viernes, 27 de junio de 2008

Mala interpretación de ley laboral afecta a exonerados políticos que demandaron al INP

En su acción judicial ante los Tribunales de Justicia fueron acompañados por el senador Nelson Ávila y el abogado patrocinante Fernando Zegers quien representa a 300 afectados

Exonerados políticos exigen cumplimiento del espíritu de la ley

Más de 300 exonerados políticos de todo el país, acompañados por el senador Nelson Ávila y el abogado Fernando Zegers, presentaron una demanda contra el INP motivados por años de mala interpretación de la ley 12.234 dictada en los albores de los gobiernos de la Concertación.


Dicha iniciativa legal, buscaba reparar el daño laboral y previsional causado a los trabajadores del sector público durante la dictadura militar. Sin embargo, el INP y la Contraloría General de la República, interpretaron y aplicaron erróneamente dichas normativas. Las pensiones fueron calculadas sólo en base a los sueldos base y bienios y no por el total de las remuneraciones imponibles.


“Una interpretación maliciosa del espíritu y la letra de la ley está dando lugar a centenares de demandas, que significarán para el Estado un desembolso superior a los 800 millones de dólares”, señaló el senador Avila para graficar que serían más de 35.000 los afectados a nivel nacional, de los cuales alrededor de 8.000 serían de la Región de Valparaíso.


“Ésto fue en la época en que el actual Ministro de Transportes, René Cortázar, se desempeñaba en la cartera del trabajo. Lo que en su minuto pudo haberse calificado como un logro, hoy los hechos y el tiempo lo transforman en una loza que caerá sobre el erario público”, explicó el legislador tras la presentación del recurso.

domingo, 22 de junio de 2008

Informe a comision de DDHH Camara de Diputados Sra Carla Rubilar


CHILE: UN PAÍS QUE INVOLUCIONA


Hemos querido poner voz a un silencio que ya se prolonga por más de una década. La presión de los grupos fácticos que han manejado el tema de los derechos humanos en Chile, ha discriminado nuestra opinión, por no corresponder nuestro perfil con el tradicional, el de los oficialismos u obsecuencias, que ha transformado el tema de los derechos del hombre en moneda de cambio o en argumento para empatar políticamente en nuestro país, desnaturalizando esta fundamental causa valórica que mueve a la sociedad mundial.

Los derechos humanos en esta etapa, en que todo se globaliza, son el único medio para relacionar a la sociedad con la insensible estructura de poder del Estado, su incorporación al derecho interno de los países y al orden jurídico internacional marcan un proceso de progresiva expansión, se ha producido un incremento del catalogo de estos derechos, lo cual ha ocurrido con la consagración de nuevas generaciones. En una primera generación, la de los derechos civiles, que limitó el poder de la autoridad; debemos agregar una segunda generación, la de los derechos políticos, que logra que las personas puedan participar en la génesis y ejercicio del poder. Por su parte, una tercera generación, la de los derechos sociales a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a una seguridad social oportuna y justa, aspiran a que las sociedades participen en el poder y además las mandata a comprometer a los que ejercen este poder a crear condiciones materiales dignas de vida para todos.

En nuestro pasado reciente, Chile violó bárbara y masivamente los derechos humanos, los de primera, segunda, y tercera generación, lo que generó en nuestra sociedad consecuencias traumáticas. Grandes masas de ciudadanos fueron violados en su dignidad como personas, al vulnerarles sus derechos como ciudadanos, como trabajadores como mujeres o como niños. Los catastros que se han construido, solo dan cuenta de un porcentaje menor de este daño colectivo, representan lo simbólico emotivo: la pérdida de la vida, el desaparecimiento forzado, la prisión política, la tortura, el exilio, la pérdida del trabajo y la consiguiente proscripción por las ideas que se tenían.

Baste decir, que los planes de empleo mínimo consideraron a más de 660.000 personas, las cuales, por espacio de más de diez años vivieron en condiciones infrahumanas, sector social el cual hasta el día de hoy no es catastrado ni indemnizado. O la participación de los salarios en el PIB, el cual, en 1972 era del 52.2 %, participación que cae abruptamente en 1973 como consecuencia del golpe de Estado a un 37% sin que hasta el día de hoy hayan recuperado los trabajadores de Chile este margen de participación en la riqueza del país.

Desde Nuremberg ,el mundo ha establecido un corpus juris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los pactos sobre derechos humanos, los estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las comisiones regionales de derechos humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de principios, reglas mínimas y declaraciones no pueden ser desconocidos por Chile a partir de esta dolorosa experiencia histórica.

