jueves, 20 de octubre de 2011

A NUESTROS COMPATRIOTAS

A NUESTROS COMPATRIOTAS

OCTUBRE DEL 2011


Una sociedad estéril en utopías y con generaciones secas en ideales, requiere reivindicar, lo que han sido en el tiempo, las gestas paradigmáticas de hombres y mujeres que construyeron este país. Nuestro desarrollo evolutivo como sociedad, está marcado por el ejemplo de grandes luchadores sociales que lideraron a grandes masas de chilenos, que ganaron importantes espacios de libertad y derechos para la mayoría.

Este avance generó crisis de poder en nuestra historia que fueron resueltas reprimiendo a los débiles, que paradójicamente son siempre la mayoría, veintitrés masacres contra el pueblo contabiliza la historiografía social moderna, una guerra contra una de nuestras etnias originarias, que es un símbolo de barbarie humana. Y en nuestro pasado reciente, un golpe que fractura profundamente nuestra convivencia y que arroja un saldo trágico que no es resuelto hasta el día de hoy.

Sea nuestra lucha, un homenaje a esos hombres y mujeres que ofrendaron su vida en construir utopías con la única herramienta de los ideales. A esos, que entregaron importantes espacios del más preciado patrimonio de un ser humano, la libertad, a edificar una sociedad mejor desde una cárcel.

“Todo se ha hecho mal”; “los Derechos Humanos, nunca han sido prioridad para la Concertación”*. (Lorena Pizarro y Pamela Pereira)

Con estas afirmaciones, dos importantes actores de la lucha que hemos dado en estos años por reivindicar la verdad y la justicia sobre la barbarie que vivió nuestro país en nuestra reciente historia, podríamos sintetizar, toda una estrategia fracasada del Estado de Chile, para enfrentar este tema desde 1990.

La realidad es que no ha habido verdad ni justicia, menos, reinserción social de las víctimas, en el sentido que el Derecho Internacional obliga al país. Lo que ha primado siempre en estos años, ha sido eludir la verdad, protegiendo a los autores principales y buscando artimañas para que no enfrenten a la justicia.

Hoy día en Chile, la impunidad se ha legitimado, consolidada por un decreto ley de amnistía, que se han negado a derogar, y por la introducción de la figura jurídica de la desaparición forzada, decisión que surge de los acuerdos secretos de 1989 con la tiranía.

Este oprobio ya ha producido consecuencias graves para el país, baste decir, que ante los escándalos económicos que nos han sacudido en el pasado y en estos veinte años, no existe ninguna alta autoridad política que haya sido condenada por sus responsabilidades en estos delitos, lo que constituye, según alguien dijo: “una cultura de la corrupción”.

Este cuadro se ha visto agravado dramáticamente con las denuncias que hemos hecho públicas en estos días y que son una ratificación ante la sociedad de lo formulado en más de catorce años a la institucionalidad del Estado, sin que esta, haya reaccionado rectificando estos errores.

Sin lugar a dudas, nuestra denuncia pública ha cambiado radicalmente el escenario en que se discutía este importante asunto, hoy día, es la sociedad entera la que es informada de lo que ha ocurrido, conoce y seguirá conociendo esta descarnada realidad, donde, los Derechos Humanos han sido moneda de cambio e instrumento electoral para que cúpulas de poder ajenas al sentimiento mayoritario de la sociedad obtengan más o menos prerrogativas en una lucha abyecta.

Este divorcio entre la política oficial sobre esta materia aquí analizada, y la opinión que de ella tiene el pueblo de Chile, ha sido recogida por una encuesta realizada por FLACSO-CEPAL hace algún tiempo, en este estudio de opinión los encuestados presentan una clara tendencia: 44,9%, percibe a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio. Un 44%, prefiere el camino de la justicia para determinar responsabilidades. Un 78 %, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos.

