viernes, 12 de agosto de 2011

LOS DERECHOS HUMANOS INSTRUMENTO DE SOBERANIA POPULAR

LOS DERECHOS HUMANOS INSTRUMENTO DE SOBERANIA POPULAR

I.- Los Derechos Humanos en la historia de Chile

La historia no es solo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. El mas importante de los Derechos Humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura. Debatir sobre Derechos Humanos en Chile obligadamente nos lleva a analizar nuestra historia, no la oficial sino la real. La tortura, la muerte, el dolor y la injusticia no se olvidan.

En la historia de nuestro país resulta evidente que por lo menos, desde el siglo XVIII en adelante Chile ofrece ciclos históricos que se asocian a periodos de expansión, crisis y autoritarismo.

La oligarquía fue la que armada intelectualmente del pensamiento conservador mas autoritario y materialmente del monopolio de las armas, gobernó durante todo el siglo XIX y parte importante del XX a sangre y fuego, para reprimir los anhelos de justicia social y libertades políticas que los pobres y los trabajadores reclamaban del Estado, las crisis de gobernabilidad que produjeron estas demandas sociales, significaron masacres de miles de seres humanos.

La primera huelga general en Valparaíso en 1890, significo la muerte de más de cien trabajadores. En 1892 en Iquique, en la salitrera Ramírez muere otro centenar. En Valparaíso en 1903 durante la huelga portuaria, en 1905 en la huelga de la carne en santiago, en Antofagasta en 1906 obreros salitreros son masacrados, en la tristemente celebre Escuela Santa Maria en Iquique en 1907 mueren entre dos mil a cuatro mil personas, la matanza fue tan cruel y masiva que los trabajadores tardaron doce años en intentar un movimiento similar.

Durante 1919 en Puerto Natales, 1920 en Punta Arenas, en 1921 en San Gregorio de Iquique, en 1925 en la Coruña, Ranquil en 1934, Santiago abril de 1957, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969, son fechas que testimonian masacres históricas que sufrió nuestro pueblo cuando se atrevió a levantar la bandera de sus derechos.

Frente a la evidencia histórica de estos hechos, el periodo dictatorial que sufrió el país entre 1973 y 1990 son la consagración de un modelo de Estado y una oligarquía, que para sostenerse históricamente, han practicado la violencia cada vez que la gobernabilidad vio peligrar sus bases antidemocráticas, además demuestra la estatura histórico moral de una nación que ha basado su estabilidad en la represión y marginación de parte importante de su población.

En el plano de su historia política, chile es un país atravesado por largos periodos autoritarios (portales, Ibáñez, Pinochet) donde el totalitarismo como ideología de poder gobernó por ejemplo entre 1831 y 1861, etapa caracterizada por l violencia de ello da cuenta la guerra contra la confederación Perú- Boliviana, las guerras civiles de 1851 y 1859, la rebelión de los trabajadores en Valparaíso la insurrección popular en Talca, la rebelión de los mineros en Lota y Coronel, el levantamiento de los araucanos, hechos significativos de periodos de alta violencia de violación al estado de derecho y de situaciones de facto.

En cuanto a los periodos de crisis político-social, Chile por ejemplo durante la etapa que va de 1823 a 1830, muestra lo que va a caracterizarlo como país gobernado por grupos oligárquicos los cuales, en defensa de sus intereses particulares no trepidaron en llevar al país y su población a profundos niveles de crisis, en efecto, durante estos siete años, la crisis se genera al intentar seriamente abolir los mayorazgos, expropiar los bienes de la iglesia católica dar participación política a sectores populares como el artesanado y combatir el centralismo de santiago sobre las provincias.

Desde los origines de la Republica, los derrocamientos, asonadas militares, guerras civiles, guerras expansionistas, crisis institucionales, perfilaron al país como una nación gobernada por las elites oligárquicas y neoligarquicas durante cien años causando al país un daño estructural de difícil solución por la vía democrática.

Así queda demostrado en las crisis prepopulistas de 1851, 1859, 1890, 1891, 1907, 1908, 1924, 1930-32, y las crisis desarrollistas de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-69.

Los valores de la democracia, el respeto a la vida la libertad del ser humano siempre en la historia de Chile han sido violados cuando los intereses de los grupos de poder son puestos en peligro.

II.- Los Derechos Humanos a partir de 1990, una estrategia política, inmoral

La etapa que se inicia en 1990, esta caracterizada por el pacto o acuerdo, al que llegan la alianza política que asume el gobierno con el gobierno dictatorial saliente (fuerzas armadas, partidos de ultra derecha, y de derecha tradicional) este acuerdo define y sella el carácter que tendrá el periodo de transición en cuanto a mantener el proyecto constitucional impuesto al país en 1980 y el modelo de desarrollo neoliberal también impuesto al país. Nada vale el proceso eleccionario previo a estos acuerdos, evento democrático donde la mayoría vota por un programa político que devuelve al país a la democracia plena modificando estructuralmente las líneas ideológicas que fundaron el proyecto de la Dictadura.