Este corpus juris a destruido los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por parte de Tribunales militares, en su base hay una génesis profundamente democrática: han sido las sociedades civiles, especialmente las organizaciones de víctimas, las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; por ser una conquista moral contra la inmoralidad; por la solidez con que el derecho internacional ha asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de Estado para justificar lo que la Declaración Universal llama: “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.

Este monumental esfuerzo que la sociedad mundial ha desplegado en los últimos sesenta años, tiene como objetivo primero: poner al ser humano como centro de todo proyecto o modelo de sociedad, los cuales en su concepción institucional están obligados a incorporar estos cuerpos legales que protegen los diferentes ámbitos de los derechos esenciales.

Chile en este aspecto, ha sido una excepción dramática, pese a su experiencia histórica hace treinta años nos rige una institucionalidad impuesta a la sociedad en 1980 por un régimen de facto así catalogado por el mundo entero, donde las garantías sociales e individuales estaban gravemente afectadas, donde los derechos esenciales de primera y segunda generación eran violados completamente. La constitución de 1980, que nos rige hasta hoy día, se funda en claros principios ideológicos neoliberales en opinión de afamados tratadistas como Pablo Ruiz Tagle, el cual, destaca al derecho de propiedad como uno de sus pilares fundamentales en oposición al derecho a la vida el cual, debiera ser la esencia de este cuerpo jurídico.

Otro aspecto de fundamental importancia de esta institucionalidad es el rol que otorga al poder ejecutivo como generador de la iniciativa legislativa, facultad que convierte al Presidente de la Republica en un tirano constitucional, relegando la representación popular que tiene el parlamento a un papel secundario. Esta facultad será la que en definitiva hará recaer la responsabilidad en lo que ha sido la política de Derechos Humanos del Estado de Chile, única y exclusivamente en el primer mandatario desde 1990 en adelante.

La política del Estado de Chile sobre los derechos fundamentales del hombre, en la etapa de transición por la cual transitamos aún, se caracteriza por dos aspectos: el legislativo que esta dirigido a la promulgación de algunas leyes que buscan insertar socialmente y reparar algunas de las más simbólicas violaciones a estos derechos y un rol por misión el cual ha desarrollado principalmente el ejecutivo y que ha hecho imposible cumplir el objetivo de verdad y justicia, desconociendo la obligación ética y moral que con respecto al tema, asumió con el país al inicio de la etapa. Además este rol desconoce la obligación que le asiste al ejecutivo con respecto a la Constitución y al Derecho Internacional.

Queremos detenernos en un análisis del rol por omisión que le ha correspondido al Estado y donde la responsabilidad fundamental recae en los gobiernos que ha tenido el país en estos dieciocho años: la ley de amnistía, jamás fue un objetivo en términos de su derogación, Boeninger en su libro “Democracia en Chile”, reconoce que Aylwin tomó la decisión de no hacer nada para derogar o anular este decreto ley, pese a que ello estaba comprometido en el programa de la Concertación, más aún, trató de legitimarla: el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el proyecto Frei de 1995; el acuerdo Figueroa Otero de 1995; el proyecto de ley de la Comisión DD.HH del Senado de 1998; el proyecto de ley presentado por Lagos el 2003; el proyecto de ley de los senadores de la Alianza y la Concertación del 2005, dan cuenta de este empeño aberrante que le ha correspondido al Estado en esta materia. Así mismo, no solo en casos de relevancia internacional como los de Prats y Leighton, donde nada hizo Chile en esos juicios internacionales, sino que también en los casos de Berrios y Soria y por cierto, la culminación de esta política cual fueron las gestiones que el gobierno de Frei hizo desesperadamente para librar a Pinochet de una condena segura en Europa, o cuando, el gobierno de Lagos realizó numerosas presiones públicas y privadas ante el juez Guzmán y los tribunales para que el ex dictador tampoco fuera condenado en nuestro país.

Por último, la búsqueda de la impunidad se ha materializado en la llamada ley Valech, donde se prohíbe a los tribunales acceder a las denuncias por tortura testimoniadas ante la comisión del mismo nombre. Es tan aberrante este engendro que su perversidad legal parece ser superada solamente, en los anales republicanos chilenos, por el decreto ley de auto amnistía de 1978. Su mantención no solo provocará una impunidad generalizada respecto a la tortura ejercida en dictadura, sino que constituirá un oprobio permanente para nuestro país y sus instituciones.