Un 92,5%, le asigna al ejército la mayor responsabilidad en los abusos. La opinión encuestada apoya mayoritariamente los esfuerzos por reparación material y simbólica. Este resultado, una vez más, demuestra que la sociedad chilena cuando es consultada, reacciona positivamente a la búsqueda de verdad y justicia y reinserción social de las personas agraviadas.

Obviamente, la precaria democracia que las cúpulas de poder han decidido para Chile, no ha acogido este sentimiento mayoritario de nuestra población.

Derechos Humanos en la medida de lo posible. Democracia en la medida de la capacidad ético moral y los principios ideológicos de los que deciden el presente y el futuro en este país. Esa es la causa del fracaso de esta política y otras, que ha sufrido los chilenos.

Los Derechos Humanos pertenecen a todos, forman parte de un patrimonio de la humanidad que emerge como bastión para contener la violencia salvaje de un sistema globalizado que cosifica al ser humano.

Algunos, han querido monopolizar esta lucha en Chile, hegemonizando por años este tema en representación de una sociedad que no los ha elegido para tal misión, pero que consecuentemente, los indica como responsables y cómplices de lo que ha ocurrido. Sí señores, ustedes también son responsables con su retórica hueca, llena de consignismo trasnochado, con su dogmatismo fanático y su sectarismo.

Nos preguntamos: ¿Cuándo hicieron las denuncias que hoy día conmueven a la sociedad?. A estos paladines, arrogantes y soberbios, les consultamos: ¿Cuál ha sido su postura ante esta política aberrante y la corrupción que la inunda?

Porque el relato de los hechos históricos no puede ser cambiado, fue el pueblo con su lucha el que terminó con la noche negra que asoló al país por diecisiete años, fueron ellos y no ustedes, los que recuperaron la posibilidad democrática, que ustedes, sí traicionaron.

Fueron nuestros mártires, los que con su vida ofrendada, se transformaron en héroes populares.

Fueron los que por años sufrieron prisión política y tortura y que desde las cárceles seguían luchando, los que cambiaron las cosas.

Fueron los que perdieron su país y que desde su destino de exilio colaboraron con la lucha.

Fue la Iglesia Católica, la que con su manto solidario, acogió a los perseguidos.

Ustedes señores, llegan al final, cuando el destino estaba escrito, cuando la mesa estaba llena de futuro promisorio, aparecen a cambiar este futuro y truncarlo.

Transparentar esta verdad, es reivindicar la memoria de las victimas legitimas, que hoy, aparecen sumergidas en una vorágine de corrupción y vergüenza, compartiendo listas con criminales, golpistas y oportunistas.

Enfrentar la verdad del fracaso de la política de DDHH del Estado, y la responsabilidad de los Gobiernos a partir de 1990 por la responsabilidad legislativa que han tenido, frente a la sociedad en forma transparente, reivindica este patrimonio social.

En cambio, señores “paladines” de esta causa, violenta el concepto, a las víctimas y a los chilenos, la ola de escándalos que se han venido produciendo desde el inicio de esta política.

Violenta la memoria de nuestros muertos: la figura de la desaparición forzada, sacada de los anales de la propaganda nazi para impedir que a los luchadores el pueblo los declare mártires y hacer imposible la verdad y la justicia; la decisión de Aylwin de no hacer nada para derogar o anular el decreto ley de amnistía; el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el acuerdo Figueroa-Otero de 1995; el proyecto de ley del Senado de 1998; el proyecto de ley Lagos del 2003; el proyecto de ley de la Alianza-Concertación de 2005, los cuales, demuestran un criterio perverso y que traiciona los acuerdos con la sociedad chilena y el mundo.

Violenta la dignidad de los retornados, el escándalo producido por el uso delictivo de los fondos internacionales llegados al país para su reinserción, esta dura realidad, produjo una ola de suicidios y muertes entre estos chilenos.

Violenta a las víctimas de prisión política y tortura: la aberrante impunidad que la ley llamada Valech, trae implícita, y el vergonzoso escándalo que se comete con el beneficio de educación superior para estas personas, el cual, ha enriquecido a universidades privadas donde ustedes participan.

