A LOS PARTIDOS POLITICOS
CHILENOS
A
sus Dirigentes y
Parlamentarios
En los últimos treinta y nueve años, los
Derechos Humanos de los chilenos han
constituido un tema recurrente en el debate público, no podía ser de otra
forma: En un momento de nuestra historia reciente, la sociedad chilena aterrada se enfrentaba a una
guerra interna declarada a un sector del cuerpo social y lo partía en dos, lo
cuestionaba y destruía. No solo en el
ámbito de la materialidad, sino, desmembraba todo su ciclo paulatino de
desarrollo, nuestra cultura vernácula, nuestro desarrollo sapiente, nuestras
costumbres, opciones, ideas y proyectos de vida, eran anatemizados por unos
tiranuelos emulando una república bananera. Los procedimientos: los ya
conocidos por el país, los mismos aplicados en Brasil, en Centro América, en
Indochina, en Argelia, y posteriormente Argentina, la vieja receta, la Doctrina de Seguridad Nacional,
aprendida por las élites de excelencia de las fuerzas armadas chilenas y de los
países satélites de EEUU en la Escuela de las Américas, en Fort Knox, en
Panamá, en todas aquellas aulas creadas por el amo del imperio para capacitar y
mentalizar a los que en algún momento fueron creados para independizar a sus
pueblos, y ahora, se les reconvertía transformándolos en lideres de un sector
que declaraba una guerra fratricida.
Porque eso fue lo que ocurrió en Chile
entre 1973 y 1990, señores, acaso ustedes no lo sabían cuando idearon y
aprobaron la perversa política llamada de Derechos Humanos del Estado de Chile,
sinónimo de impunidad, falsificación de la historia real, injusticia e estigmatización
de los vencidos. Nos preguntamos la causa de aprobar leyes especiales para
reivindicar la dignidad vulnerada de las personas que lideraron a este sector,
cuando Chile, está obligado por el artículo quinto de nuestra cuestionada
Constitución ha subordinarse a las
normas del Derecho Internacional Humanitario. La respuesta la encontramos en
los sucesos ocurridos con estas ilegitimas leyes y en ciertos hitos que marcan
la voluntad política del poder, que ustedes representan en los últimos
veintidós años en Chile: Primero, salvar al estado mayor de la tiranía que
asolo al pueblo chileno durante diez y siete años, salvando a las instituciones
armadas de todo cuestionamiento o juicio público; Segundo, salvar al estado
mayor de la civilidad comprometida seriamente con las causas del quiebre institucional,
de las políticas de aniquilamiento del enemigo interno y de la imposición de un
proyecto de vida que deshumanizó a nuestra sociedad. Porque esa es la base política de los
acuerdos de 1989 que dan sustentabilidad a la transición, que al final del
camino, termina siendo la continuidad ideológica y material del proyecto
impuesto por los tiranos.
Su
hito más significativo: El forcejeo con la justicia para salvar a Pinochet de la segura condena
de los tribunales internacionales por su responsabilidad con los crímenes que
dan origen a esta carta pública. Montando un sainete de pacotilla, nuestro
canciller y actual secretario general de la O.E.A. arrebata de las manos de la
justica, al criminal, y lo trae sano y salvo para que goce de su estado de
impunidad y prerrogativas como senador designado. Estos hechos absurdos y tragicómicos
producidos por estos aberrantes acuerdos son traducidos por el dramaturgo Jorge
Diaz, padre del drama del absurdo, en su obra: “Nadie es profeta en su espejo”
una de las más poderosas metáforas sobre la transición chilena, donde nos
cuenta: “Un travesti es levantado por un miembro de la inteligentzia concertacionista
y pronto descubre que ambos son antiguos militantes del Mir. Uno fue traidor y
el otro fue traicionado. En el presente, travesti y funcionario siguen
traicionando y traicionándose”.
Nuestro pueblo siempre perspicaz, motejó
esta forma de hacer política, este sincretismo donde se anulan las diferencias
ideológicas, las opciones de vida, la disparidad, como obra de una nueva sub
clase social y la tildó de: “La clase política”, engendro travestido cuyo único
fin, es buscar la sustentabilidad en el ejercicio del poder a cualquier precio.