De esta forma por la vía de los acuerdos antidemocráticos de los grupos de poder, traumaticamente se revierte la decisión popular y se impone un modelo de democracia que solo mantiene las formalidades de esta, pero que en definitiva, otorga el poder de decisión soberano a cúpulas políticas y económicas que tutelan la esencia antidemocrática de esta institucionalidad.

De esta manera, en chile no existe una democracia, existe una ficción democrática, donde las mayorías no se expresan ni deciden su presente y futuro, estas son representadas por minorías a las cuales institucionalmente se le otorga el derecho de decisión definitiva. El sistema electoral binominal permite que una minoría política neutralice a las mayorías populares en la representación parlamentaria y a su vez el autoritarismo esencia ideológica de la constitución, otorgue suprapoderes al Presidente de la Republica, anulando la iniciativa de la representatividad parlamentaria.

En definitiva, los chilenos son obligados a votar por representantes previamente elegidos por grupos facticos, lo cual aniquila su capacidad de elección, capacidad que las verdaderas democracias entrega al pueblo. De igual forma, se procede con respecto a la elección de las autoridades de los otros poderes del Estado, una minoría elige la conformación del Poder Judicial y del Poder Contralor de la legalidad del Estado.

Esta institucionalidad violatoria de los derechos esenciales de la persona, ha generado profundos síntomas de frustración y apatía política, que se expresan en la no participación en los procesos electorales, en el ultimo proceso tres de cuatro jóvenes no votaron, tres millones quinientas ochenta mil personas se auto marginaron, la autoridad máxima del país fue elegida con el 35% del potencial electoral de diez millones quinientas veinte mil votantes.

La libertad de expresión, el respeto a la vida, la educación, la salud, el derecho a elección, el derecho a la seguridad social, los derechos a negociar colectivamente, ha sindicalizarse, hoy día no son derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, situación que ha excluido a la mayoría del desarrollo humano generando una inequidad escandalosa en el país que lo sitúa entre las tres sociedades mas desiguales del mundo.

El Estado chileno en esta etapa de transición, consolida un sistema político institucional gravemente violatorio de los Derechos Humanos como producto del pacto que subscribiera en 1989 y que determino el destino de la transición, al discurso oficial globalizador se opone la sistemática violación de las normas que constituyen el Derecho Internacional y que obligan al país. Chile, viola hoy parte importante de los convenios que regulan las normas sobre le trabajo y la seguridad social, convenios de la OIT que Chile ha suscrito como el numero 87 y 98 de esta organización sobre sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga. Viola al mismo tiempo, la Convención Contra la Tortura lo que permite hoy, en nuestro país se infrinja daño físico o mental a la persona sin que este delito este tipificado en su gravedad y reciba penas en relación al acto delictual.

En definitiva, la transición a la democracia, periodo que ya se prolonga por diecisiete años, troncho los anhelos de amplias mayorías de ciudadanos que lucharon por una democracia donde sus derechos se vieran representados, el fracaso de estos anhelos mayoritarios definen a esta etapa histórica, como traumática e inmoral. La aseveración: “democracia en la medida de lo posible”, es la expresión de una postura política profundamente inmoral donde los compromisos asumidos con el pueblo, se transan para permitir gobernabilidad con los sectores politicos y económicos que sustentaron e periodo mas negro de la historia político y social de chile, donde se garantizan sus intereses y se consolida su ubicación en la estructura de poder.

En el proceso de gobernar para reestablecer la verdad, la justicia, y la reinserción social, política y económica de miles de chilenos, es donde se manifiesta la gravedad básica del trauma que vive la sociedad chilena. La barbarie que vivió chile entre 1973 y 1990 y que significo que miles de personas fueran asesinadas, miles fueran torturadas, miles hayan sido exiliadas, miles hayan sido expulsados de sus trabajos por las ideas políticas que profesaban, constituye una deuda moral del Estado chileno con el país y el mundo el cual a través de ejemplares muestras de solidaridad has apoyado la demanda de la sociedad chilena.

En el mundo globalizado de hoy, las normas que forman parte del Derecho Internacional y que constituyen el consenso mundial para regular y castigar las violaciones a sus derechos esenciales que sufrieron y sufren los pueblos, constituyen obligaciones ético morales ineludibles y estas forman parte del Derecho Internacional Humanitario y las Normas Internacionales sobre Derechos Humanos, resolución 60-147 de las Naciones Unidas.