Violenta señores, la dignidad de los legítimos exonerados políticos: Financiar su propia reparación con su patrimonio previsional y aparecer en listas junto a criminales, golpistas y sinvergüenzas, todos ellos, calificados por ustedes en una carrera vertiginosa por conseguir votos y componendas.

Violenta a las víctimas de violación a sus derechos: ser vejados en largas colas y esperar perpetuamente ser atendidos en el sistema público de salud, para tratar las dolencias generalmente producidas por los apremios físicos y mentales que padecieron.

En fin, violenta a las víctimas y al país en su conjunto: una política que ustedes han promulgado y mal aplicado, que se caracteriza por su inmoralidad y los efectos traumáticos que produce.

En búsqueda de la verdad y la legalidad, en Mayo de 2008, nos dirigimos a la Presidencia de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, entregando un informe crítico de lo que era esta realidad, y solicitamos se cumpliera el rol constitucional que la Cámara tiene, cual es, el de controlar la legalidad de los actos del gobierno.

Un hecho inédito en esta ocasión fue conversar con su Presidenta, una parlamentaria joven de la llamada Derecha y conocer su pensamiento, coalición que llega por primera vez a ese cargo, producto de una negociación en la cual, ustedes señores, entregaron tan importante sitial, a cambio de uno en la Presidencia de la Corporación, lo que desmiente la ya repetida retórica de la importancia del tema para los Gobiernos entre 1990 y 2010.

En estos veinte años, el rol que ha cumplido la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, con su quórum dominado por los partidos de Gobierno es caracterizarse por una obsecuencia escandalosa y cómplice, que ha permitido la comisión de todos los escándalos que han ocurrido con esta realidad. El impacto que provocan los sucesos y las denuncias ocurridas en estos días, no es nada más que la consecuencia de no haber cumplido con el mandato constitucional del artículo cuarenta y ocho de la carta magna, caiga sobre ustedes esta grave responsabilidad, que esperamos, la sociedad les haga pagar.

Somos una organización autónoma e independiente de carácter nacional, reconocida por el Estado por nuestra representatividad, posición técnica y responsabilidad, a pesar, de ser frontales críticos del sistema.

Si queremos que los DDHH, sean patrimonio de todos, y no de algunos, tenemos que erradicar la lógica de los vencedores, porque esta es la que imperó en aquellos tristes diecisiete años. Hemos querido fijar nuestra opinión sobre este importante tema frente a la sociedad, sin secretos ni compromisos que nos aten, esperando que esto abra un nuevo tipo de debate que sea capaz de construir un Chile mejor.

La metáfora del poeta Ernesto Cardenal, es aplicable en esta ocasión: “Fuimos soldados derrotados de una causa invencible”.

Vayan a la sociedad chilena, nuestros compatriotas, nuestros reconocimientos por la ya histórica solidaridad con esta causa, desde aquellos días en que los objetivos de la lucha eran: Libertad y Democracia, hasta hoy, en que la defensa de los Derechos Humanos y su consolidación como cultura, surgen como único bastión para contener la barbarie que trae implícita la realidad globalizada de un sistema inhumano.

Gracias a este apoyo, hoy, toda la institucionalidad de Estado, cosa que ayer negó, investiga nuestras denuncias, doblegada por la verdad irrefutable de los hechos.

Santiago, Octubre de 2011

COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE

martes, 18 de octubre de 2011

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Santiago, 18 de Octubre de 2011.-

Señora

Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de los

Derechos Humanos

PRESENTE


Señora Directora:

En nuestra comunicación de Diciembre pasado, informábamos a ustedes acerca de nuestro pensamiento con respecto a lo que había sido la política que sobre Derechos Humanos había implementado el estado de Chile a través de leyes y otros procedimientos absolutamente divorciados de las obligaciones para con la Constitución Política de Chile y con el Derecho Internacional Humanitario, de cómo, además, de este divorcio violatorio, se habían infringido las normas que constituían estas leyes, manoseando interpretativamente sus objetivos para satisfacer otros intereses como el electoral, etc, etc..

