lunes, 4 de abril de 2011

CHILE COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EXPRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 4 de Abril de 2011.-

Señor

Sebastián Piñera E.

Presidente de la República

PRESENTE

Señor Presidente:

En la reciente visita a nuestro país del Presidente Barak Obama, nos sorprendió gratamente que los temas preponderantes de la agenda entre ambos países, fueran la Democracia y los Derechos Humanos, dos valores conceptuales que hoy se discuten en las principales sociedades del mundo. Aunque aún no conocemos los resultados de estas conversaciones, su inclusión resulta promisoria.

Conocedores del criterio sustentado en los documentos de Tantauco sobre la materia, los cuales apoyamos en gran medida, y del pensamiento de Don Gastón Gómez, Coordinador Tantauco para Derechos Humanos, nos ha llamado profundamente la atención que esta política sobre el tema no se haya aún formulado al país como un todo, que no constituya un aspecto importante de la agenda gubernativa. Se hace a nuestro criterio indispensable, garantizar al país los derechos Constitucionales de respeto y promoción de los Derechos Humanos, a través, de políticas sociales integradoras ante una sociedad nacional y mundial, cada vez más comprometida con este valor, que exige compromisos y políticas concretas en materia institucional, orientadas por estos ideales.

Justicia y Reconciliación, aparecen como objetivos de esta política, propuesta por los Tantauco, conclusión que compartimos, pero en este justo orden: Que la Justicia se ejerza en el contexto de los compromisos contraídos por el país con la sociedad mundial y que reconoce nuestra Constitución y que forman parte del Derecho Internacional Humanitario, lo que garantiza una solida base moral y ética.

Entonces, la Reconciliación, el otro objetivo fundamental, surgirá como respuesta natural de una sociedad, que desde años anhela se ejerza este derecho sobre estas bases. Otro aspecto que nos preocupa, es la falta de una institución o persona de gobierno con la cual interlocutar sobre este trascedente tema.

Desde 1990, el Estado Chileno ha eludido promulgar una política sobre Derechos Humanos cimentada sobre estos principios, las consecuencias han sido obvias: Una reconciliación entre los chilenos imposible; Una distorsión grave de los objetivos de esta política alternativa y transgresora que se ha promulgado basada solamente en leyes asistenciales, así definidas por la Corte Suprema de Justicia; No resolvió la responsabilidad aún pendiente del Estado en este tipo de violaciones ocurridas en el pasado reciente, pero que tampoco resuelve las violaciones a los derechos de las personas en el presente o en el futuro. Un conjunto de leyes mal hechas, plagadas de errores, y que al ser aplicadas han preferentemente privilegiado a grupos de poder, intereses de tipo proselitista electorales y lo más grave atravesados por la corrupción.

En diferentes documentos que acompañamos, analizamos técnicamente las aberraciones producidas por esta mala política. Hasta qué punto ha llegado la corrupción, en materia institucional y particular, a afectar la aplicación de estas falsas soluciones legislativas, también acompañamos un requerimiento presentado a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, donde le solicitamos atender las más graves consecuencias de esta seudo política estatal sobre la materia.

Durante su gobierno, hemos participado y promovido todas las iniciativas tendientes a investigar las irregularidades cometidas, entregando los antecedentes de toda una acción de más de diez años de nuestra organización, hemos denunciado ante la justicia y nos hemos hecho parte en las querellas de su gobierno en esta materia, desde nuestra posición de organización autónoma e independiente, que por más de doce años ha luchado por reivindicar este valor hoy consagrado como patrimonio esencial del Hombre contemporáneo.

La única forma de recuperar hoy día la base moral y ética pérdida por el Estado como consecuencia de las aberraciones cometidas en la promulgación y aplicación de esta seudo política, es reformularla, desde lo que debió ser originalmente su base: el Derecho Internacional Humanitario que obliga a Chile y la Constitución Política del Estado, que también constituye obligación insoslayable, no hacerlo señor Presidente, es engrosar la lista de cómplices de una situación que nos llena de oprobio en el presente y lo hará en el futuro.

Con este objetivo, acompañamos a la presente nuestra propuesta que desde la óptica de encontrar la verdad, aplica la justicia como valor superior y derecho natural de toda sociedad, que reivindica a las legítimas y verdaderas víctimas del más importante quiebre institucional de nuestra historia y de la barbarie que este desató. Propuesta donde, desde los hechos históricos reales, comprobamos que el horizonte del costo social más dramático de estos hechos, está constituido por el 30% del grupo de personas que hoy aparecen como víctimas, consecuencia de la inmoralidad de un Estado, que permitió que otros objetivos primaran sobre este valor hoy determinante para la sociedad en el mundo.

Lo saluda atentamente.

Raúl José Celpa López

Presidente