respuesta al reclamante como en los descargos presentados ante este Consejo, en virtud de que, además de tratarse de una información sensible para cada uno de los beneficiarios, que puede afectarle, y cuyo consentimiento debería solicitarse en cada caso para otorgarla, su entrega alteraría de manera significativa las funciones normales de esta Institución por tratarse de más de 10.500 casos; ello en virtud de las causales de secreto o reserva establecidas en el N° 1, letra c) y N° 2, del artículo 21, de la Ley N° 20.285.

15) Que en relación con lo alegado por el I.P.S., en cuanto a que los datos a que se refiere la información requerida –tal y como se señaló en la decisión C449-09- se trataría de datos personales, cabe señalar que este Consejo estima que debido a que los beneficios de la Ley N° 20.134 se otorgan en virtud de la calidad de exonerado por motivos políticos, durante el Gobierno Militar, su otorgamiento supone la consideración de datos personales de carácter sensible ya que ello implicaría, en ciertos casos, conocer y hacer pública la ideología política de una persona. Lo anterior, se desprende de la acreditación de la calidad de exonerados políticos establecida en el artículo 8° de la Ley N° 19.234 –aplicada por derivación que realiza la propia Ley N° 20.134-, que prescribe: "(…) se considera como exonerados políticos a los ex trabajadores a que dicho artículo [artículo 3° de la Ley] se refiere y que en el periodo allí mencionado hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, o que hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma (. ..)" (lo destacado es nuestro).

16) Que, sin embargo, los argumentos de la Directora del I.P.S. carecerían de asidero fáctico en relación con la protección de los datos personales de los exonerados políticos que perciben pensiones no contributivas, pues la Oficina de Exonerados Políticos da a conocer, a través de su sitio web, por una parte el listado completo de las empresas calificadas (entendidas como Unidades Exoneradoras) y además el listado de todas las personas que han sido calificadas como exonerados políticos, por lo que ya es de conocimiento público quiénes son éstas, situación que debería saber la Directora del I.P.S. El temor a divulgar

los datos de los exonerados políticos por parte del reclamado, entonces, se ve disipado

pues la O.E.P., en los hechos, ya ha publicado la información de carácter más sensible a

su respecto: su nombre, su RUT y el hecho de que han sido calificados como exonerados

políticos (que corno ya se dijo en la decisión de amparo C449-09), además del listado

completo de las empresas calificadas o unidades exoneradoras.

17) Que, por lo tanto, no se podrían aceptar las alegaciones del órgano reclamado en relación con la protección de datos personales del I.P.S., en virtud de lo ya señalado, pudiendo estimarse que otro órgano de la Administración, con la publicación de los datos en su sitio web, ha considerado que no existe obstáculo jurídico alguno para poner éstos a disposición del público.

18) Que la Directora del I.P.S. ha invocado, además, que el requerimiento de información sobre las unidades exoneradoras, puede afectar los derechos de terceros, en el caso, los

exonerados políticos que perciben el bono extraordinario de la Ley N° 20.134, para lo cual

debería proceder a la aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que sería

imposible de ejecutar, pues la entrega de la comunicación a los terceros alteraría de

manera significativa las funciones normales de esta Institución por tratarse de más de

10.500 casos; ello en virtud de las causales de secreto o reserva establecidas en el N° 2,

del artículo 21, de la Ley N° 20.285. A este respecto, se debe señalar que no se podría

aceptar esta afirmación, ya que no se puede apreciar cómo se pueden afectar los derechos de los exonerados que perciben el bono antes citado, pues lo que más podría afectarles sería el público conocimiento de su calidad de exonerado político, que eventualmente podría vincularse con la opinión política que manifestara la persona hace ya 37 años, que no necesariamente representa su opinión actual; a lo que se suma el que la condición de exonerado ya se encuentra en conocimiento de la ciudadanía, pues así lo ha publicado la O.E.P. en su página web. De esta forma, en opinión de este Consejo, no es necesario comunicar a los terceros el requerimiento de información, pues el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia sólo procede cuando la publicación de la información requerida pudiere afectar derechos de terceros en cierta medida probable, lo que no ocurriría en la especie dado que la información más relevante ya es de dominio público, salvo la empresa que realizó la exoneración y el monto de la respectiva pensión.

