domingo, 24 de abril de 2011

sábado 23 de abril de 2011

MILITARES CONDENADOS POR DD.HH.EN CHILE CUMPLIRAN PENAS EN LIBERTAD VIGILADA .

PUNTA ARENAS 23 de Abril del 2011

SEÑOR

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUCION PUBLICA

PRESENTE

Hacemos llegar a su respetable medio--


MILITARES CONDENADOS POR DD.HH.EN CHILE CUMPLIRAN PENAS EN LIBERTAD VIGILADA .

Están acusados de asesinar a nueve opositores a Pinoche.

El ex teniente general Sergio Arredondo fue sentenciado a cinco años de prisión al igual que al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera, mientras que el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos a cuatro años.

por EFE

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Cinco militares en retiro, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informaron este viernes fuentes Judiciales.

En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos se les otorgó el señalado beneficio.

El caso, conocido como “asalto a la patrulla” y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.

La versión de las autoridades de la época señaló que “elementos extremistas” atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.

Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.

Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.

Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.

Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera.

Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada “Caravana de la Muerte”, una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.

A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.

A todos el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), murieron a manos de agentes del Estado unos 2.300 opositores, de los cuales 1.195 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos.



sábado, 9 de abril de 2011

lunes, 4 de abril de 2011

CHILE COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EXPRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 4 de Abril de 2011.-

Señor

Sebastián Piñera E.

Presidente de la República

PRESENTE

Señor Presidente:

En la reciente visita a nuestro país del Presidente Barak Obama, nos sorprendió gratamente que los temas preponderantes de la agenda entre ambos países, fueran la Democracia y los Derechos Humanos, dos valores conceptuales que hoy se discuten en las principales sociedades del mundo. Aunque aún no conocemos los resultados de estas conversaciones, su inclusión resulta promisoria.

Conocedores del criterio sustentado en los documentos de Tantauco sobre la materia, los cuales apoyamos en gran medida, y del pensamiento de Don Gastón Gómez, Coordinador Tantauco para Derechos Humanos, nos ha llamado profundamente la atención que esta política sobre el tema no se haya aún formulado al país como un todo, que no constituya un aspecto importante de la agenda gubernativa. Se hace a nuestro criterio indispensable, garantizar al país los derechos Constitucionales de respeto y promoción de los Derechos Humanos, a través, de políticas sociales integradoras ante una sociedad nacional y mundial, cada vez más comprometida con este valor, que exige compromisos y políticas concretas en materia institucional, orientadas por estos ideales.

Justicia y Reconciliación, aparecen como objetivos de esta política, propuesta por los Tantauco, conclusión que compartimos, pero en este justo orden: Que la Justicia se ejerza en el contexto de los compromisos contraídos por el país con la sociedad mundial y que reconoce nuestra Constitución y que forman parte del Derecho Internacional Humanitario, lo que garantiza una solida base moral y ética.

Entonces, la Reconciliación, el otro objetivo fundamental, surgirá como respuesta natural de una sociedad, que desde años anhela se ejerza este derecho sobre estas bases. Otro aspecto que nos preocupa, es la falta de una institución o persona de gobierno con la cual interlocutar sobre este trascedente tema.

Desde 1990, el Estado Chileno ha eludido promulgar una política sobre Derechos Humanos cimentada sobre estos principios, las consecuencias han sido obvias: Una reconciliación entre los chilenos imposible; Una distorsión grave de los objetivos de esta política alternativa y transgresora que se ha promulgado basada solamente en leyes asistenciales, así definidas por la Corte Suprema de Justicia; No resolvió la responsabilidad aún pendiente del Estado en este tipo de violaciones ocurridas en el pasado reciente, pero que tampoco resuelve las violaciones a los derechos de las personas en el presente o en el futuro. Un conjunto de leyes mal hechas, plagadas de errores, y que al ser aplicadas han preferentemente privilegiado a grupos de poder, intereses de tipo proselitista electorales y lo más grave atravesados por la corrupción.

En diferentes documentos que acompañamos, analizamos técnicamente las aberraciones producidas por esta mala política. Hasta qué punto ha llegado la corrupción, en materia institucional y particular, a afectar la aplicación de estas falsas soluciones legislativas, también acompañamos un requerimiento presentado a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, donde le solicitamos atender las más graves consecuencias de esta seudo política estatal sobre la materia.

Durante su gobierno, hemos participado y promovido todas las iniciativas tendientes a investigar las irregularidades cometidas, entregando los antecedentes de toda una acción de más de diez años de nuestra organización, hemos denunciado ante la justicia y nos hemos hecho parte en las querellas de su gobierno en esta materia, desde nuestra posición de organización autónoma e independiente, que por más de doce años ha luchado por reivindicar este valor hoy consagrado como patrimonio esencial del Hombre contemporáneo.

La única forma de recuperar hoy día la base moral y ética pérdida por el Estado como consecuencia de las aberraciones cometidas en la promulgación y aplicación de esta seudo política, es reformularla, desde lo que debió ser originalmente su base: el Derecho Internacional Humanitario que obliga a Chile y la Constitución Política del Estado, que también constituye obligación insoslayable, no hacerlo señor Presidente, es engrosar la lista de cómplices de una situación que nos llena de oprobio en el presente y lo hará en el futuro.

Con este objetivo, acompañamos a la presente nuestra propuesta que desde la óptica de encontrar la verdad, aplica la justicia como valor superior y derecho natural de toda sociedad, que reivindica a las legítimas y verdaderas víctimas del más importante quiebre institucional de nuestra historia y de la barbarie que este desató. Propuesta donde, desde los hechos históricos reales, comprobamos que el horizonte del costo social más dramático de estos hechos, está constituido por el 30% del grupo de personas que hoy aparecen como víctimas, consecuencia de la inmoralidad de un Estado, que permitió que otros objetivos primaran sobre este valor hoy determinante para la sociedad en el mundo.

Lo saluda atentamente.

Raúl José Celpa López

Presidente