Los grandes paradigmas de la democracia chilena solo serán realidad “en la
medida de lo posible” como acuñó un ex presidente. Los tres tercios, histórica
realidad, que describía el panorama desde el punto de vista ideológico de la
política chilena, era derogado, se excluían las ideas del debate público y era
reemplazado por “la política de los acuerdos”, donde paradojalmente, siempre
triunfa la preservación del proyecto impuesto al país por la tiranía, tanto en
lo institucional como en el modelo de desarrollo del país.
Los
partidos políticos dejan de tener sentido en lo que fue su rol en la sociedad
chilena, se acaban los proyectos de desarrollo sustentado en principios de tipo
filosófico, será impensable una experiencia como “La revolución en libertad”,
se anulan el centro político y las izquierdas, para dar paso solo a un proyecto,
el de las derechas, coincidente con un mundo globalizado, unipolar, dominado por esta
tendencia.
Esto nos obliga para una mejor comprensión
de esta nueva realidad política chilena, denominar a un sector como “Los Unos” y al otro sector como “Los Otros”.
Los Unos, son los que se presentaron al plebiscito de 1988,
representando la opción del “No” y lo ganaron, con un programa que después repiten para las elecciones de
1989 que también ganan, lo que les posibilitó estar en el gobierno del país
durante veinte años y no aplicando jamás lo fundamental de las promesas
ofrecidas al país, muy por el contrario, traicionado las esperanzas de un sector
mayoritario de la sociedad, al sustentar desde el gobierno el proyecto
neoliberal. Los Otros, como se
imaginaran, son los que imponen y sustentan con su apoyo este proyecto
ilegitimo en su génesis, pero que después de 1990, va adquiriendo legitimidad al
contar con el patrocinio del poder institucional ejercido por Los Unos. Esta deleznable realidad al
correr del tiempo, a producido una crisis de representatividad de tal magnitud,
mostrada por la última encuesta de influencia de los partidos políticos chilenos,
hecha por la Universidad Diego Portales, dada a conocer solo esta semana, donde
este ascendiente solo llega al 7%.
En este contexto, de traición, intrigas y
mentira, se promulgan leyes sobre Derechos Humanos, ilegitimas por su
inconstitucionalidad y contradicción con las obligaciones internacionales del
país, que dicen reivindicar a chilenos que fueron salvajemente vulnerados en su
dignidad, en sus derechos y su integridad física, pero que al final, terminan
siendo instrumentos de un tráfico vil para obtener prebendas electorales,
dividendos económicos y beneficiar a victimarios.
Hoy, por primera vez en Chile durante este
período, hemos obligado al Estado a
intervenir para transparentar este gravísimo escándalo, porque así ha sido
señores, la aplicación de las leyes promulgadas
por ustedes sobre Derechos Humanos en Chile, se han transformado en uno
de los más graves fraudes de nuestra historia, esta grave realidad denunciada
por nosotros durante catorce años, hoy
cuenta con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Chile, al cual,
interpelamos para que actuara a través de toda su institucionalidad. La tarea
no ha sido fácil, ha significado enfrentarse a toda la realidad antes descrita,
a destruir la colusión de intereses producida por los acuerdos que daban sello
a la transición con respecto particularmente, a Derechos Humanos.
Porque este proceso de reconocimiento
Estatal del fraude que hoy presencia nuestra sociedad, a significado una labor
ardua para nosotros: Desde el año 2000, hemos requerido e interpelado al
Presidente de la República, al Contralor General de la República, a los
Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a los Presidentes de la Corte
Suprema y Corte de Apelaciones.
Miles de recursos por nosotros patrocinados de
nuestros representados ante la Contraloría, que crearon o modificaron toda una
jurisprudencia para aplicar estas leyes, que ahora el Contralor durante el
proceso de investigación denuncia a la Cámara, que es desacatada y violada, por
el aparato administrativo del Estado dependiente del Ministerio del Trabajo. Resoluciones
de la propia Contraloría, que dejan fuera del proceso de control de la
legalidad al sector mayoritario de los afectados de exoneración política desde
el año 1996, hasta hoy, todo esto, contenido en el respectivo Informe de la
Cámara, motivado por nuestra intervención.