19) Que, a mayor abundamiento, existe un evidente interés social en acceder a la información solicitada, sustentado en el control que la ciudadanía pueda realizar de la acción de las autoridades en lo relativo a la asignación de fondos públicos, resultando un eficaz mecanismo de prevención de actos de corrupción.

20) Que, el órgano reclamado, asimismo, ha invocado la causal de secreto o reserva del

artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundamentándola en que el

requerimiento de información del reclamante se refiere a un elevado número de actos

administrativos y cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del I.P.S. del cumplimiento regular de sus labores habituales. Ya se ha señalado anteriormente en esta sede que tal argumento no es plausible, ya que el I.P.S. se dedica a procesar más de dos millones de pensiones mensuales, de lo que desprende que existe un eficiente manejo de los registros computacionales de su parte.

21) Que, cabe hacer presente en este punto que en el contexto del amparo C449-09 que ya hemos citado se dispuso, como medida para mejor resolver, la realización de una visita

inspectiva al I.P.S., la que se materializó el 20 de abril de 2010, cuyo fin era establecer si el órgano tiene la totalidad de la información –referida en esa oportunidad a la Ley 19.234-, especialmente el dato de la empresa que exoneró y si no tiene uno o más de los datos

requeridos, cuánto costaría incorporarlo para satisfacer la solicitud del reclamante, se udo

determinar que la información existe y se encuentra digitalizada y sistematizada, aunque en diversas bases de datos. Respecto del nombre del beneficiario y del monto de la pensión, se constató que esta información puede obtenerse sin afectar el debido cumplimiento de las funciones. En lo que respecta a la fecha de exoneración y a la empresa que exoneró, se detectaron las siguientes alternativas: a) Requerimiento a la empresa contratista que aloja los datos requeridos, cuyo costo asciende a $799.701 y que demora dos días en su obtención. b) Requerimiento al Ministerio del Interior. Los presentes en la visita inspectiva señalaron que no habían hecho, a la fecha, requerimientos de información al Ministerio del

Interior y si así lo hicieran deberían derivar la solicitud del reclamante a dicho órgano, el

que podría o no, colaborar con el l.P.S. para entregar la información (en otras palabras

quedaría al arbitrio del Ministerio), c) Recopilación de la información en soporte papel que

se encuentra en el archivo de la Institución. Esta alternativa, de acuerdo a los dichos de los funcionarios del I.P.S., debía ser desechada pues, por razones de fuerza mayor, los

archivos de documentos no se encontrarían accesibles, al menos, por los próximos seis

meses.

22) Que, en conclusión, en lo que respecta a la entrega información requerida se estima que no se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del I.P.S. Lo anterior, se concluye en virtud de lo constatado en la visita inspectiva antes señalada, pues la información requerida se encontraría digitalizada y sistematizada, por lo tanto, no habría una distracción indebida de los funcionarios del señalado Servicio en el cumplimiento regular de sus labores habituales. A ello se suma la propia declaración de la reclamada, que fuera planteada en sus descargos antes este Consejo, en orden a que estaría en condiciones de remitir directamente al reclamante la información pedida una vez resuelto el presente amparo.

23) Que, un último punto a considerar, es la falta de respuesta de parte de la reclamada a

aquella parte de la solicitud referida al listado de personas a quienes se les ha cancelado el beneficio y aquellas que aún se encuentran pendientes de pago, información que, según los mismos argumentos planteados en los numerales anteriores, se declarará por este Consejo que debe ser entregada al solicitante.

24) Que, finalmente, cabe tener presente el que en la citada decisión de amparo C449-09, se requirió al I.P.S., que cumpliera con su obligación de publicar los beneficios de la Ley N° 19 .234, como deber de transparencia activa, lo cual, a la fecha aún no se ha dado

cumplimiento, lo que será evaluado en su cumplimiento junto a lo decidido en el presente

amparo, bajo el apercibimiento de proceder a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LEATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Raúl Celpa López en contra del

Instituto de Previsión Social (ex Instituto de Normalización Previsional), por las

consideraciones señaladas.

