lunes, 5 de abril de 2010

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS DE CHILE

Santiago, 5 de Abril de 2010.-

Señora

Adriana Sepúlveda Orbenes

Presidenta

Cámara de Diputados de Chile

PRESENTE

Señora Presidenta:

Marzo recién pasado, puso fin a una etapa histórico política en nuestro país, periodo que se caracterizó preferentemente por rescatar aspectos sustanciales de nuestra historia, es así como en la materia que nos preocupa: Los derechos esenciales del ser humano, Chile se ha caracterizado en forma permanente, en el curso de su devenir como estado independiente, en la violación de este patrimonio de la humanidad.

Nuestro Premio Nacional de Historia: Gabriel Salazar, en su historiografía registra tres golpes de estado: 1829, 1927, 1973; tres guerras civiles: 1851, 1859, 1891; siete motines militares entre 1830 y 1837 uno de estos, mató a Portales; veintitrés veces se ha masacrado al pueblo chileno con un resultado de miles de muertos, la guerra de La Araucanía es un oprobio vergonzante para el país. En un momento de la historia de nuestra América, el ejercito chileno fue calificado como la institución armada que mas veces había actuado contra su pueblo. Los hechos violatorios al derecho a la vida de las personas, son una constante en nuestra vida republicana, cuando la mayoría se enfrenta al poder institucional en la lucha por sus derechos.

La “gobernabilidad” a través del terror, aparece como el resultado del balance trágico de esta parte de nuestra historia, un aspecto sustancial porque el costo han sido vidas de seres humanos, quienes, paradigmáticamente, murieron luchando por justicia e igualdad.

Dos mil ocho ejecutados políticos, mil ciento ochenta tres detenidos desaparecidos, veintiocho mil presos y torturados políticos, un numero indeterminado de exiliados políticos, treinta y nueve mil exonerados políticos con certeza legal, son el saldo que arroja la ultima aventura institucional de este modelo de estado que nos ha regido desde 1833, son el testimonio del aspecto mas cruel de esta guerra interna que la dictadura declaró al pueblo de Chile en 1973, son el enemigo interno de una doctrina criminal de dominación hacia el interior de los países, llamada eufemísticamente de “seguridad nacional”.

Ante esta realidad el “Nunca Jamás”, consigna acuñada por algunos y traída de otras realidades, no pasa a ser nada mas que eso: una consigna hueca, que se enfrenta a una realidad que en materia institucional no ha cambiado en nada en casi dos siglos, baste decir, que en nuestra actual Constitución aparece privilegiado el derecho a propiedad por sobre el derecho a la vida.

La etapa que acaba de concluir en Marzo pasado, legitima y legaliza toda la esencia ideológica de un modelo de estado que ha permitido la barbarie cuando las prerrogativas del poder institucional se ponen en peligro como producto de la demanda mayoritaria de nuestro pueblo, los testimonios de esta nueva historiografía, irrebatibles por su peso metodológico y científico, muestran y desnudan al Chile real. El terremoto último, una debacle de la naturaleza, también muestra al Chile real, un país que en las consecuencias hacia sus habitantes, muestra su pobreza y la vergüenza de la injusticia, las Naciones Unidas hace un tiempo atrás, declaró a la chilena como la tercera sociedad más injusta del mundo, ranking que naturalmente no se destacó como se destacan los logros de un modelo económico causante de tanta inequidad, este hecho, muestra claramente lo aseverado, en Chile hoy los Derechos Humanos son gravemente violados.

Esta óptica critica, ha sido claramente corroborada por parte importante de nuestros medios de comunicación, los cuales ante nuestras denuncias han reaccionado con importantes reportajes que muestran en detalle lo denunciado, la prensa internacional también ha demostrado su preocupación publicando nuestros estudios y denuncias, premios nacionales como el de historia y el de periodismo, han publicado sobre este escándalo, nuestras denuncias hoy comprobadas ante la Contraloría General de la Republica, han desenmascarado el real sentido de una política que ha protegido al criminal, privilegiado al poderoso y menoscabado aún mas a la legitima victima.