Consecuentes con esta posición crítica, la cual, hemos mantenido durante catorce años, interpelamos a toda la institucionalidad del estado, no encontrando respuesta satisfactoria a nuestra exigencia, a sido la herramienta medíatica, con la cual hemos trabajado durante años, la llave que está permitiendo que este escándalo de insospechadas consecuencias, sea conocido por nuestra sociedad.

El reportaje en cuestión, demostró y comprobó la esencia de nuestra denuncia: conflicto de intereses, tráfico de influencias, en síntesis, corrupción. Ya, otros medios a través del tiempo, habían demostrado por medio de la investigación periodística: privilegios a victimarios y a grupos de poder como ex parlamentarios, ex autoridades políticas y partidos políticos. Ustedes, tienen cinco archivos digitales donde demostramos metodológicamente la sustentabilidad de nuestro pensamiento crítico acerca de esta seudo política de Derechos Humanos.

Sorprendentemente, hoy la institucionalidad del Estado muestra una voluntad por esclarecer estos hechos, que no tuvo ayer. El peso de la verdad doblegó la negligencia y la irresponsabilidad de instituciones que de haber cumplido su rol, habrían evitado tanto daño a personas que ya habían sido dañadas gravemente, y lo más fundamental, para el futuro: el daño que ha sufrido el concepto patrimonial de los Derechos Humanos.

Ante esta situación, solicitamos que la institución que usted dirige, nos informe sobre las acciones que en el marco de las obligaciones que le impone la ley que los regula, iniciaran. Las instancias que hasta el momento hemos acordado con las diferentes instituciones del Estado, son las siguientes:

-Ministerio del Interior: Auditoria sobre 150.000 expedientes de casos

calificados.

-Ministerio del Trabajo: Revisión de beneficios concedidos, con calificación legal.

-Consejo de Defensa del Estado: Se hará parte en las causas ante la justicia.

-Contraloría General de la Republica: Serán auditados dentro de sus facultades, beneficios y empresas exoneradoras.

-Cámara de Diputados: Comisión Investigadora.

-Ministerio Público: Designación de Fiscal Preferente. (solicitud)

-Corte Suprema: Nominación Ministro en Visita. (solicitud)

Como ustedes ven, una acción que solamente aborda el tema Exoneración Política, algo que los obliga por nuestra denuncia y la acción medíatica de los medios de comunicación, pero nos preguntamos, que ocurre con los otros escándalos referidos al tema Derechos Humanos: El caso del Retorno del Exilio con tres informes de Comisiones Investigadoras de la Cámara, que fueron sofocados por la acción del poder, y cuyas víctimas se encuentran en total desprotección; El caso de las becas Valech, con informe de Comisión Investigadora, que acusa graves irregularidades en forma parcial, y también desprotección para las victimas estafadas e impunidad para los responsables, por la inacción de la institucionalidad hasta este momento.

Nunca rechazamos la creación de una entidad que dentro de la estructura del estado se preocupara de los Derechos Humanos, era una falencia necesaria de abordar por nuestra condición de país violador de estos derechos desde la creación de la República. Lo que fijábamos eran prioridades, primero, que el Gobierno de Bachelet, aclarará estos escándalos que entregaban sumados a la falta de verdad y justicia, un resultado desolador. Desgraciadamente, esto no fue así, hoy tenemos que enfrentar lo oprobioso que resulta una política ineficaz en materia de verdad y justicia, agravada por la corrupción que profundiza aún más su precariedad.

Queremos que el Instituto de los Derechos Humanos de Chile, sea un garante de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dentro de las limitaciones de su normativa fundacional, creemos interpretar a la sociedad en este anhelo, para lo cual, y con respecto al tema que nos preocupa, solicitamos por su intermedio a la institución lo siguiente:

I.-Estudio en Derecho de la Constitucionalidad de las leyes llamadas de Derechos Humanos: Rettig; Retorno; Exonerados Políticos; Prisión Política y Tortura; Prais.