II. Requerir al Directora Nacional del Instituto de Previsión Social que:

a. Entregue a don Raúl Celpa López, copia de la nómina total de beneficiarios de la Ley

N° 20.134, con indicación del nombre completo de cada uno, unidad exoneradora,

además de señalar específicamente a las personas a las cuáles se les ha cancelado el

beneficio y aquellas que aún se encuentran pendientes de pago, dentro del plazo de 10

días hábiles, contado desde que esta decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo

46 y siguientes.

b. Publique en su página web, específicamente, en el vínculo "Programas de subsidios y otros beneficios" la información relativa a los beneficios por la Ley N° 20.134, con el fin de cumplir con el deber de transparencia establecido en el artículo 7, letras f) e i), de la misma. Para dar cumplimiento a esta obligación, se contará con el plazo indicado en el numeral anterior, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 47 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c. Remita copia de la información indicada en la letra a) anterior y el cumplimiento de lo

indicado en la letra b), a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y

ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl,

para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.

III. Requerir a la reclamada para que dé cumplimiento a la decisión de amparo C449-09, a

saber, que cumpla con su obligación de publicar los beneficios de la Ley N° 19.234, como

deber de transparencia activa, dentro del plazo de 5 días hábiles, bajo el apercibimiento

de proceder en caso de nuevo incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 y

siguientes de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Raúl Celpa López y la Directora Nacional del Instituto de Previsión Social.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su

Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Olmedo por no estar presente al momento de la firma.

Recalculo de las Pensiones No Contributivas

2010-12-08T14:31:00.000-08:00

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 6 de Diciembre de 2010.-

Señor Director Nacional

Instituto de Previsión Social

PRESENTE

Señor Director:

La ley 19234 en su artículo Nº 12, inciso 12, dispone que las pensiones no contributivas en su valor resultante, deberán ser reajustadas en conformidad con la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor desde el mes de Abril de l988 hasta el último día del mes anterior al de la fecha de inicio de la pensión.

Hemos solicitado al Instituto Nacional de Estadísticas, que nos certifique la variación que sufrió este índice entre el período que va entre el 1º de Abril de l988 y el 31 de Agosto de 1998 fecha de inicio de la modificación referida más arriba y contenida en la ley 19582, y esta institución nos ha informado que el indice es de un: 247.4% para todo este período que involucra 125 meses.

El I.P.S. al aplicar esta disposición, cometió el grave error de omitir al mes de Abril de 1988, por lo cual, solo reajustó las pensiones en un 244.7%, causando grave perjuicio considerando los tiempos involucrados, además no se aplicó la técnica de cálculo compuesto de este índice, es decir mes a mes, causando un nuevo perjuicio al distorsionar por este motivo el objetivo de la disposición que es actualizar económicamente el valor de las pensiones

Por tal motivo, el proceso de determinación del monto de las pensiones no contributivas, en su totalidad, se encuentra viciado por no corresponder a lo dispuesto por la ley y deberá ser recálculado completamente, aplicando correctamente el índice en su real monto y aplicando la técnica de actualización económica dispuesta por el legislador.

Queremos hacer notar Señor Director, que la norma sobre prescripción del derecho se encuentra suspendida desde el día 31 de Agosto de l998, fecha de promulgación de la ley 19582, que contiene la disposición incumplida, todo esto en conformidad con la ley respectiva sobre prescripción, y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Saluda atentamente.

Raúl Celpa L. Reinaldo Lagos S.

Presidente Director Técnico

Dieciocho Nº 45 Of. 301 Santiago-Chile – Fono 5522171

Nuestra Opinion a la Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos

2010-12-08T14:19:00.000-08:00

COMISION NACIONAL UNITARIA EXONERADOS Y PRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 6 de Diciembre de 2010.-

Señora

Lorena Fries

Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de los

Derechos Humanos

PRESENTE

Señora Directora:

El pasado 10 de Noviembre, nuestra organización a través de este Presidente, tuvo la oportunidad por primera vez de tomar contacto con esa institución por intermedio de su representatividad. Previo a esta reunión, remitimos a ustedes seis archivos con informes y documentos, que sustentan nuestra posición ante la llamada política de Derechos Humanos del estado chileno, nuestra posición crítica está fundada en los hechos históricos ocurridos en nuestro pasado reciente, en informes que nos merecen reconocimiento como los Rettig y Valech, en los contenidos de las normas del Derecho Internacional Humanitario, que Chile ha desconocido para promulgar una seudo solución a los temas de la impunidad, de la verdad y de la justicia y equidad que deben orientar la reinserción social, política y económica de las personas afectadas.