Informe sobre investigación del Ministerio
del Interior, sobre 50.000 expedientes de personas acogidas a los beneficios de
la ley de exoneración política, que entrega un 18.7% de irregularidades: 9.338
casos de falsificación de antecedentes para ser calificados; 68.7% de las
causas irregulares, con documentos entregados por parlamentarios. Proyectados
al total de calificados, nos entrega 3l.790 casos irregulares, todo esto, sin
considerar el perfil político del solicitante, que es facultad privativa del
Presidente de la República lo que determina su responsabilidad, y por la
subjetividad de la apreciación presidencial, un resultado insospechado. Lo que
confirma, lo denunciado por nosotros.
Responsabilidad
grave de la Contraloría y el Ministerio de Educación, en la autorización del
reglamento regulador de concesión de
becas de la ley llamada Valech, denunciado por la investigación de la Cámara,
grave negligencia de esta repartición de control de la legalidad en los actos
ilícitos cometidos en la entrega de estos beneficios, el año 2008 se entregaron 78.020.290.648 pesos, con cargo
a este beneficio, sin control de toma de razón por parte de Contraloría, sin
que hasta el momento se haga nada al respecto, gravísima tardanza de
Contraloría y el Ministerio de Educación, en la sustanciación de sumarios y
juicios de cuenta sobre este escándalo, sin que además, se hayan puesto estos
antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, todo esto,
denunciado por el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados, originado en la denuncia e intervención de esta organización.
En el caso Retornados del Exilio, la
situación es aún más grave, tres informes de la Cámara de Diputados dan cuenta
de esta gravedad, desde el ingreso de líneas de crédito internacionales para la
reinserción de los exiliados políticos, sin control de Contraloría ni del Banco
Central, el robo de los recursos económicos y el ocultamiento de los
antecedentes del estos informes de la Cámara y la no sustanciación de la debida
querella a los Tribunales de Justicia, por parte de toda la institucionalidad
del Estado, que mantiene hasta hoy día, en la total impunidad a los autores de
este cuantioso fraude.
Como podemos ver, señores, claramente al
tenor de estos antecedentes sustentados por informes de la propia
institucionalidad del Estado, podemos presumir colusión del poder ante un
procedimiento promiscuo, poderes que se confabulan ante la irregularidad, ante
el dolo, siempre y cuando, ni los Unos
ni los Otros, sean afectados en los
objetivos previamente acordados.
Porque estas leyes aunque ilegitimas, no
fueron concebidas para macro horizontes sociales como los que hoy existen
producto del ilícito, en efecto: la ley
del retorno fue concebida solo para los exiliados políticos, con reconocimiento
del Acnur-Nu ; la exoneración política fue consensuada para 50.000 afectados,
hoy existen 160.000 reconocidos y 100.000 solicitudes pendientes; la ley de
prisión política y la tortura la más inmoral de todas estas normas, en cuanto
al beneficio para estudios superiores, considera solo estudios suspendidos como
efecto de la violación de la libertad. En consecuencia, ante esta deformada
realidad había que violar la ley, disminuyendo sus efectos económicos, y esto,
a significado perjudicar a las legítimas victimas, que además, son la minoría
en estos horizontes deformados, por tanto, sin peso electoral.
Siempre
rechazamos esta forma de encarar la barbarie que vivió nuestro país en
su pasado reciente, por las consecuencias que la historiografía social nos
muestra de similares experiencias anteriores ocurridas en Chile, una de ellas:
La guerra de la Araucanía, oprobio estampado en nuestra historia, cuyo costo
social pagamos hasta nuestros días; o las Constituciones que han regido nuestra
convivencia social, las cuales son
producto siempre de la imposición del vencedor sobre el vencido en guerras
fratricidas, jamás como resultado de procesos democráticos; o las masacres a
nuestro pueblo cuando se ha rebelado contra la injusticia, veintisiete en
nuestra historia, sin responsables, sin justicia para las víctimas, porque ese
ha sido el proceder del país históricamente, absoluta falta de respeto por los
derechos de los chilenos, de los pobres, de los vulnerables.