De esta forma, se consolida nuevamente en nuestro país la impunidad en sus cuatro caras: la política, la moral, la histórica y la jurídica. Gabriel Salazar, nuestro premio nacional de historia, asegura que este comportamiento responde a nuestra idiosincrasia, la que enaltece a los golpistas y glorifica a las figuras anti democráticas, y para demostrarlo nos trae de vuelta a Portales, O‘Higgins, Bulnes, Alessandri y Prieto, héroes que a su juicio fueron los gestores de los más grandes asesinatos políticos de la historia de Chile, además de Pinochet por supuesto.

En el plano legislativo, la política de derechos humanos del Estado desde 1990, ha guardado fielmente este sello, el de la perversidad, mediaticamente los gobiernos en este periodo han hecho creer a la opinión pública nacional e internacional que el tema se encuentra resuelto, la promulgación de leyes que pretenden la inserción social y la reparación a los efectos provocados por la muerte, el desaparecimiento, el exilio, la prisión política y tortura y la exoneración política no han sido mas que iniciativas insertas en una estrategia que busca prestigiar ilegítimamente a los gobiernos y contener el conflicto político con las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que sustentaron a la dictadura, esto determinará el destino de la transición en materia de Derechos Humanos, a este efecto mediático debe sumarse el objetivo de obtener dividendos políticos que aseguren la sustentabilidad en el poder, estas leyes han sido instrumentalizadas para cometer un escandaloso intervencionismo electoral y cometer actos de corrupción incalificables.

En los comienzos, de este periodo la Comisión Rettig, establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, uno de sus objetivos estratégicos es destruir la imagen de masividad de la represión llevando esta solamente a un debate sobre 4.500 victimas que son las catastradas en dicho informe, con esto, se logra acotar los ámbitos de la acción del proceso judicial, el cual, deberá remitirse a dirigir su acción a los autores materiales de los crímenes y no al alto mando militar y civil creadores intelectuales del plan de aniquilamiento. En el proceso de judicialización de los datos de este informe, las cifras son elocuentes, sobre la base de 1.464 desapariciones forzadas, solo se han abierto 480 causas de las cuales, solo 8 están terminadas, han sido identificados sólo 162 cadáveres y 96 se encuentran en proceso de identificación lo que indica, la falta de interés dado el tiempo transcurrido por parte de los gobiernos en el tema. La ley 10123 pretende reparar materialmente a las víctimas: madres, esposas, e hijos de los asesinados que da cuenta el informe, para este objeto, el Estado chileno ha gastado entre los años 1994 y 2006 la suma de M $102.200, suma que resulta irrisoria y confirma el desapego a la obligación que tiene el Estado con el derecho internacional.

Una segunda iniciativa enmarcada en este objetivo estratégico, fue la de promulgar una ley para reinsertar a los miles de exiliados que produjo la dictadura, la aplicación de esta norma esta plagada de escándalos de corrupción, baste decir, que el funcionario jefe de la oficina del retorno fue encarcelado por las masivas irregularidades. Dos informes de la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados constituyó para investigar estos sucesos son elocuentes, el informe compromete a altas autoridades políticas y administrativas en el manejo de estos recursos que países extranjeros entregaron a Chile. Hoy en el país, los que retornaron del exilio fueron condenados a ser parias económicos en virtud de esta ley y sus escándalos, lo cual obviamente transgrede las obligaciones que impone el derecho internacional sobre la materia, el revuelo nacional que tuvo este escándalo motivó a la periodista Maura Brescia a escribir el libro “Manos Limpias” reportaje que muestra la dimensión de esta vergüenza pública que según ella estima llegó a los 400 millones de dólares.

En 1993, fue promulgada la ley 19234, que pretende reparar los daños ocasionados por la pérdida de la fuente laboral debido a las ideas políticas del exonerado. En el país de acuerdo a cifras oficiales entre 1973 y 1990 perdieron su trabajo 330.000 personas aproximadamente por causas de responsabilidad del Estado. Dos hechos doblegaron la inconmovible negativa del gobierno de Aylwin para legislar sobre esta materia, el primero de ellos lo constituyó la condena de la Corte Suprema al Estado de Chile por la exoneración ilegal de 3.200 personas y el segundo de estos hechos, fue una huelga de hambre indefinida que duro sesenta días y que movilizó a todo el país, estas razones decidieron el envió del proyecto de ley al parlamento. El acuerdo entre exonerados politicos y gobierno puntualiza que el horizonte total de personas afectadas por exoneración fue de 56.000 en los 17 años de dictadura.