II.-Participación como parte, en todas las acciones que el resto de las instituciones del Estado han iniciado e inicien con respecto al tema Exonerados Políticos, Ex Presos Políticos y Retornados.

III.-Participación como parte, en juicios sobre: desaparición forzada y ejecución política.

IV.-Informe Extraordinario al Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, sobre los sucesos relacionados con: Retorno del Exilio, Ex Presos Políticos (Becas Valech), Exonerados Políticos.

V.-Intermediación para una reunión en conjunto con el Comisionado Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Santiago.

Nuestra solicitud se encuentra regulada por los derechos que nos asisten como ciudadanos de la Republica, además de los contenidos en la ley Nº 20405: Arts. 2º; y 3º - Nºs. 1 al 5.

Saluda atentamente a usted.

Raúl Jóse Celpa López

Presidente Nacional

Calle: Dieciocho Nº 45 Of 301 – Santiago de Chile – Fono 6355233

E-mail: raulcelpa@gmail.com_________________

sábado, 8 de octubre de 2011

"Queremos a todos los involucrados en el escandalo de Derechos Humanos en la carcel"

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE


Santiago, 6 de Octubre de 2011.-

Señor

Presidente

Cámara de Diputados

de Chile

PRESENTE

Señor Presidente:

Desde el año 1998, nuestra organización viene interpelando a la institucionalidad del estado chileno sobre las graves irregularidades contenidas en las leyes que se han promulgado en materia de Derechos Humanos: su inconstitucionalidad y la profunda violación al Derecho Internacional Humanitario, que obliga al país, han motivado nuestra acción.

Pero, donde la situación además de vulnerar la fe pública, se hace insostenible, es en los procedimientos de aplicación de estas normas legales, la violación del objetivo y la letra que estas normas contienen al introducir fines abyectos y absolutamente divorciados del concepto valorico que las inspiran, han creado un profundo rechazo y acentuado el conflicto que las originó.

En el caso de esa Corporación, han sido recurrentes los llamados formulados por nosotros para que esa institución cumpla con su rol constitucional y así haber evitado el escándalo que hoy remece a la sociedad que comprueba que nuestras reiteradas denuncias tienen una solida base de sustentación.

En estos años, los casos de: Retornados del Exilio Político, avalado por tres informes de comisiones investigadoras de la Cámara; el caso becas Valech, avalado también por informe de esa corporación; y el caso Exonerados Políticos, han sido repetidamente requeridos por nosotros, a esa Cámara, sin respuestas oportunas y eficientes que resuelvan lo oprobioso e indignante para el país y las víctimas reales.

En cada una de las instancias de investigación que esa Cámara ha acordado, hemos colaborado a través de nuestro testimonio y de estudios e informes de nuestra autoría, que en definitiva, al arribar a las conclusiones de la investigación, nos dan la razón. Solo en el tema de la Exoneración Política, nuestros esfuerzos porque se investigue han sido infructuosos, no obstante, existir acuerdo para ello desde Diciembre de 2008. En reiteradas oportunidades, por medio de correo electrónico y otros medios de comunicación, hemos exigido al actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el cumplimiento de este acuerdo de investigación, resultando inútil nuestro esfuerzo, hoy entendemos claramente el porqué de esta renuencia a investigar.