En este aspecto, la transición política pactada con los victimarios como lo demostramos anteriormente, hace materialmente imposible el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, en sus comienzos la Comisión Rettig establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, el objetivo estratégico de la iniciativa es contradecir la imagen de masividad del periodo represivo y acotar los ámbitos de acción del proceso judicial a los responsables ha solo cuatro mil quinientas victimas y no a los cientos de miles que sufrieron estas violaciones, con esto se ha conseguido dejar en la impunidad al alto mando civil y militar creadores del sistema de aniquilamiento y represión.

Una segunda iniciativa enmarcada en esta estrategia para eludir la acción internacional que obliga a Chile, fue promulgar una ley para reinsertar a la sociedad a miles de exiliados que produjo la etapa dictatorial, el objetivo no se cumplió porque nuevamente se viola normativa internacional sobre la materia hoy en el país, los que retornaron son parias económicos perseguidos por incumplir estas normas inhumanas. Pero aquí, con respecto a esta normativa queda de manifiesto el carácter perverso de la política que sobre derechos humanos aplica el Estado, a su sentido inútil, al daño que se le provoca a las personas que retornaron, se suma la defraudación de millones de dólares por parte de los responsables directos de aplicar estas leyes, delitos que están verificados por dos informes investigativos de la Cámara de Diputados en los años 1998 y 2000.

La tercera iniciativa de esta estrategia política, busca reparar y reinsertar socialmente a las personas que perdieron su trabajo por las ideas que profesaban, nuevamente se viola el Derecho Internacional sobre derechos económicos, sociales y reparación. Estas leyes violan además el derecho constitucional de los patrimonios previsionales de las victimas y es promulgada fundamentalmente para que el Estado eluda reiterados fallos de la Corte Suprema que lo condenan por estas exoneraciones arbitrarias. Estas leyes increíblemente, enajenan el patrimonio previsional de la victima para financiar una eventual reparación, el efecto de la norma es realmente precario solo el 40% del total de calificados alcanza a percibir una pensión y esta en un 90% es mínima. Leyes que no favorecen a las victimas, sino al Estado como en el caso de los retornados se actúa con vileza y perversidad, al instrumentalizar estas normas para obtener beneficios electorales cautivando durante años a cientos de miles de personas con la promesa de ser calificados como exonerados politicos por parte del Estado y sus agentes.

Una cuarta iniciativa es promulgada después de trece años de ejercicio del poder por parte de la coalición gobernante, y esto es solo posible por la presión internacional, el cuestionamiento que el país formulan organizaciones de Derechos Humanos y definitivamente con la instrumentalizacion electoral que se pretende perpetrar con la iniciativa. Ella busca reparar a las victimas de prisión política y tortura y al analizar u texto queda de manifiesto el objetivo de la misma: en primer lugar, consolidar por mandato de la ley la impunidad de los victimarios de tortura y prisión política; en segundo lugar declarar incompatibles los derechos a ser reparados cuando una persona a sido victima de otras violaciones; en tercer lugar, viola el principio de proporcionalidad entre el carácter del acto violatorio y la reparación, al fijar un solo tipo de reparación fijando a esta un monto irrisorio que alcanza los doscientos dólares mensuales, consecuentemente con el resto de la normativa antes descrita también en esta ocasión se viola flagrantemente el Derecho Internacional.

De todo lo anterior, debemos concluir que Chile ha sido desde su inicio como republica un Estado profundamente violador de los derechos de las personas en el ámbito de lo civil, político y económico. Los derechos del individuo, ciudadano de la Republica, son letra muerta cuando se anteponen a los intereses de minorías que ostentan el poder, que la institucionalidad que rige la convivencia social no surge del anhelo de las mayorías muy por el contrario, la historia demuestra que esta es y ha sido el reflejo de los intereses de minorías oligárquicas y neoligarquicas como ocurre hoy día. Que Chile no es un país democrático sino que vive una ficción democrática que frustra y aliena a la mayoría de los ciudadanos alejándolos de su rol democrático de constructores de su presente y su futuro.

La soberanía emana de la libertad personal y colectiva, y los derechos humanos constituyen la consagración jurídica universal de esa dignidad soberana, la constitución y las leyes en tanto expresan la voluntad soberana de la voluntad nacional, son legítimas. Si, y solo si la expresan, se puede afirmar que representan soberanía.

Referencias Bibliograficas:

  • “Manifiesto de Historiadores”, Gabriel Salazar y otros.
  • “Historia de Chile”, Luis Vitale.

Autor: Raúl Celpa L.