Lo increíblemente paradójico de esta ley de reparación, es que los beneficios reparatorios son financiados en parte por la propia victima con su patrimonio previsional, esta situación califica a esta ley al menos como una mala norma, en catorce años de aplicación a mostrado su ineficiencia y su absoluto desapego a la formativa internacional, el 52% de los calificados tiene derecho a pensión, y estas en un 92% son mínimas. El Ministerio del Trabajo, a través del INP ha aplicado esta ley en forma arbitraria e ilegal distorsionando su rol reparador, han desacatado resoluciones de la Contraloría General de la Republica que trata de volver al objetivo de la ley, constitucionalmente, se viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, no se aplican fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre imprescriptibilidad, sobre actualización económica etcétera, etcétera.

Igual que lo ocurrido con la ley del retorno antes analizada, esta ley de exoneración política ha sido objeto de una escandalosa instrumentalizacion, el intervencionismo electoral ha generado la calificación ilegal de 100.000 personas que contravienen totalmente el perfil que la propia ley define para ser calificado, esta irregularidad es producida por la facultad discrecional que la norma entrega al Presidente de la Republica, el cual, por esta razón es responsable de abuso y arbitrariedad lo cual ha permitido calificar un conjunto de personas tres veces superior al establecido por acuerdo en 1992. este abuso ha permitido movilizar a mas de 250.000 personas las cuales, exigen ser calificadas y al mismo tiempo constituyen un mercado cautivo para fines electorales, parlamentarios en ejercicio han sido elegidos a través de este abusivo procedimiento. Extrañamente, esta ley ha sido modificada demagógicamente en periodos preelectorales con un claro propósito cual es usar el proyecto modificatorio en cada oportunidad como anzuelo. Esta ley y su aplicación, deben ser producto de una profunda investigación por parte de la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos que se encuentran en sus procedimientos de aplicación, las arbitrariedades y también la ilegalidad con que se aplica.

Extemporáneamente, trece años después de iniciado el proceso de transición, lo que claramente demuestra la voluntad contraria a abordar el tema de la prisión política y la tortura ocurrida en Chile, el gobierno de Lagos en forma oportunista y demagógica ya que se acercaba un periodo electoral y además, a las reiteradas prisiones de instituciones internacionales, anuncia a través de una propuesta rimbombante el envío de este proyecto de ley que será conocida como ley Valech, la ley una vez promulgada forma parte del símbolo mas elocuente de lo que ha sido la estrategia de derechos humanos en 18 años. La ley transgrede absolutamente a todo el derecho internacional sobre la materia, es un aberrante tratado sobre como construir impunidad a partir de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura, construye la ficción de que las víctimas son reparadas pero en la realidad, esta reparación es tan miserable que se transforma en una humillación y en un vejamen al transformarla además en incompatible con otro tipo de reparaciones violando el derecho nacional e internacional al discriminar arbitrariamente con otras leyes sobre la materia. Ninguna norma jurídica ni mucho menos la norma internacional sobre derechos humanos a las que Chile se encuentra sujeto, ni tampoco tribunal internacional ni jurisprudencia internacional alguna ha establecido estas disposiciones o resuelto jamás que si una persona fue afectada en algunos de sus derechos y reparada por aquello pierda su derecho a una nueva reparación por que se demuestre que fue victima de otra forma de abuso. Por el contrario, las obligaciones internacionales de Chile en materia de reparación a victimas de tortura son categóricas en exigir del Estado responsable que ella sea real y plena.

Esta ley promulgada en forma tardía y cuya iniciativa no obedece al cumplimiento de deberes morales o de conciencia sino que, a mezquinos intereses que tienen que ver con las ansias de poder y la imagen falsa internacional que han construido a partir de mentiras, es un claro testimonio de lo que hemos querido probar en este ensayo; repugna, leer declaraciones de conspicuos funcionarios de gobierno sobre el tema de la tortura: Viera Gallo, en entrevista al Mercurio el 14.02.01 “Si se multiplicaran los procesos por torturas se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre la tortura es verdaderamente inconducente”.-

Ya a comienzos de esta década diversas autoridades de gobierno y lideres politicos se pronunciaron claramente en contra de la justicia en casos de tortura, el entonces Ministro del Interior José Miguel Insulza declaró al diario La Nación el 15.02.01: “Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, por que creo que sería negativo… ¿Queremos ir a buscar a cinco o veinte mil autores, todo el que golpeo a alguien tiene que ser llevado a los Tribunales de Justicia?”. Tales declaraciones de emblemáticos líderes de la coalición gobernante y además Ministros de Estado, demuestran un claro compromiso con la impunidad y además un desprecio a las personas que sufrieron este tipo de barbarie. Es vergonzoso para el país, que sujetos de este perfil moral estén decidiendo el futuro de la sociedad.