En Abril del año 2010, decidimos interpelar a la Corporación a través de su Presidenta, la Diputada Señora Adriana Sepúlveda O., en un documento donde claramente expresamos nuestra protesta por el abandono que la corporación ha hecho del rol constitucional que le cabe en el resguardo de la legalidad de los actos del Gobierno, lo que obviamente, presume una actitud de colusión con el resto de la institucionalidad del Estado. Esta interpelación, tuvo una respuesta de la Presidencia de la Cámara, la cual, con fecha Junio del 2010, mediante carta nos responde textualmente: “Consultada la Comisión de Derechos Humanos respecto de nuestros planteamientos, ha elaborado una minuta respecto de la aplicación de las leyes de reparación y de su actuación” y prosigue: “ Que si bien se han recibido denuncias por deficiente o incorrecta aplicación de tales normas, se ha estimado pertinente que las investigaciones administrativas y penales han sido suficientes, y en tal sentido innecesario dar curso a investigaciones de origen parlamentario”. Ante los hechos que el país hoy conoce y seguirá conociendo, sorprende la respuesta de la Presidencia, pues la verdad que hoy surge, demuestra que este escándalo era conocido por los parlamentarios desde hace mucho tiempo, que su gravedad había sido denunciada según algunos de estos parlamentarios hoy declaran, lo que sitúa a partir de la señalada respuesta, a la Cámara en un papel de cómplice en la comisión de estos delitos.

Ante la gravedad de estos hechos, y en uso de nuestros derechos constitucionales, exigimos arbitrar a través suyo, el máximo de sanciones que el ordenamiento institucional tiene previsto para las faltas a la ética y a la probidad que hayan cometido parlamentarios de esa corporación en la comisión de obstrucción al mandato constitucional de controlar la legalidad de los actos de los Gobiernos involucrados en los presuntos delitos que hoy conoce el país e investiga la justicia, que en definitiva, estas sanciones a los involucrados, los eximan del fuero que impide sean encausados como cualquier ciudadano común en las causas que se siguen y se iniciaran como resultado de las instancias judiciales, y administrativas que han aprobado esa corporación y el gobierno. Que sean sancionados con la correspondiente censura, los responsables de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, que flagrantemente violaron el acuerdo de investigación emanado de la sesión especial celebrada el 3 de Diciembre de 2008, a la cual, fuimos invitados en nuestra condición de denunciantes de estos y otros hechos, como lo establecen las actas de dicha sesión.

Saluda atentamente a usted.

Raúl José Celpa López

Presidente Nacional

Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex - Presos Políticos

Dirección: Dieciocho Nº 45 Of: 301 – Santiago de Chile – Fono 6355233 – e-mail: raulcelpa@gmail.com

viernes, 7 de octubre de 2011

A lugar presentación en contra de las medidas del Alcalde de Providencia

Comunicado

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un recurso de protección en contra de las medidas adoptadas por el Alcalde de Providencia Cristián Labbé y lo obligó a paralizar la ejecución de de dichas acciones.

La resolución de la justicia se tomó luego de la presentación que hicieron ante los tribunales el Presidente del Partido Progresista, Marco Enriquez-Ominami y la Coordinadora de la Defensoría Ciudadana del PRO, Andrea Condemarín. El recurso en contra del Alcalde Labbé y de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia tenía el propósito de proteger de las medidas anunciadas por el edil a un grupo de alumnas del Liceo Carmela Carvajal, la acción judicial fue declarado admisible y además se acogió la orden de no innovar que se solicitaba, con el fin de paralizar las acciones anunciadas por Labbé.

Desde el momento en que tomó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, al Alcalde de la UDI y coronel en retiro del ejército, se le dio un plazo de cinco días para que entregue al tribunal de alzada para que entregue todos los antecedentes sobre las acciones que anunció en contra de la comunidad escolar de los liceos de Providencia.

Lo resuelto por la justicia ante la acción presentada por el Partido Progresista, es un nuevo gran triunfo para los estudiantes y sus apoderados, mantienen su calidad de estudiantes con todos sus derechos a la espera del fallo sobre el fondo de la solicitud presentada que debe dirimir la Corte de Apelaciones sobre el derecho del alcalde para cancelar las matriculas de los estudiantes en la forma arbitraria como lo anunció.

Una vez conocida la determinación judicial, más de centenar de estudiantes de otros planteles de la comuna, han solicitado ser incorporados al recurso para protegerse igualmente de las medidas del alcalde, se espera que otros se sumen ante el temor de quedar excluidos de los establecimientos en los que actualmente cursan sus estudios.