A esta grave situación, hoy se agrega la instrumentalización que esta mala política a tenido por parte de la institucionalidad del estado y de agentes sociales y políticos que se han servido de los Derechos Humanos para cautivar y utilizar a importantes sectores sociales, usándolos, con fines proselitistas electorales y económicos, de ello, dan cuenta las iniciativas que ante esta situación oprobiosa han obligado a la creación de comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, al inicio de procesos investigativos en el Gobierno y a querellas y denuncias ante la justicia ordinaria, todos, procesos en curso y que han causado grave daño al concepto valórico que guarda este patrimonio de la humanidad.

La situación es grave, pero no es un suceso del último tiempo, lo ha sido desde el inicio de esta política: el escándalo de los retornados del exilio, que dan cuenta tres informes del Parlamento, y que no siguió el curso institucional por presiones de los sectores comprometidos, es una prueba de la impunidad que han tenido estos procedimientos irregulares. Pero los más sorprendente, es la conducta que ante estos hechos ha tenido el llamado “mundo de los Derechos Humanos en Chile”, quienes posponiendo su rol fundamental, han privilegiado compromisos políticos, de poder y de conveniencia personal, obligándolos a proceder por acción u omisión ante estos escándalos, en una actitud que podemos considerar de silencio complice ante estos hechos.

La omisión de tan deleznable realidad en los informes anuales que sobre el tema difunden los organismos encargados en Chile, ha sido una constante que ha permitido el agravamiento de la situación en el tiempo, ni los organismos oficiales del estado y tampoco los alternativos lo han hecho, a pesar, de haber denunciado desde años ante ellos esta situación, solamente destacados periodistas han reporteado nuestras denuncias, comprobándolas. María O. Monckeberg, investiga en su libro “La Educación Superior en Chile”, el caso de las becas Valech, llegando a nuestra conclusión. Pascal Bonnefoy, investiga el tema de los falsos exonerados, comprobando lo denunciado, etc, etc…Los centros universitarios destacados sobre esta temática, han omitido deliberadamente referirse en sus informes a este escándalo, a pesar, de contar con el total de antecedentes proporcionados por esta parte. Amnistía Chile, también omitió en su informe anual esta situación, no obstante ser hoy día una realidad sometida a debate público e investigación por parte de los poderes del estado.

En la reunión que sostuvimos el pasado Noviembre, acordamos mantener una relación de colaboración mutua, por nuestra parte, cuenten con ella. En el caso de ese Instituto, nuestra preocupación será exigir sean inflexibles con su mandato legal, fundamentalmente los contenidos el artículo 2º de la ley que les da vida, y especialmente en el artículo 3º, numerales del 1 al 5, que garantizan que de ser cumplidos como esperamos, resuelvan la vulnerabilidad en que se encuentran las personas en Chile, ante las violación de sus derechos fundamentales.

El respeto de los derechos de las personas en el presente y el futuro, va a depender de cómo el país en su historia ha tratado este tema, en el caso de Chile, este tratamiento no es promisorio, un pasado plagado de masacres contra nuestro pueblo y un hecho histórico reciente que marca un quiebre profundo en nuestra historia por su barbarie, determinan un desafío enorme, que de ser cumplido, consolidará una cultura de respeto al ser humano.

Atentamente.

Raúl Celpa L.

Presidente

Dieciocho nº 45 of. 301 – Santiago de Chile – Fono 5522171

AL FIN CONOCEREMOS LOS MONTOS DE TODAS LAS PENSIONES DE LOS EXONERADOS POLITICOS

2010-08-15T17:03:00.000-07:00

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Raúl Celpa López en contra del Instituto de Previsión Social (ex Instituto de Normalización Previsional), por las consideraciones señaladas.

II. Requerir al Directora Nacional del Instituto de Previsión Social que:

1) Entregue a don Raúl Celpa López la información requerida, dentro del plazo de 20 días hábiles, contado desde que esta decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 y siguientes.

2) Publique en su página web, específicamente, en el vínculo “Programas de subsidios y otros beneficios” la información relativa a los beneficios por la Ley N° 19.234, con el fin de cumplir con el deber de transparencia establecido en el artículo 7°, letra i), de la misma. Para dar cumplimiento a esta obligación, se contará con el plazo indicado en el numeral anterior, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 47 y siguientes.

3) Remita copia de la información indicada en el numeral 1) anterior y el cumplimiento de lo indicado en el numeral 2), a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Raúl Celpa López y a la Directora Nacional del Instituto de Previsión Social.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presente acuerdo, por encontrarse fuera del país.

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