La periodista Maria Olivia Monckeberg, en un libro que apareció el año pasado, investiga el tema de la educación superior, en este reportaje denuncia el vergonzoso uso que se ha dado al beneficio de educación superior que contiene esta ley llamada Valech por parte de las universidades privadas, entre las cuales se destaca la Universidad Uniacc cuyo consejo directivo esta conformado por ex miembros de gobiernos de la Concertación como: Mariana Aylwin, Daniel Farkas, Jorge Schaulsohn, sobre el mismo escándalo también reporteó la revista El Periodista en su edición del 14.09.07, naturalmente la atención del periodismo sobre estos hechos marcan la importancia de estos ilícitos.

Una última iniciativa legal de este escalabro que pretende resolver el tema de los derechos humanos y con el cual se ha engañado al país y al mundo es la llamada ley “PRAIS” cuyo objeto es dotar de un sistema de salud especial y gratuito a las personas afectadas por el trauma represivo en sus diferentes formas, acá como en lo anterior al sujeto beneficiario se le humilla, es vejado al someterlo a constantes discriminaciones y arbitrariedades al tratarlo cual indigente sometiéndolo a interminables trámites y esperas. El sistema creado esta permanentemente colapsado por falta de recursos y por la malversación que en muchos casos ha afectado su financiamiento.

Este oprobioso balance, marca desgraciadamente una constante en nuestra historia, no podemos olvidar que las tres Constituciones que nos han regido han sido producto de golpes de Estado, han sido dictadas por tiranos cuyo propósito estuvo relacionado con intereses subalternos y nunca los superiores del país y su pueblo, tal como la política acá analizada, el tema no es posicionar culturalmente los derechos esenciales de la persona ni construir una estructura jurídica para defenderlos, muy por el contrario, el objetivo ha sido servirse de ellos, utilizar este valor permanente desarrollado por el mundo civilizado indignificándolo con leyes abyectas, lo que constituye un signo preocupante de un proceso de lumpenización de la política.

Este divorcio entre la política oficial aquí analizada y la opinión que tiene el pueblo chileno de cómo debe ser tratado tan importante asunto, es recogido en el mes de Marzo último por una encuesta realizada por FLACSO Chile, organismo dependiente de la CEPAL-NU, en este estudio de opinión los encuestados demuestran una clara tendencia (44.9%), perciben a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio de derechos y una mayoría (44%), prefiere el camino de la justicia en materia de buscar responsabilidades, un 78%, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos y un 92.5% le asigna al ejercito, la mayor cuota de responsabilidad en el abuso, al mismo tiempo, la opinión encuestada apoya los esfuerzos de reparación material y simbólica, el estudio abarca un horizonte de 809 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años.

Las verdaderas y legitimas victimas del terrorismo de Estado que vivió nuestro país, necesitan ser tratados con respeto, fueron arrastrados a esta situación por un profundo compromiso con las ideas y con un proyecto de sociedad que lo único que pretendía era dignificar a la persona. Deben ser reivindicados, separándolos de la vorágine de oportunismo y corrupción que atraviesan las políticas del Estado sobre el tema, no hacerlo, es repetir el trauma, en esta ocasión, el que se produce al estar mezclado con actos indignantes como lo que hemos denunciado en este informe.

Los daños que estas personas sufrieron y que perduran hasta el día de hoy, dicen relación con lo más profundo del ser humano, el estudio clínico: “La Manifestación del Trauma en el Cuerpo”, de la egresada de psicología Muriel Celpa, es elocuente en cuantificar estos efectos, los cuales, hasta hoy día no son tratados en forma seria y científica.

Hace ya un tiempo, fue acuñada la consigna del “nunca jamás”, la cual se lanzó desligada absolutamente del contexto de lo que ha sido nuestra historia, en nuestra vida independiente como país, veintitrés veces se ha masacrado al pueblo, sin que hayamos ejercido los resguardos institucionales, jurídicos y culturales para que ello no vuelva a ocurrir, tal cual están las cosas… ¿Quien nos asegura que la historia no se repita?

RAUL CELPA L.

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS

LOS DERECHOS HUMANOS INSTRUMENTO DE SOBERANIA POPULAR


I.- Los Derechos Humanos en la historia de Chile

La historia no es solo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. El mas importante de los Derechos Humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura. Debatir sobre Derechos Humanos en Chile obligadamente nos lleva a analizar nuestra historia, no la oficial sino la real. La tortura, la muerte, el dolor y la injusticia no se olvidan.