Los
Derechos Humanos como patrimonio del Hombre, fueron letra muerta hasta 1973 en
Chile, solo eran exhibidos como argumento, hasta entonces de una lucha
ideológica que alimentaba la confrontación bipolar de un período de la historia
de la humanidad. Fueron los acontecimientos ocurridos desde entonces, referidos
a las características del salvajismo ejercido sobre las personas en nuestro
país, los que motivaron la reacción internacional y el despertar de los
chilenos sobre sus derechos como personas, como ciudadanos.
Ese fue el hito de inicio de nuestra
cultura sobre los Derechos Humanos como pueblo, el dolor de muchos y la
solidaridad de millones, desgraciadamente, ustedes señores, salvo honrosas
excepciones, pertenecientes al poder político en nuestro país, han eludido este
compromiso, los Derechos Humanos constituyen hoy día, el único patrimonio del
ser humano, donde está representado el capital
que le da el carácter de tal, no respetarlos constituye una negación de
la esencia humana.
Lo
han eludido, al legislar sobre una política ilegitima que contradice el Derecho
Internacional Humanitario, del cual Chile es firmante; lo han eludido, al no
ejercer la facultad constitucional de controlar la legalidad de los actos de
los Gobiernos. Desde 1998, hemos denunciados los hechos irregulares que hoy
reconoce el Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, sin acogida y respuesta, solo ante una denuncia pública en Diciembre
de 1998, y una red televisiva de reportajes levantada por esta organización, el
poder político reacciona y hace funcionar a las instituciones… paradojal;
eluden su responsabilidad ético moral, como representantes de la sociedad,
cuando instrumentalizan con dolo, valores y principios implícitos en el
concepto de derechos humanos y lo estigmatizan, con graves consecuencias para
nuestra historia futura.
Afortunadamente, no todos han eludido este compromiso, destacados periodistas chilenos, a
través de estos años, han apoyado nuestra acción con sus reportajes que
muestran la verdad denunciada. Tres programas televisivos apoyando nuestras
afirmaciones: “Contacto”, “Esto no tiene nombre”, los cuales producen un vuelco
en la inercia cómplice existente, y hacen funcionar a la institucionalidad,
gracias por su apoyo, ética y profesionalismo. Gracias a Maura Brescia por su
libro “Manos Limpias”, donde investiga el escándalo del retorno, y al diario “El Periodista” por su
investigación sobre las becas Velech. Gracias a los historiadores Sergio Grez y
Gabriel Salazar, por enseñarnos sobre la historiografía social de nuestro
pasado, pero también la historia del presente, porque este, también tiene
historia. Gracias a María O. Monckeberg, por acoger nuestra denuncia sobre los
abusos con las becas Valech, en su libro sobre educación superior. Gracias a
Jóse Zalaquett, por sus declaraciones y análisis coincidentes con nuestra
apreciación. Gracias a la sociedad chilena por el permanente apoyo a la causa
que nos motiva, expresada por varios caminos, particularmente a través de la
red social.
“En una época en que proliferan las grandes
y pequeñas corrupciones, las claudicaciones y traiciones, los deslices y arréglines,
cuando la inercia, el cálculo y la conveniencia recomiendan guardar silencio…”(1)
Hemos querido dirigirnos a ustedes, los
representantes del poder político chileno, para invitarlos a una rectificación
que permita reivindicar el valor de lo político, invitarlos para que a partir
también de valores y principios como son los Derechos Humanos, sean capaces en
el contexto de una línea de procedimientos democráticos, modificar esta
aberración de nuestra realidad.
Santiago, Abril de 2012.-
COMISION NACIONAL UNITARIA DE
EXONERADOS Y EX PRESOS
POLITICOS DE CHILE
(l) Sergio Grez T. Historiador.
Dirección: Dieciocho Nº 45
Of. 301 – fono: 6355233 – Santiago
Mail: raulcelpa@gmail.com