El país como signatario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de importantes tratados, protocolos y convenios, ha comprometido el respeto a este patrimonio de la humanidad, a cumplir su mandato, a respetar la normativa del Derecho Internacional Humanitario,

Este compromiso además está consagrado en el articulo cinco de nuestra Constitución, a pesar de todo esto, el Estado Chileno, promulgó un conjunto de leyes absolutamente disociadas de este acuerdo universal y constitucional, normas que en muchos aspectos desconocen el compromiso, aberrantes en muchas disposiciones ya que legalizan la impunidad como la llamada ley Valech, que consolidan la inconstitucionalidad como nuevamente la ley Valech y la ley de exoneración política, cuerpos legales mal hechos que muestran insolvencia jurídica al no respetar los estatutos de derechos de los ciudadanos victimas de lo ocurrido en nuestro pasado reciente.

La llamada política de Derechos Humanos del estado de Chile, no es mas que un conjunto de normas que buscan que el estado eluda sus responsabilidades para con la verdad y la justicia, creando toda una cultura de la impunidad al permitir que la institucionalidad por la vía de la prescripción, la amnistía de delitos criminales y de apremios inhumanos como la tortura, se reguarde precisamente en estas disposiciones para no cumplir con el rol que lo obliga el derecho internacional, la constitución y la decencia.

Por todo esto, hemos definido a esta política como inmoral y traumática porque a veinte años de su aplicación, el resultado que arroja muestra claramente quienes han sido los favorecidos y quienes han sido los vejados nuevamente.

Otro aspecto que muestra en su real dimensión el carácter de esta política, es la colusión con que ha actuado la institucionalidad cuando se trata de aplicar las leyes que forman parte de todo esto, a través de la interpretación de estas malas leyes se han cometido actos deleznables, se ha violado el rol de toda la institucionalidad que no actuado conforme a sus responsabilidades, como es el caso de los retornados del exilio, los exonerados políticos y los ex presos políticos: donde la comisión de delitos como el fraude; el privilegio a connotados victimarios y la comisión de una masiva corrupción; y la impunidad creada por ley, resultan un insulto a todas las personas involucradas legítimamente.

Pero donde toda la intencionalidad del estado queda de manifiesto, es en mantener un decreto ley promulgado en dictadura, donde se protege a los verdaderos responsables del plan de aniquilamiento del enemigo interno, es ahí, donde encontramos el verdadero objetivo de esta inmoral política, esa y no otra causa ha motivado su promulgación, defender la integridad de los poderosos responsables y entregar paliativos miserables a las victimas. Sepa usted señora Presidenta, que esta política significa al erario nacional un gasto de 146.000 millones de pesos, con una pensión de reparación media de l80.782 pesos, lo que equivale al 3% del presupuesto en defensa del estado y un 0,68% del presupuesto general anual para el país. Si a esta precaria realidad sumamos carencia de verdad y justicia, la situación nos da la razón.

Acompañamos a la presente dos informes, que muestran con mas profundidad lo que hemos querido sintetizar en esta, además adjuntamos el recurso Nº 173054 de fecha 19 de Marzo pasado, donde acusamos la responsabilidad que le a cabido a la Contraloría General de la República, en la comisión de irregularidades que atentan contra los derechos de las personas y de abandono de su rol constitucional y legal.

En toda la acción que le ha cabido a la institucionalidad del Estado Chileno en la promulgación y aplicación de esta legislación, la Cámara de Diputados, no ha estado exenta de una importante responsabilidad que emana del rol que le asigna la Constitución, cual es, el control de la legalidad de los actos del gobierno, en estas materias la Cámara abandonó este deber, son múltiples las ocasiones que los hemos interpelado para que cumplan su rol y así haber impedido la comisión de tanto daño inferido a estos chilenos.

Somos una organización que luchamos en la defensa de los derechos esenciales de la persona, los de antes y los de ahora, que no obedecemos a hegemonías ni dependencias, que nuestro único norte es la dignidad de la persona.

POR TANTO:

En resguardo de los derechos que emanan de la Constitución y las leyes de Chile, del Derecho Internacional Humanitario que obliga al país y nuestros derechos inalienables como ciudadanos chilenos, interpelamos a la Cámara de Diputados de Chile, para que cumpla su mandato constitucional, sometiendo a investigación toda la aplicación de las leyes contenidas en la llamada política de Derechos Humanos, su legalidad y constitucionalidad, todo esto a través de un proceso de investigación público donde la sociedad tenga acceso.

Saluda atentamente a usted.

Raúl Celpa López

Presidente Nacional

Dieciocho Nº 45 of 301 Santiago-Fono 5522171-E-mail:raulcelpa@gmail.com