En la historia de nuestro país resulta evidente que por lo menos, desde el siglo XVIII en adelante Chile ofrece ciclos históricos que se asocian a periodos de expansión, crisis y autoritarismo.

La oligarquía fue la que armada intelectualmente del pensamiento conservador mas autoritario y materialmente del monopolio de las armas, gobernó durante todo el siglo XIX y parte importante del XX a sangre y fuego, para reprimir los anhelos de justicia social y libertades políticas que los pobres y los trabajadores reclamaban del Estado, las crisis de gobernabilidad que produjeron estas demandas sociales, significaron masacres de miles de seres humanos.

La primera huelga general en Valparaíso en 1890, significo la muerte de más de cien trabajadores. En 1892 en Iquique, en la salitrera Ramírez muere otro centenar. En Valparaíso en 1903 durante la huelga portuaria, en 1905 en la huelga de la carne en santiago, en Antofagasta en 1906 obreros salitreros son masacrados, en la tristemente celebre Escuela Santa Maria en Iquique en 1907 mueren entre dos mil a cuatro mil personas, la matanza fue tan cruel y masiva que los trabajadores tardaron doce años en intentar un movimiento similar.

Durante 1919 en Puerto Natales, 1920 en Punta Arenas, en 1921 en San Gregorio de Iquique, en 1925 en la Coruña, Ranquil en 1934, Santiago abril de 1957, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969, son fechas que testimonian masacres históricas que sufrió nuestro pueblo cuando se atrevió a levantar la bandera de sus derechos.

Frente a la evidencia histórica de estos hechos, el periodo dictatorial que sufrió el país entre 1973 y 1990 son la consagración de un modelo de Estado y una oligarquía, que para sostenerse históricamente, han practicado la violencia cada vez que la gobernabilidad vio peligrar sus bases antidemocráticas, además demuestra la estatura histórico moral de una nación que ha basado su estabilidad en la represión y marginación de parte importante de su población.

En el plano de su historia política, chile es un país atravesado por largos periodos autoritarios (portales, Ibáñez, Pinochet) donde el totalitarismo como ideología de poder gobernó por ejemplo entre 1831 y 1861, etapa caracterizada por l violencia de ello da cuenta la guerra contra la confederación Perú- Boliviana, las guerras civiles de 1851 y 1859, la rebelión de los trabajadores en Valparaíso la insurrección popular en Talca, la rebelión de los mineros en Lota y Coronel, el levantamiento de los araucanos, hechos significativos de periodos de alta violencia de violación al estado de derecho y de situaciones de facto.

En cuanto a los periodos de crisis político-social, Chile por ejemplo durante la etapa que va de 1823 a 1830, muestra lo que va a caracterizarlo como país gobernado por grupos oligárquicos los cuales, en defensa de sus intereses particulares no trepidaron en llevar al país y su población a profundos niveles de crisis, en efecto, durante estos siete años, la crisis se genera al intentar seriamente abolir los mayorazgos, expropiar los bienes de la iglesia católica dar participación política a sectores populares como el artesanado y combatir el centralismo de santiago sobre las provincias.

Desde los origines de la Republica, los derrocamientos, asonadas militares, guerras civiles, guerras expansionistas, crisis institucionales, perfilaron al país como una nación gobernada por las elites oligárquicas y neoligarquicas durante cien años causando al país un daño estructural de difícil solución por la vía democrática.

Así queda demostrado en las crisis prepopulistas de 1851, 1859, 1890, 1891, 1907, 1908, 1924, 1930-32, y las crisis desarrollistas de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-69.

Los valores de la democracia, el respeto a la vida la libertad del ser humano siempre en la historia de Chile han sido violados cuando los intereses de los grupos de poder son puestos en peligro.

II.- Los Derechos Humanos a partir de 1990, una estrategia política, inmoral

La etapa que se inicia en 1990, esta caracterizada por el pacto o acuerdo, al que llegan la alianza política que asume el gobierno con el gobierno dictatorial saliente (fuerzas armadas, partidos de ultra derecha, y de derecha tradicional) este acuerdo define y sella el carácter que tendrá el periodo de transición en cuanto a mantener el proyecto constitucional impuesto al país en 1980 y el modelo de desarrollo neoliberal también impuesto al país. Nada vale el proceso eleccionario previo a estos acuerdos, evento democrático donde la mayoría vota por un programa político que devuelve al país a la democracia plena modificando estructuralmente las líneas ideológicas que fundaron el proyecto de la Dictadura.

De esta forma por la vía de los acuerdos antidemocráticos de los grupos de poder, traumaticamente se revierte la decisión popular y se impone un modelo de democracia que solo mantiene las formalidades de esta, pero que en definitiva, otorga el poder de decisión soberano a cúpulas políticas y económicas que tutelan la esencia antidemocrática de esta institucionalidad.

De esta manera, en chile no existe una democracia, existe una ficción democrática, donde las mayorías no se expresan ni deciden su presente y futuro, estas son representadas por minorías a las cuales institucionalmente se le otorga el derecho de decisión definitiva. El sistema electoral binominal permite que una minoría política neutralice a las mayorías populares en la representación parlamentaria y a su vez el autoritarismo esencia ideológica de la constitución, otorgue suprapoderes al Presidente de la Republica, anulando la iniciativa de la representatividad parlamentaria.

En definitiva, los chilenos son obligados a votar por representantes previamente elegidos por grupos facticos, lo cual aniquila su capacidad de elección, capacidad que las verdaderas democracias entrega al pueblo. De igual forma, se procede con respecto a la elección de las autoridades de los otros poderes del Estado, una minoría elige la conformación del Poder Judicial y del Poder Contralor de la legalidad del Estado.

Esta institucionalidad violatoria de los derechos esenciales de la persona, ha generado profundos síntomas de frustración y apatía política, que se expresan en la no participación en los procesos electorales, en el ultimo proceso tres de cuatro jóvenes no votaron, tres millones quinientas ochenta mil personas se auto marginaron, la autoridad máxima del país fue elegida con el 35% del potencial electoral de diez millones quinientas veinte mil votantes.

La libertad de expresión, el respeto a la vida, la educación, la salud, el derecho a elección, el derecho a la seguridad social, los derechos a negociar colectivamente, ha sindicalizarse, hoy día no son derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, situación que ha excluido a la mayoría del desarrollo humano generando una inequidad escandalosa en el país que lo sitúa entre las tres sociedades mas desiguales del mundo.

El Estado chileno en esta etapa de transición, consolida un sistema político institucional gravemente violatorio de los Derechos Humanos como producto del pacto que subscribiera en 1989 y que determino el destino de la transición, al discurso oficial globalizador se opone la sistemática violación de las normas que constituyen el Derecho Internacional y que obligan al país. Chile, viola hoy parte importante de los convenios que regulan las normas sobre le trabajo y la seguridad social, convenios de la OIT que Chile ha suscrito como el numero 87 y 98 de esta organización sobre sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga. Viola al mismo tiempo, la Convención Contra la Tortura lo que permite hoy, en nuestro país se infrinja daño físico o mental a la persona sin que este delito este tipificado en su gravedad y reciba penas en relación al acto delictual.

En definitiva, la transición a la democracia, periodo que ya se prolonga por diecisiete años, troncho los anhelos de amplias mayorías de ciudadanos que lucharon por una democracia donde sus derechos se vieran representados, el fracaso de estos anhelos mayoritarios definen a esta etapa histórica, como traumática e inmoral. La aseveración: “democracia en la medida de lo posible”, es la expresión de una postura política profundamente inmoral donde los compromisos asumidos con el pueblo, se transan para permitir gobernabilidad con los sectores politicos y económicos que sustentaron e periodo mas negro de la historia político y social de chile, donde se garantizan sus intereses y se consolida su ubicación en la estructura de poder.

En el proceso de gobernar para reestablecer la verdad, la justicia, y la reinserción social, política y económica de miles de chilenos, es donde se manifiesta la gravedad básica del trauma que vive la sociedad chilena. La barbarie que vivió chile entre 1973 y 1990 y que significo que miles de personas fueran asesinadas, miles fueran torturadas, miles hayan sido exiliadas, miles hayan sido expulsados de sus trabajos por las ideas políticas que profesaban, constituye una deuda moral del Estado chileno con el país y el mundo el cual a través de ejemplares muestras de solidaridad has apoyado la demanda de la sociedad chilena.

En el mundo globalizado de hoy, las normas que forman parte del Derecho Internacional y que constituyen el consenso mundial para regular y castigar las violaciones a sus derechos esenciales que sufrieron y sufren los pueblos, constituyen obligaciones ético morales ineludibles y estas forman parte del Derecho Internacional Humanitario y las Normas Internacionales sobre Derechos Humanos, resolución 60-147 de las Naciones Unidas.

En este aspecto, la transición política pactada con los victimarios como lo demostramos anteriormente, hace materialmente imposible el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, en sus comienzos la Comisión Rettig establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, el objetivo estratégico de la iniciativa es contradecir la imagen de masividad del periodo represivo y acotar los ámbitos de acción del proceso judicial a los responsables ha solo cuatro mil quinientas victimas y no a los cientos de miles que sufrieron estas violaciones, con esto se ha conseguido dejar en la impunidad al alto mando civil y militar creadores del sistema de aniquilamiento y represión.

Una segunda iniciativa enmarcada en esta estrategia para eludir la acción internacional que obliga a Chile, fue promulgar una ley para reinsertar a la sociedad a miles de exiliados que produjo la etapa dictatorial, el objetivo no se cumplió porque nuevamente se viola normativa internacional sobre la materia hoy en el país, los que retornaron son parias económicos perseguidos por incumplir estas normas inhumanas. Pero aquí, con respecto a esta normativa queda de manifiesto el carácter perverso de la política que sobre derechos humanos aplica el Estado, a su sentido inútil, al daño que se le provoca a las personas que retornaron, se suma la defraudación de millones de dólares por parte de los responsables directos de aplicar estas leyes, delitos que están verificados por dos informes investigativos de la Cámara de Diputados en los años 1998 y 2000.

La tercera iniciativa de esta estrategia política, busca reparar y reinsertar socialmente a las personas que perdieron su trabajo por las ideas que profesaban, nuevamente se viola el Derecho Internacional sobre derechos económicos, sociales y reparación. Estas leyes violan además el derecho constitucional de los patrimonios previsionales de las victimas y es promulgada fundamentalmente para que el Estado eluda reiterados fallos de la Corte Suprema que lo condenan por estas exoneraciones arbitrarias. Estas leyes increíblemente, enajenan el patrimonio previsional de la victima para financiar una eventual reparación, el efecto de la norma es realmente precario solo el 40% del total de calificados alcanza a percibir una pensión y esta en un 90% es mínima. Leyes que no favorecen a las victimas, sino al Estado como en el caso de los retornados se actúa con vileza y perversidad, al instrumentalizar estas normas para obtener beneficios electorales cautivando durante años a cientos de miles de personas con la promesa de ser calificados como exonerados politicos por parte del Estado y sus agentes.

Una cuarta iniciativa es promulgada después de trece años de ejercicio del poder por parte de la coalición gobernante, y esto es solo posible por la presión internacional, el cuestionamiento que el país formulan organizaciones de Derechos Humanos y definitivamente con la instrumentalizacion electoral que se pretende perpetrar con la iniciativa. Ella busca reparar a las victimas de prisión política y tortura y al analizar u texto queda de manifiesto el objetivo de la misma: en primer lugar, consolidar por mandato de la ley la impunidad de los victimarios de tortura y prisión política; en segundo lugar declarar incompatibles los derechos a ser reparados cuando una persona a sido victima de otras violaciones; en tercer lugar, viola el principio de proporcionalidad entre el carácter del acto violatorio y la reparación, al fijar un solo tipo de reparación fijando a esta un monto irrisorio que alcanza los doscientos dólares mensuales, consecuentemente con el resto de la normativa antes descrita también en esta ocasión se viola flagrantemente el Derecho Internacional.

De todo lo anterior, debemos concluir que Chile ha sido desde su inicio como republica un Estado profundamente violador de los derechos de las personas en el ámbito de lo civil, político y económico. Los derechos del individuo, ciudadano de la Republica, son letra muerta cuando se anteponen a los intereses de minorías que ostentan el poder, que la institucionalidad que rige la convivencia social no surge del anhelo de las mayorías muy por el contrario, la historia demuestra que esta es y ha sido el reflejo de los intereses de minorías oligárquicas y neoligarquicas como ocurre hoy día. Que Chile no es un país democrático sino que vive una ficción democrática que frustra y aliena a la mayoría de los ciudadanos alejándolos de su rol democrático de constructores de su presente y su futuro.

La soberanía emana de la libertad personal y colectiva, y los derechos humanos constituyen la consagración jurídica universal de esa dignidad soberana, la constitución y las leyes en tanto expresan la voluntad soberana de la voluntad nacional, son legítimas. Si, y solo si la expresan, se puede afirmar que representan soberanía.

Referencias Bibliograficas:

  • “Manifiesto de Historiadores”, Gabriel Salazar y otros.
  • “Historia de Chile”, Luis Vitale.

Autor: Raúl Celpa L.